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Bonomi acusa a los jueces de afectar la política de seguridad

Al destinar efectivos a tareas de custodia reducen presencia de policías patrullando, señala el ministro del interior

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15 de junio de 2018 a las 05:00

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, volvió a cargar contra el Poder Judicial este jueves al criticar a los jueces que ordenan custodias policiales para proteger a víctimas de violencia doméstica, en lugar de encarcelar a los agresores, una tarea que ocupa a 500 efectivos en Montevideo y 100 en Canelones. "Con decisiones judiciales están determinando las políticas públicas y eso no corresponde. El juez no puede sacar policías de la calle cuando está planificado un sistema de patrullaje, vigilancia y acercamiento a la población", señaló Bonomi.

El ministro dijo que con estas decisiones se está afectando el normal funcionamiento de la Unidades de Respuesta de la Policía de Montevideo (URPM), que es la encargada enviar efectivos para dar respuestas a los llamados del 911, así como a los policías que integran el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), que tiene como objetivo realizar patrullaje en las áreas en las que se producen más delitos.

A los casos de violencia doméstica, se le suman las custodias fijadas para resguardar a testigos protegidos, así como para evitar que personas que cumplen prisión preventiva domiciliaria no se fuguen mientras llega la condena definitiva. Un caso como este ocurrió recientemente en Rivera, cuando el juez Gaspar Ardao dispuso la medida cautelar de prisión domiciliaria para un acusado de rapiña y ordenó que se monte una guardia de seis policías para garantizar su cumplimiento.

En el último tiempo hubo un incremento al número de efectivos dedicados a tareas de custodia. Sucede que en febrero había menos de 480 para todo el país, pero ahora, solo Montevideo y Canelones ocupan 600 policías.

Asimismo, Bonomi reiteró su crítica al juez de Atlántida Marcos Seijas, quien con su sentencia determinó la liberación de tres sospechosos de asesinar a Gustavo Darío Barón en la puerta de un kiosco de San Luis (Canelones) el 23 de noviembre de 2017. Según informó Búsqueda este jueves, fue enviado a prisión preventiva luego de que se lo vinculara con otro homicidio ocurrido el 7 de junio.

Si bien la fiscal del caso, Darviña Viera, había solicitado en su momento prisión preventiva para el hombre que ahora es investigado por dos homicidios, el juez resolvió liberarlo por entender que se debió haber presentado más pruebas. Por ejemplo, faltó que se realizaran pericias en la bala que estaba alojada en el cuerpo de la víctima lo que según el magistrado "habría servido para dar luz sobre cuestiones importantes que hacen a la muerte de Barón".

Sin embargo, para Bonomi, el "el juez podría haber procesado con los elementos que tenía", ya que había indicios, además del señalamiento de testigos, que indicaban que aquel hombre detenido era el culpable. "Creo que se equivocó (...) dejaron libre a un homicida y después de que lo dejaron libre siguió matando", opinó.

Esta es la segunda vez que Bonomi critica el fallo de Seijas. El martes 12, en declaraciones al programa La Tarde en Casa de Canal 10, el ministro dijo que "no es el tema del aumento de penas, es el tema de cómo se manejan las penas" y señaló que "todo San Luis sabe que son ellos (los presuntos homicidas) y están sueltos". El ministro agregó que "en lugar de soltarlo (al presunto homicida) él (el juez) puede ordenar que se haga (la pericia de la bala que no se realizó)".

"El juez dice: el fiscal tenía que haber hecho esto" y "él (el juez) también lo podía haber hecho, ¿por qué no lo hizo?", se preguntó Bonomi.

Estas declaraciones fueron respondidas por la Suprema Corte de Justicia, que a través de su sitio web publicó un comunicado titulado "Crítica errónea del Ministro del Interior revela carencias de conocimiento sobre nuevo sistema procesal penal". El texto señala que el juez no solicitó la prueba que faltaba porque hacerlo sería "ilegal" de acuerdo al sistema penal que inauguró el nuevo Código del Proceso.

Según el nuevo código vigente desde el pasado 1° de noviembre, el juez es imparcial, la Fiscalía investiga y acusa, mientras que el investigado se defiende. "Si se inclinara por uno de los contendientes", en este caso la fiscalía al ayudarla con la investigación, entonces el magistrado dejaría de ser imparcial.

"Si empezamos a discutir tecnicismos cuando no es tecnicismos lo que estamos discutiendo, sino que si esas personas debían o no haber ido presas –y creo que sí debían estar presas, ya que de hecho por no estarlo terminaron matando-, entonces, si seguimos así, las cosas no andan", respondió Bonomi este jueves.

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