El canciller Francisco Bustillo

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Bustillo usó el auto oficial para ir a Punta del Este en verano en más de 20 ocasiones por motivos personales

Todos los traslados implicaron el cobro de un viático para su chofer y fueron justificados como “reuniones de trabajo” o encuentros con autoridades
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10 de marzo de 2022 a las 05:00

Desde que asumió, el canciller Francisco Bustillo usó el auto oficial del ministerio para trasladarse a Punta del Este en al menos 22 ocasiones sin que existiera en la mayoría de los casos un motivo funcional para ello, según reconstruyó El Observador en base a documentos públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. El traslado del ministro al balneario esteño sucedió siempre en los meses de verano e implicó el pago de viáticos para su chofer por concepto de alimentación y pernocte, por una cifra en el entorno de los $ 6.000 por cada viaje.

El grueso de esos más de 20 viajes ocurrió entre el 29 de diciembre de 2020 y el 15 de marzo de 2021 (17 veces), mientras que en diciembre de 2021 sucedió en dos ocasiones –de las pocas en las que sí tuvo una actividad pública vinculada a su tarea– y otras tres entre enero y febrero de 2022. En el 50% de los casos el viaje se realizó al inicio o en la mitad de semana: un lunes, un martes o el miércoles.

Fuentes del gobierno dijeron a El Observador que durante enero y febrero de 2021, el ministro estuvo viviendo circunstancialmente en Punta del Este junto a su familia y esa es la razón por la que se trasladaba con frecuencia a ese destino. Sin embargo, el motivo oficial que figuró en cada uno de los viajes para justificar el uso del auto, con el consiguiente gasto de combustible y la erogación de un viático para el chofer, fue la realización de “reuniones de trabajo” o “reuniones con autoridades”.

Las únicas tres ocasiones que se hicieron públicas en las que Bustillo debió estar en Punta del Este por una actividad de gobierno fue el 17 de febrero de 2021, cuando el presidente Luis Lacalle Pou recibió a su par paraguayo, Mario Abdo Benítez, en la residencia que da a la avenida Roosevelt, y el 28 y 31 de diciembre de 2021 cuando acompañó al mandatario a la inauguración de dos proyectos inmobiliarios.

El Observador contactó en la tarde de este miércoles a la oficina de Bustillo para saber si tenían comentarios al respecto. Hasta la medianoche la Cancillería no había enviado ninguna respuesta.   

La discusión normativa

La ley 19.823 (Declaración de interés general del código de ética en la función pública) regula la prohibición de uso indebido de bienes públicos. En su artículo 37 detalla que “los funcionarios públicos deberán utilizar los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al organismo público en que revistan o asignados a su uso o consumo exclusivamente para el funcionamiento de los servicios a su cargo”.

La norma establece que “está prohibido el uso de locomoción, combustible, repuestos y servicios de reparaciones de cargo de toda fuente de fondos públicos, por parte de cualquier funcionario público, fuera de lo estrictamente necesario para el cumplimiento de sus tareas”. Y señala que “en ningún caso el ejercicio de una función pública podrá implicar la libre disponibilidad de un vehículo perteneciente a cualquier organismo o afectado a su uso, fuera de los requerimientos del servicio en sentido estricto, salvo las excepciones legales y reglamentarias”.

Finalmente la ley afirma que “los vehículos pertenecientes al organismo público o asignados a su uso deberán ser guiados por personal con licencia habilitante y no podrán ser aplicados para usos de índole particular, salvo los casos excepcionales debidamente justificados por la autoridad competente”.

Los ministros y otros jerarcas que usan autos oficiales suelen contar con la posibilidad de que los pasen a buscar al inicio de la jornada de trabajo y los lleven de nuevo a su casa al terminar el día. Sin embargo, no hay ninguna normativa general que establezca el uso de autos oficiales para jerarcas que viven (permanente o temporalmente) fuera del departamento en el que trabajan. Al no haber una prohibición explícita, sino una norma con un componente de ambigüedad, queda el espacio para las interpretaciones.

Algunos organismos tienen reglamentaciones propias al respecto, pero generalmente suele quedar a criterio del jerarca si corresponde o no el uso de los recursos públicos en cada caso. Por ejemplo, los diputados que representan a departamentos del interior y deben viajar a Montevideo para la actividad parlamentaria no cuentan con partidas especiales para traslado y vivienda.

Política de contención del gasto

El gasto de traslado del ministro choca con la política de reducción de costos que ha instaurado en su gestión -siguiendo el mandato presidencial- con acciones concretas como el cierre de embajadas (Polonia, Nicaragua y Angola) y consulados, una reducción sustantiva de los gastos de “etiqueta” para las misiones en el exterior, la imposibilidad de cambiar la flota vehicular para las embajadas y el cambio de categoría de los destinos diplomáticos -con la consiguiente readecuación presupuestal- según el cual ir a Moscú o Seúl pasó a ser lo mismo que ir a Buenos Aires, Madrid, Londres o París (destinos “A”); o ir a Hanoi, San Salvador, El Cairo, Yakarta o Riad pasó a ser lo mismo que ir a cualquier consulado uruguayo de Brasil o Argentina (destinos “B”). 

Estas medidas han generado un ahorro importante para la cancillería, aunque han provocado a su vez el enojo de varios funcionarios de carrera que entienden que algunas de las medidas no solo afectaron su trabajo sino que además generaron inequidades en el sistema de destinos, además de desalentar en los escalafones más bajos la ida a los llamados “destinos difíciles”.

En marzo de 2021, Bustillo dejó sin efecto el gasto de $33.000 por un almuerzo de 11 personas que mantuvo en la cancillería durante una instancia de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas. Luego de que se hiciera público el asunto, Bustillo señaló que se trataba de un “error” y que asumiría el costo del almuerzo.

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