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Buzón de reclamos: empresarios y organizaciones inundan la campaña con propuestas
Aun en tiempos de campaña, los candidatos y sus equipos no tienen el monopolio de las propuestas programáticas. Organizaciones sociales, ONGs, sindicatos, think tanks y cámaras empresariales también hacen su juego y buscan su espacio en el fragor electoral para hacer sus reclamos o sugerencias a quienes compiten por calzarse la banda presidencial el 1° de marzo de 2020.
Mientras que los planteos de los empresarios encuentran mayor eco en los programas de la oposición –con propuestas como la disminución del gasto público, la reducción del número de funcionarios públicos, la liberalización de la importación de combustibles y la derogación del decreto que regula las ocupaciones–, en el oficialismo son más receptivos a las consignas de las organizaciones como sindicatos y movimientos feministas.
Propuestas empresariales
Los empresarios se han hecho escuchar de todas las formas posibles en los primeros meses de campaña. En el sector privado entienden que los problemas de "competitividad" ponen en jaque a la economía uruguaya y por eso han instado a los precandidatos de todos los partidos a atender sus propuestas para reactivar el "deteriorado" mercado local.
En esos términos se expresaron las autoridades de la Federación Rural este sábado, durante su Congreso en Paso de los Toros, y así lo volvió a plantear este lunes la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), que presentó un documento con decenas de propuestas a implementarse en el próximo gobierno. La larga lista de reclamos incluyó la "destitución automática" de los directores de empresas públicas en caso de "incumplimiento" de las metas de gestión, la creación de un sistema de seguro de paro para "empleados excedentarios", la implementación de las propuestas de Eduy21, la derogación de la ley de medios y la aprobación de una ley de regulación de aplicaciones móviles.
Con los precandidatos Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga y Edgardo Novick escuchando en primera fila, el presidente de la confederación Gerardo García Pintos leyó las principales propuestas, en su mayoría coincidentes con los planteos de la oposición. Por ejemplo, se propuso el diseño e implementación de una regla fiscal que "reduzca la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas", el abatimiento del déficit fiscal por el lado del gasto ("sin aumentar la presión fiscal a las familias y empresas"), la "reducción del atraso cambiario, recomponiendo la flexibilidad cambiaria", así como una reforma del sistema de seguridad social, que suponga "adecuar las edades mínimas de retiro y tasas de reemplazo, evaluar la forma en que se computan los servicios y rever los controles para acceder a la jubilación por discapacidad".
También en línea con los partidos de la oposición, la Confederación de Cámaras Empresariales llamó a una "reducción de la plantilla de empleados públicos y de quienes mantienen otro tipo de vínculos laborales con el Estado, instrumentando esquemas de incentivos para el pasaje de los mismos al sector privado". En ese sentido, los empresarios piden que no se repongan las vacantes en la gestión pública "al menos por el próximo período de gobierno", exceptuando las generadas en educación, salud y seguridad.
Otro aspecto central de la propuesta de los empresarios refiere a las empresas públicas y sus subsidiarias. La CCE entiende que las tarifas actuales "sacan de competencia" a los privados y que deben fijarse "en función de los precios de paridad de importación". Por ello insisten en la necesidad de "eliminar el monopolio de venta de combustible" y de "modificar la estructura de ese mercado".
En materia de relaciones laborales, los empresarios piden derogar el decreto 165/07, que regula las ocupaciones de los lugares de trabajo, y reclaman "propender a una negociación colectiva que atienda la dinámica sectorial", con una "revisión de los grupos y subgrupos de los Consejos de Salarios", atendiendo la "heterogeneidad" de empresas.
La lista de sugerencias va en línea con los planteos del movimiento Un Solo Uruguay, que en su acto de enero propuso 12 medidas concretas para bajar el déficit. Los autoconvocados sugirieron en ese entonces realizar un presupuesto quinquenal sin aumento de gasto, reducir los cargos políticos de los directorios de empresas públicas, impedir por cinco años el ingreso a la función pública –exceptuando las áreas prioritarias–, disminuir a la mitad la flota de vehículos oficiales, y liberar la importación de combustibles, entre otras.
La proclama de Un Solo Uruguay incluyó también propuestas para mejorar la seguridad, como fortalecer la policía de cercanía en zonas urbanas y rurales, otorgar mayores garantías a las fuerzas del orden asegurándoles la presunción de inocencia, y racionalizar el uso de las penas alternativas.
PIT-CNT también se prepara
Del otro lado del espectro ideológico, el PIT-CNT también ultima los detalles de su plataforma programática y prevé presentarla a los candidatos que ganen las elecciones internas.
La central obrera pone el acento de sus propuestas en la creación de fuentes de trabajo a través de una mayor inversión estatal y subsidios a los sectores con mayores dificultades.
Mientras que las cámaras empresariales insisten en el control de las empresas públicas y un recorte a algunos de sus negocios, el PIT-CNT cree necesario otorgarles un mayor protagonismo en la conducción de la economía. “Es fundamental contar con empresas públicas potentes y para eso es necesario invertir en ellas, como por ejemplo dando continuidad a aquellos proyectos que se han enlentecido o cerrado (como el caso de la planta de cemento y el desarrollo de la fibra óptica)”, señala un documento borrador de la central sindical al que accedió El Observador.
En ese documento, los trabajadores proponen también “revisar el sistema impositivo de las empresas públicas, en particular el tratamiento diferencial que se les asigna frente a las empresas del sector privado, tanto en lo referido al pago de impuestos como a las exoneraciones”. Asimismo, llaman a analizar los subsidios implícitos en los servicios que brindan esas empresas, “de modo de priorizar el acceso de los sectores de menor poder adquisitivo”. Por ejemplo, se plantea apaciguar el IVA en gasoil y electricidad para los primeros tramos de consumo, como un “mecanismo de reducción de tarifas para los hogares de menores ingresos y hacia las empresas de menor porte”.
Otros reclamos incluyen el “aumento sustantivo” de la participación de empresas locales en las compras del estado –en particular aquellas con mayor impacto en el empleo local, al igual que las empresas las autogestionarias y cooperativas–, y también el incremento del salario mínimo nacional a valores de “media línea de pobreza”.
Todo ello deberá complementarse, según los trabajadores, con una “profundización” de la “progresividad” del sistema impositivo y una revisión de la renuncia fiscal por “exoneraciones al capital”. El documento del PIT-CNT plantea la posibilidad de “incrementar las tasas marginales del IRPF categoría 2”, que a juicio de la central agrupa a “asalariados con ingresos muy elevados”.
Educación, seguridad y género
Si bien la economía es la vedette en el buzón de sugerencias, otros temas de preocupación como la educación, la seguridad o los asuntos de género también son parte de la agenda.
En educación, quien lleva las riendas es la organización Eduy21, que lanzó hace dos meses una convocatoria a todos los partidos para que adhieran a su iniciativa de alcanzar un acuerdo educativo nacional.
La fundación, que nuclea a técnicos de diferentes orientaciones políticas, ya había presentado tiempo atrás –en marzo de 2018– sus propuestas, que incluyen cambios a la gobernanza de la educación, la formación docente, la asignación de recursos y horas docentes, la ampliación de los centros de tiempo extendido, la creación de una educación integral desde los 4 a los 14 años, así como dotar de mayor autonomía a los centros educativos. En junio presentará un análisis más pormenorizado de la forma en la que las propuestas pueden ser llevadas a cabo y, sobre todo, los recursos que ello implicaría.
Por su parte, en seguridad –hoy día el principal motivo de preocupación de los uruguayos– los protagonistas también quieren ser escuchados. Es así que el Sindicato de Funcionarios Policiales (Sifpom) está llevando a cabo una ronda de reuniones con los presidenciables para presentarles sus reivindicaciones, que incluyen un proyecto de "legítima defensa policial" redactado por el propio gremio. Los policías reclaman legalizar la práctica 223 –que les permitiría ejercer la seguridad privada–, mejorar los salarios y el acceso a la vivienda, aumentar la atención psicológica a los trabajadores, y llevar adelante políticas de apoyo a los funcionarios que quedan con discapacidad producto de su tarea.
Otro tema que fue centro de reclamos tiene que ver con las cuestiones de género. El pasado 4 de marzo, como antesala a la marcha por el Día de la Mujer, la Intersocial Feminista envió una carta a todos los candidatos con tres demandas para un próximo gobierno. En concreto, la organización reclamó “no retroceder en las leyes aprobadas que reconocen una nueva generación de derechos humanos”, "proveer de forma urgente los recursos necesarios para dar cumplimiento a la ley integral contra la violencia basada en género”, y "promover una ley de paridad que se aplique a todos los cargos electivos del país".
