Caja militar: retirados apoyan la cruzada de Darío Pérez contra la reforma y le pasan letra

La negativa del diputado Darío Pérez, de Liga Federal, al proyecto aprobado en la Cámara Alta generó una luz de esperanza en filas castrenses, que desde hace tiempo venían despotricando contra una iniciativa que consideran extremadamente injusta. Aunque los militares no concuerdan con el diputado "rebelde" en su distinción entre "la tropa" –los soldados de menor rango– y los oficiales y coroneles, al menos reconocen que Pérez puso arriba de la mesa la visión de los uniformados.

Según supo El Observador, el diputado por Maldonado ha estado en permanente contacto con militares retirados que en los últimos días le manifestaron su apoyo a la cruzada que mantiene en la interna frenteamplista, en procura de cambios al polémico proyecto.

A raíz de las repercusiones de su último acto de rebeldía, un grupo de retirados militares le acercó a Pérez un cálculo estimativo de cuánto costaría su propuesta a Rentas Generales –por concepto de “no ahorro”– en comparación con el proyecto aprobado por el Senado. 

Según el documento, al que accedió El Observador, los cambios planteados por Pérez supondrían un costo promedio anual de US$ 20,2 millones entre los años 2029 y 2053 (período en el que, según la simulación, se constata un impacto económico).

De acuerdo a los cálculos de los retirados militares, en 2029 (a los primeros 10 años de aprobada la reforma) el impacto de las modificaciones planteadas sería de US$ 1,9 millones, llegando a un máximo de US$ 30,9 millones en 2042. 

En Liga Federal entienden que los números muestran que el costo de la propuesta alternativa es “leve” en comparación al total del déficit de la caja militar, pero que su impacto en las retribuciones a los militares es “considerable”, según dijeron a El Observador dirigentes de la agrupación.  Sin embargo, en el resto del Frente Amplio consideran inadmisible el paquete de cambios sugerido por los rebeldes. 

Negociaciones

La postura de Pérez, y su resistencia a ceder en algunas de sus exigencias, obligó al Frente Amplio (FA) a ampliar su mirada por fuera de sus propias filas y comenzar contactos informales con otros sectores para intentar abrochar una solución. 

El intenso ritmo de llamados, mensajes y reuniones está signado además por el rigor del calendario. El 30 de octubre es la fecha límite que tiene el Parlamento para aprobar cambios al Sistema de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de una reforma previsional que no puede votarse próximo a las elecciones nacionales.  

Para destrabar la situación, el Frente Amplio definió recurrir a dos estrategias paralelas. Por un lado, el oficialismo no renuncia a “acordar” con Darío Pérez una fórmula común que contemple algunos de los reclamos de la Liga Federal, pero que no ponga "patas para arriba" el proyecto original –como entienden que sucedería si se toman en cuenta todas las modificaciones–. Por otra parte, la coalición de gobierno abrió una línea de negociación con el resto de la oposición, y en ese sentido, los primeros contactos informales en procura de acercamientos se realizaron con el diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular (UP), y con el diputado Iván Posada, del Partido Independiente (PI).

Las concesiones a Darío

En sus contactos con Darío Pérez, los representantes de la bancada del FA se mostraron dispuestos a “revisar” ciertos artículos del texto, contemplando algunas sugerencias de Liga Federal. En concreto, en las últimas horas se dio el visto bueno a la propuesta de dejar por fuera de la reforma a los militares que hayan ingresado con más de 26 años, así como salvaguardar el acceso a la sanidad militar.

Sin embargo, por el momento no hay espacio en el oficialismo para aceptar las exigencias de Pérez respecto a una reducción de los años de servicio exigidos para quedar por fuera de la reforma. Mientras que el proyecto aprobado en la Cámara Alta estipula que quedarán comprendidos por la reforma aquellos militares que tuvieran menos de 15 años de servicio, Liga Federal reclamó reducir la vara a 10 años en general y a 5 años para los soldados de menor rango. 

El senador comunista Juan Castillo, coordinador de la bicameral del Frente Amplio que analiza el asunto, dijo que ello implicaría “hacer caer” el paquete consensuado luego de meses de trabajo en la bancada, en el que “todos los sectores fueron reduciendo sus aspiraciones”. 

Las posturas en la oposición

En Unidad Popular, uno de los sectores a los que apunta el FA en sus negociaciones, la postura no es muy alejada de la de Darío Pérez. “En lo de los años de transición y la protección de la tropa estamos de acuerdo”, dijo a El Observador el diputado Eduardo Rubio, quien remarcó que “hay disposición a conversar”, pero que su agrupación no votaría el texto “sin modificaciones”. 

En el Partido Independiente, el otro sector en el que el oficialismo deposita sus esperanzas de encontrar un acercamiento, la postura innegociable es que el proyecto se discuta “simultáneamente” con la reforma orgánica militar, que ya fue enviada al Parlamento. 

Esa postura, coincidente con lo expresado durante un tiempo por el MPP y el expresidente José Mujica, parte de la base de que “cualquier decisión sobre la dimensión de las Fuerzas Armadas afecta el resultado del sistema de retiros”, según declaró a El Observador el diputado Iván Posada.

Posada señaló que actualmente existe “un sobredimensionamiento de la oficialidad”, y dijo que la propuesta de reforma orgánica del gobierno es insuficiente. Fuentes del Frente Amplio señalaron que una línea de negociación puede ser atar el respaldo del Partido Independiente a determinadas concesiones en la discusión de la reforma de las Fuerzas Armadas. 

Por último, en el FA también buscarán contactarse con el diputado Fernando Amado, recientemente desvinculado del Partido Colorado. Según supo El Observador, en contactos informales con legisladores oficialistas, Amado dejó abierta la posibilidad de una negociación.