La decisión depende del gobierno, que priorizará su política de diálogo con el país vecino
El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Washington Burghi, comentó ayer a El Observador “que en algún momento hay que decir basta” y anunció que plantearán al gobierno que denuncie a Argentina ante el Tribunal del Mercosur y la Organización Mundial del Comercio (OMC).
“El Mercosur se volvió anárquico, cada uno hace lo que quiera y así no se puede seguir”. Para Burghi, “Uruguay debe recorrer todos los caminos legales, ir a los tribunales que corresponda y responder así por los empresarios de hoy y los inversores que estén pensando en venir”, afirmó.
Estrategia
Sin embargo, esa postura que fue cobrando adeptos en las distintas cámaras empresariales se dará de frente a la estrategia oficial que, a toda costa, continuará prorizando el diálogo con la administración de Cristina Fernández, adonde se dirigen poco más de
US$ 500 millones al año en exportaciones de bienes, según datos del Instituto Uruguay XXI.
Una denuncia ante el Mercosur o la OMC deberá plantearla el Poder Ejecutivo y ese camino no figura como posible, según consultas de El Observador.
Las medidas que tomó Argentina, como imponer licencias no automáticas para la importación, no violentan las normas de la OMC por ser generales, es decir para todos los países, y no dirigidas a una nación en particular, lo que sería discriminatorio.
Para los empresarios lo que se está violando es el Tratado del Mercosur, que estableció un sistema de libre tránsito.
El vicepresidente de la República, Danilo Astori, señaló ayer a El Observador que el gobierno “seguirá con la misma estrategia”.
“Argentina ha adoptado un modelo y un enfoque de política económica que por el momento no va a abandonar y entonces hay que partir de la base de que todo el trabajo de negociación que se ha venido desarrollando en los espacios especialmente diseñados va a tener que continuar enfrentando este tipo de obstáculos”, afirmó.
Para Astori, la relación entre los gobiernos se construyó “con mucha paciencia” y dijo que negociar en un ambiente de tensión y tirantez o de mala relación, llevará a un resultado mucho peor. “Hay que tener mucha paciencia”, insistió el vicepresidente.
El Poder Ejecutivo ya había anunciado que mantendrá su política de diálogo con sus socios de la región. En un encuentro con la prensa el 16 de enero, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, dejó en claro que se continuará con el actual esquema institucional que permite un “diálogo permanente” con Argentina. También alertó que “no pondrá en riesgo” exportaciones por más de US$ 500 millones porque haya US$ 5 millones trancados.
Para los industriales uruguayos lo “crucial” son los mercados y fundamentalmente los más cercanos. El titular de la CIU recordó que el ingreso al Mercosur le costó a la sociedad la pérdida de 12.000 unidades productivas, por lo que ahora “exigen” que se cumpla lo prometido, que era el ingreso a los mercados de Argentina y Brasil donde viven unos 250 millones de personas, comentó Burghi.
El gobierno, además de priorizar a la región –Brasil es el primer socio comercial y Argentina pasó en 2011 al cuarto puesto detrás de China y la Zona Franca de Nueva Palmira–, proyecta vincularse más con países de extra zona para diversificar mercados y disminuir riesgos. Por ello, se planifican para este año una serie de misiones a Africa y Asia, además de reforzar el vínculo con EEUU, que Almagro considera “absolutamente prioritario”.
Frenos
En los Ministerios de Economía e Industria generó desconcierto la última medida de Argentina que desde abril exigirá una declaración jurada anticipada a las empresas que contraten servicios fuera de su país por montos superiores a los US$ 100 mil anuales, o con pagos mensuales superiores a US$ 10 mil.
En la nueva decisión quedarán comprendidos, entre otros, los servicios de información e informática; patentes y marcas; regalías, derechos de autor; primas por préstamos de jugadores de fútbol; servicios empresariales, profesionales y técnicos; servicios personales, culturales y recreativos; compra de activos no financieros; pagos por garantías comerciales por exportaciones de bienes y servicios; derechos de explotación de películas; videos y audios extranjeros; y otras rentas pagadas al exterior.
Esa medida se sumó a las licencias no automáticas de importación; a la obligación de las empresas de presentar declaraciones anticipadas para comprar en el exterior; y a los trámites que deben hacerse ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para obtener dólares.