El presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, reconoció a El Observador que a la carrera judicial le falta previsibilidad. Encontrarse de forma imprevista con un traslado en la mitad del camino, que a veces se siente como un obstáculo, es algo con lo que los magistrados conviven.
Mota recibió el llamado en el que le anunciaban el traslado un jueves y el viernes de la siguiente semana estaba jurando en la sede de la SCJ. ¿La explicación oficial? “Por razones de mejor servicio”.
Para llegar a ser juez en Montevideo, un abogado debe recorrer un arduo camino. Antes de ingresar a la magistratura, los abogados interesados deben hacer un curso de dos años en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU) del Poder Judicial. Luego de egresar del curso, comienza formalmente la carrera. Empieza como juez de Paz, luego es ascendido a juez de Paz departamental en el interior, sigue como juez de Paz en Montevideo, después llega el momento de asumir como juez letrado del interior del país y finalmente puede llegar a ser juez letrado en la capital. Por lo general, antes de asumir la titularidad de un juzgado, los magistrados son suplentes (ver infografía).
Los juzgados letrados entienden en siete materias: Civil, Laboral, Familia, Adolescentes, Concursal, Aduana, Penal y Contencioso-Administrativo. El traslado de una materia a otra se considera un traslado horizontal, que no implica un cambio salarial. Mota dijo que cuando se traslada a un juez de un departamento del norte a uno del sur o el este, de Rivera a Maldonado, por ejemplo, se considera un ascenso, “porque te van acercando a Montevideo”.
Sin embargo, cuando el juez no pide el traslado de una materia a la otra y este se realiza contra su voluntad, se considera una sanción encubierta, explicó un exjuez y exministro del Tribunal de lo Contencioso Adminitrativo a El Observador.
Este fue el caso de Mota, sobre quien no había sumarios. Si bien la SCJ abrió cuatro expedientes para investigar decisiones o conductas de Mota por ninguna de ellas habían decidido sancionarla. Por su participación en la Marcha del Silencio de 2011, la investigación administrativa fue archivada aunque la Corte le advirtió que haber ido era una falta ética.
“Se le habían sacado varias tarjetas amarillas”, explicó un ministro de SCJ al semanario Búsqueda.
La tarjeta roja provocó un polvorín. Al tratarse de una jueza identificada por las organizaciones de derechos humanos y la izquierda como que iba para adelante con las causas, la decisión derivó en un enfrentamiento del Frente Amplio con la Justicia. Pero también evidenció la falta de transparencia del sistema judicial.
“Si hay cambios horizontales es porque el juez lo solicita, porque mirá que penal es una materia pesada, eso es real, es una materia que precisás tener voluntad, ganas, físico, todo, estás con el teléfono todo el tiempo. Es realmente complicado, pero si te gusta, sarna con gusto no pica. Y hay gente que pide (los traslados), dice ‘basta, no quiero más’. Y hay otros casos en los que, tras una investigación administrativa o un juzgado con mucho atraso, o por denuncias de abogados, la Corte evalúa y dice: ‘Bueno, no te vamos a sancionar, pero te vamos a cambiar de materia’. Esas cosas se manejan y ocurren, se sabe. Y hay un cambio de materia avalado por todo el mundo: el juez lo aguanta, la Corte hace eso y chau, y todo el mundo sigue en paz. Pero en mi juzgado no pasó eso”, explicó Mota.
La jueza anunció la semana pasada que recurrirá la decisión de cambiarla de sede. Si la SCJ ratifica su decisión, la jueza irá ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, un órgano independiente de los tres poderes que tiene la facultad de ratificar o anular actos administrativos.
Ruibal Pino aseguró que los traslados son en cadena. El mismo viernes que juró Mota, juraron otros 14 magistrados. Este viernes, la SCJ dispuso más de 20 traslados. El ascenso o la jubilación de un ministro de un tribunal de apelaciones provoca una oleada de entre 50 y 100 traslados concatenados. Provoca, incluso, nuevos ingresos a la carrera judicial.
El traslado de Mota se vio motivado por el ascenso de la jueza Loreley Opertti a un tribunal de apelaciones. Su lugar fue ocupado por Mota. Sin embargo, la jueza advirtió que el movimiento lógico hubiese sido que ese lugar fuera ocupado por la doctora Beatriz Larrieu, quien la sustituirá en el ámbito penal y quien venía trabajando como jueza suplente de Montevideo.
“Lo mío fue una sanción”, aseguró Mota. No es la primera vez que varios actores judiciales interpretan que la SCJ sanciona y aparta de una causa a un juez mediante un traslado.
El juez Pedro Hackenbruch fue trasladado de la órbita penal a la laboral. El magistrado investigaba al exdictador Juan María Bordaberry, cuando la Comisión de Familiares de Asesinados Políticos lo recusó ante la SCJ porque el abogado de Bordaberry, Gastón Chaves, había defendido al juez en otra oportunidad.
Otro caso similar fue el de la exjueza Ana Lima, quien en 2002 renunció a la magistratura luego de que fuera trasladada de la órbita penal a la laboral. Al igual que en el caso Mota, no había sumarios ni investigaciones contra la jueza y la Corte alegó “razones de mejor servicio”. Lima había ordenado la extradición del vasco Jesús María Lariz Iriondo, antes de que hubiese terminado el proceso judicial que se tramitaba en su juzgado.
La SCJ puede sancionar a un juez luego de un sumario. Entre marzo de 2010 y setiembre 2012, la SCJ inició 26 sumarios a jueces. Doce de ellos terminaron con una sanción, que puede ir desde una amonestación hasta el descenso a la categoría inmediatamente inferior o la suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos meses con pérdida de los haberes correspondientes a dicho lapso.
En junio de 2012, por ejemplo, la SCJ sancionó con dos años sin poder ser promovido al magistrado de Ciudad de la Costa Juvenal Javier. El juez, en diciembre de 2010, dejó en libertad al delincuente apodado El Pelón, porque se le había vencido el plazo de 60 días que prevé el Código de la Niñez y la Adolescencia para el dictado de sentencia de los menores infractores. Tres días más tarde, El Pelón cometió su tercer asesinato.
Seis de los 26 sumarios fueron archivados y la SCJ destituyó a tres jueces. Hasta octubre del año pasado, siete sumarios seguían en trámite.
Entre estos sumarios, está el que la SCJ le realiza a la jueza Mirta Queijeiro, a cargo del Juzgado Letrado de 4º Turno de Rocha. Quince abogados denunciaron ante la SCJ “el muy irregular funcionamiento” de su juzgado. “Queijeiro se maneja con criterio selectivo a la hora de dar trámite a los asuntos, en algunos actúa en forma meteórica y otros se ‘eternizan’ dentro de su despacho, al punto tal que nos preguntamos si el expediente todavía existe”, expresó en su denuncia la abogada Sandra Álvarez Torres.
Esta abogada denunció a la jueza en cuatro oportunidades (2007, 2008, 2009 y 2012) ante la SCJ. En las primeras tres, la jueza alegó “no tener tiempo” para avanzar en las causas. Tras la cuarta denuncia, que la abogada presentó junto a 14 colegas, la SCJ inició el sumario. En la denuncia, Álvarez Torres criticó las demoras en la administración de justicia dentro del Poder Judicial.
Sobre esta magistrada recaen además dos denuncias penales, ambas por omisión contumaz de los deberes del cargo y una de ellas por abuso de funciones.
El procedimiento sancionatorio es claro para los jueces y ministros de inferior jerarquía, pero si los ministros de la SCJ cometen desbordes, ¿quién los controla? En caso de delito o violación a la Constitución, el Senado puede tramitar un juicio político, tras acusación de Diputados. Con respecto a lo jurisdiccional, es decir los fallos y decisiones que toma, la Corte no puede ser controlada, y tiene la última palabra, señaló Ruibal (ver página 4).
El viernes, luego de que se conociera la sentencia de la SCJ que declara inconstitucional la ley interpretativa de la Caducidad, el MPP anunció que “la mayoría de la SCJ es responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay”. Además responsabilizó a la Corte de violar la carta Magna por no cumplir con el mandato de dar vista al fiscal de Corte antes de resolver un traslado.
