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Caram declaró en fiscalía que lo denunciaron por un conflicto personal
El fiscal de Artigas Raúl Iglesias citó días atrás como indagado al exintendente de ese departamento, Pablo Caram, en el marco de la investigación en torno a presuntas irregularidades cometidas en la comuna al adjudicar obras públicas por US$ 3,8 millones a tres empresas vinculadas a dos funcionarios municipales y al propio exjerarca.
Caram fue citado el 23 de abril, y en esa oportunidad, además de defender su inocencia, el dirigente del Partido Nacional sostuvo ante Iglesias que era víctima de un conflicto de índole personal con el denunciante, el edil colorado Francisco Bandera, según informaron a El Observador fuentes de la Fiscalía.
"Dijo que firmó todos los pliegos de la citación y en todo lo que requiriera su intervención en base a lo que le aconsejaban sus asesores, porque él confiaba 'ciegamente' en su trabajo'", señalaron las fuentes.
Agregaron que hasta el momento, Iglesias no encontró "elementos" o indicios de que el exjefe comunal hubiera cometido algún delito. "Puede haber cometido errores de omisión" o faltas administrativas, señalaron.
El lunes 2 de marzo, el segundo día de gobierno del presidente nacionalista Luis Lacalle Pou, Caram se mostró confiado sobre su situación en el proceso judicial.
"Entro por una puerta y salgo por la otra", declaró al ser consultado sobre esta denuncia.
La investigación de Iglesias comenzó a mediados de enero, luego de que la Junta de Transparencia y Ética Pública emitiera un informe crítico sobre las licitaciones millonarias realizadas en los últimos años. El dictamen de la Jutep concluyó que tanto Caram como los otros dos funcionarios violaron los principios de probidad, legalidad y transparencia, ya que tanto el entonces intendente como su asesor, Emiliano Soravilla, y un contador del área de Proyectos, Omar Bicera, estaban relacionadas a las compañías contratadas.
Las tres empresas en cuestión son Pedrera del Norte SRL, Prenorte SRL. y la unipersonal Jiménez Felice Rodrigo. Entre junio de 2017 y enero de 2020, a Pedrera del Norte SRL se le adjudicó obras por un total de $ 18.030.477, a Prenorte SRL. por $ 8.015.283 y a Jiménez Felice Rodrigo por $ 120.150.995.
La Jutep, que recibió la denuncia de Bandera en octubre de 2018, comenzó indagando la relación entre el contador Omar Bicera con Pedrera del Norte SRL. Los dueños de esa empresa son Martín Bicera y Rodrigo Jiménez. Este último, sin embargo, también es dueño de Prenorte SRL y Jiménez Felice Rodrigo, según la conclusión de la Jutep.
Soravilla, por su parte, figura en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) como apoderado de dos de las empresas investigadas: Prenorte SRL y Jiménez Felice Rodrigo.
Consultado por El Observador en su momento, el asesor de Caram aseguró que a su entender había una "intencionalidad política" detrás del primer informe de la Jutep.
En esa oportunidad, Soravilla también explicó que había sido apoderado de forma "muy específica" en 2012 de esas empresas, pues se desempeñaba como gestor –todavía no era escribano– y lo contrataron para inscribir a estas empresas en el SIIF. "Nunca tuve contacto directo con la empresa, simplemente hice la gestión para que después pudiera funcionar", afirmó.
"Después no hubo ningún documento, ni cheque, ni nada que haya usado en poder de la empresa. Es más, el poder que se me confirió era exclusivamente para ese acto, no podía hacer otro tipo de gestión", agregó.
