Pese a la resistencia del empresariado y su intento de judicializar la norma, el presidente de Chile, Gabriel Boric, promulgó una nueva ley sobre delitos económicos y atentados al medio ambiente, iniciativa con la que el gobierno procura “sancionar de mejor manera delitos que tanto daño han causado en la sociedad”, según expresó el mandatario.
“Hoy es un día significativo: promulgamos la Ley sobre Delitos Económicos y Medio Ambientales. Con esta ley, impulsamos un Chile más justo y confiable para todas y todos, entregando sanciones a quienes se las merecen”, escribió Boric en la red social Twitter.
El nuevo marco legal, que intentó ser impugnado bajo el argumento de ser inconstitucional por un importante sector del empresariado contempla un tratamiento diferencial que agrava las penas en comparación con los delitos penales considerados comunes bajo el argumento que los primeros conllevan daños sociales mucho más importantes que los segundos.
"Por muchos años la ciudadanía ha visto con impotencia cómo los llamados delitos de cuello y corbata suelen recibir castigos menores que otros delitos, aun cuando involucran grandes sumas de dinero", afirmó el mandatario en referencia sonados casos que incluyeron el financiamiento ilegal de la política y hechos de colusión para fijar precios de artículos primera necesidad.
Boric, luego de la promulgación de la ley y en el marco de un acto en el Palacio de La Moneda, la sede del Ejecutivo, afirmó que hay “una percepción en la ciudadanía de que, a veces, pareciera existir dos justicias, una para ricos y una para pobres”. “Tenemos todos el deber de trabajar para que esa percepción no se asiente y para que no sea real", agregó el mandatario.
El nuevo marco legal contempla, además de las penas propias que le pudieran corresponder a una empresa en su calidad de persona jurídica, multas a sus directivos y dueños de hasta un máximo teórico de US$ 23,4 millones, monto que se calcula en función del ingreso promedio diario de condenado.
“La ley permitirá combatir la impunidad económica, prevenir la comisión de delitos de cuello y corbata, crear los delitos ambientales para proteger el ecosistema e instaura un sistema especial de penas, inhabilidades especiales y multas para la criminalidad económica. Un gran avance para las familias, la probidad y el medio ambiente”, dijo la secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo.
(Con información de agencias)
