"Yo tampoco estoy contento con que haya 1.300 personas menos privadas de libertad, porque hay menos" presos, remarcó este martes por la tarde en conferencia, al ratificar declaraciones que días atrás realizó el subsecretario de su cartera, Jorge Vázquez, cuando señaló que desde que se implementó el nuevo sistema penal –en noviembre de 2017– las rapiñas comenzaron a subir luego de dos años de un sostenido descenso, según sus estadísticas.
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Desde entonces, los fiscales dirigen las investigaciones penales y utilizan algunos institutos nuevos, como los pactos que pueden alcanzar con las defensas de los delincuentes, que dan penas menores o directamente suspenden los juicios.
En el primer caso –cuando tranzan condenas más bajas–, lo hacen en virtud de logar juicios abreviados: el delincuente confiesa los hechos y el proceso se resuelve en una sola audiencia.
En el segundo, el acuerdo consiste en resolver el conflicto entre ambas partes, siempre y cuando el delito en cuestión no sea de gravedad –rapiñas u homicidios–. Se trata de la suspensión condicional del proceso, en que el imputado ofrece disculpas, resarce a la víctima o devuelve lo robado, si ese es el caso.
Pero, en su crítica, Bonomi también se refirió a la posibilidad que tienen los fiscales de no solicitar prisión preventiva en todos los casos, por lo que algunos acusados aguardan el desenlace de su juicio bajo régimen de prisión domiciliaria. "No están presos los que deberían estar presos, y no porque están libres los que deberían estar", dijo, según recogió Subrayado.
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Bonomi afirmó: "Hoy, por defecto del sistema, con el cambio del nuevo Código del Proceso Penal, pero no por culpa del Código, hay quienes deberían estar privados de libertad y no lo están, pero no porque hayan salido los que se han rehabilitado".
Según los números manejados públicamente por Jorge Vázquez, la mitad de esos 1.300 que están libres son reincidentes y cometen delitos mientras esperan ser convocados por la Justicia.
Para atender esa irregularidad, el Parlamento tiene a estudio un proyecto con algunas modificaciones al nuevo proceso penal, y la Comisión de Constitución y Legislación del Senado ya aprobó este martes que pase a ser obligatorio que los fiscales pidan al juez prisión preventiva en casos de reiterantes que cometieron delitos gravísimos
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