Economía y Empresas > Memoria 2020

Caen los reportes por lavado de activos;  “reforzarán” supervisión sobre intermediarios de valores

En 2020 el total de operaciones sospechosas cayó 13%; las autoridades advierten “tendencia preocupante” en reporte de escribanos

Edificio central del BCU.

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29 de marzo de 2021 a las 15:59

Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos totalizaron 694 en 2020, y tuvieron un descenso de 13% respecto a lo registrado en 2019. El año pasado siguieron predominando los reportes del sector financiero, y cayeron fuertemente los del sector no financiero, según la memoria anual de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central

Dentro de la primera categoría, hubo 626 reportes  y la variación interanual fue nula. Entre los sujetos obligados, los bancos por amplia mayoría, junto con las empresas de transferencias de fondos, y las empresas de servicios financieros y casas de cambio siguen siendo las instituciones que han presentado la cantidad mayor de reportes en el último quinquenio. Eso se repitió en 2020.

Sin embargo, para el caso de los intermediarios de valores, el reporte destaca que históricamente han representado un escaso porcentaje del total de ROS presentado por el sector financiero. Para la UIAF eso “no condice con el perfil de riesgo en materia de lavado de activos que representan en promedio estas entidades en función de sus clientes y operaciones”. En 2020 hubo apenas 9 reportes, según la UIAF.

“Si bien las actividades de supervisión de la UIAF y la Superintendencia de Servicios Financieros han hecho foco en esa debilidad, el escaso número de reportes presentados por este tipo de entidad es un indicador que deberá reforzar la estrategia de supervisión”, en 2021, dice la memoria.

Por otro lado,  los reportes presentados por los sujetos obligados del sector no financiero fueron 68 con un descenso interanual de 54%. Tras alcanzar un máximo de 263 en 2018,  han ido disminuyendo de forma significativa en los últimos dos años.

El documento de la UIAF señala que 2020 fue un año muy particular dominado por las consecuencias de la pandemia en todas las actividades. Esto podría explicar el descenso en la cantidad de reportes para actividades como las de los casinos que cerraron varios meses. En el último ejercicio fueron apenas 27 reportes, casi la mitad que en 2019 y apenas la tercera parte de lo reportado en 2018.

“Sin embargo no parece razonable pensar que la pandemia explique por sí sola esta caída registrada para todos los sujetos obligados del sector no financiero”, dice la UIAF.  A modo de ejemplo, indica que la actividad inmobiliaria se mantuvo en los mismos niveles que en 2019. Sin embargo, el número de reportes recibidos de escribanos se redujo casi 60% en la comparación interanual con apenas 14 ROS. “Para revertir esta preocupante tendencia será necesario abordar el tema en forma conjunta con la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Terrorismo (Senaclaft) y los sujetos obligados”, sostiene la memoria de la UIAF.

Justicia penal

El año pasado la UIAF puso 12 casos en conocimiento de la justicia penal a efectos de que se continuaran las investigaciones en ese ámbito tras haberse detectado la existencia de indicios de posibles vínculos con actividades delictivas. Estos casos contenían la información proporcionada en 43 reportes de operaciones sospechosas presentados por parte de los sujetos obligados o en investigaciones iniciadas de oficio.

Si se considera el período entre 2016  y 2020, los casos cuya información fue puesta en conocimiento de la justicia penal fueron 41. En 16  de ellos se dispuso la inmovilización previa de los fondos involucrados por un total de U$S 5,7 millones.

Entrada y salida de efectivo

En 2020, las declaraciones de entrada de efectivo por frontera recibidas por el BCU ascendieron a US$ 1.126 millones. En tanto, las salidas de efectivo declaradas ascendieron a un monto total de US$ 345 millones.

La DNA detectó incumplimientos en seis casos, en los que no se declaró el transporte de dinero o valores a través de la frontera, por unos US$ 380.000.

En estos casos la UIAF investiga el origen de los fondos retenidos para determinar la posible existencia de vinculaciones con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y luego informa a la Justicia los resultados. Además el Ministerio de Economía tiene la potestad de aplicar sanciones. Hasta la fecha han sido multas que oscilaron entre 30% y 100% del monto no declarado, según dice el informe.

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