El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, presentará este miércoles un proyecto de ley para endurecer las penas para el porte de armas de fuego sin autorización, según el texto al que accedió El Observador.
La iniciativa coincide con las intenciones manifestadas por el fiscal de Corte, Juan Gómez, quien dijo en una entrevista con El Observador que "sería un buen mensaje que todo aquel que porte un arma sin tener la autorización y sin tener el contralor del Estado sea penado de una forma más radical".
El proyecto de ley firmado por la bancada cabildante propone llevar la pena a 12 meses de mínima y 72 meses de máxima de prisión por portar armas de fuego sin autorización. El artículo 152 del Código Penal establece hoy por ese concepto una condena de tres a 18 meses de prisión. El proyecto de ley cuadruplica la sanción actual prevista en la ley.
"El aumento de delitos cometidos con armas de fuego es un serio problema que se ha incrementado y que muchas veces no sabemos el origen de dichas armas de fuego cómo llegan a portarlas, preguntamos de dónde proviene la gran cantidad de armas de fuego debido a las posibilidades de tráfico, robos de armas, ventas clandestinas, modificaciones a las armas y demás", indica Perrone en la exposición de motivos.
"Muchas de estas armas circulan en un mercado de manera irregular entre los distintos modos delictivos, la delincuencia aprovecha estas situaciones. Existe una ausencia de normativa en cuanto a la situación referida a porte de armas en lugares públicos sin la debida reglamentación", afirma el diputado cabildante.
"Con esta medida de multiplicar las penas se pretende promover el porte responsable acorde a la normativa vigente, regulando las acciones que protejan la seguridad de todos los ciudadanos", concluye.
El fiscal de Corte había afirmado al respecto: "Vemos que la mayoría de los homicidios son producto de armas que están en poder de delincuentes. No tienen, obviamente, ningún respaldo administrativo para esa tenencia y posesión de armas. Las utilizan cegando vidas, vidas de trabajadores, como en este caso, y otras vidas de personas que están vinculadas al tema de delitos, pero son vidas también".
Gómez había declarado que pretende para eso "una pena de penitenciaría y que los fiscales tengan la obligación de solicitar efectivamente que se cumpla". "Que no admita salidas que no sean una prisión. La gran mayoría son armas robadas. Además de eso, que ya es un delito, van y dan muerte a una persona", había lamentado.
