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Casa de Galicia: vallado, custodia policial y la indefinición de una ley marcan sus horas finales
Este martes, comenzando con lo hemato-oncológicos y los que estaban ingresados cursando covid-19, comenzó el "operativo de traslado" de los pacientes internados en el sanatorio de Casa de Galicia, en las 72 horas finales de la centenaria vida institucional de esa mutualista. El cierre del centro se producirá a las 0 horas de este viernes 1 de abril. Exactamente 104 años después del día en el que fue fundada, en 1917.
Fue un "operativo" fuertemente custodiado por la Policía, que dispuso un vallado que rodeaba el edificio, mientras una sucesión de ambulancias entraban y salían por una entrada lateral, llevándose discretamente a los afiliados a su nuevo prestador. La propia mutual, clausurada por decisión judicial, ya habla de "exsocios", a los que les advierte en su página web que, a partir de las 18 horas de este miércoles 30 de marzo, si necesitan consulta de urgencia o emergencia, deberán dirigirse al destino que les fue asignado. Las policlínicas seguirán atendiendo el jueves 31. Cuando termine ese día, cesarán absolutamente todos los servicios. Así lo establecía el cronograma fijado previamente por el Ministerio de Salud Pública.
En la puerta del histórico sanatorio estuvo presente Sandra Montes. Una mujer que, con 57 años de socia, consideró un "despropósito" el "operativo" desplegado allí. "Parece que estuvieran buscando un enfrentamiento" djo a El Observador, con respecto a las medidas de seguridad dispuestas por las autoridades. Una "provocación" dijo, que se agrega a la "angustia" con la que dice vivir los momentos finales de su mutualista.
Montes fue asignada al Hospital Evangélico, al que concurrió solo una vez, cuando fue a confirmar su afiliación. Como el resto de los exsocios de Casa de Galicia afiliados vía Sistema Nacional Integrado de Salud, no tuvo opción. El último dígito de su cédula de identidad marcó que debía pasar a atenderse allí. La mujer, que padece de varias patologías, dice desconocer casi todos los detalles sobre la calidad de atención que recibirá en su nuevo prestador. Por ejemplo, si va a seguir recibiendo la sesiones de hidroterapia que necesita.
Los exsocios no son los únicos que dicen estar en la incógnita sobre qué pasará con todo este proceso. Médicos y funcionarios de la institución mantienen en estas horas intensas reuniones en la que se definirá cuántos trabajadores irán, finalmente, a las mutuales que absorbieron la masa social de Casa de Galicia. Todo por la indefinición de la ley que, promovida por el ministerio y aprobada el mes pasado, facultó al Poder Ejecutivo a determinar la forma en que se deberá distribuir el personal en función de los socios absorbidos por las cinco instituciones elegidas.
Hay tres entidades negociando, cada una en defensa de los intereses de sus agremiados. Una de ellas es la Sociedad Anestésico Quirúrgica (SAQ). "La oferta de las empresas ha sido muy pobre en cuanto a la reabsorción de trabajadores", dijo a El Observador su presidente, Daniel Montano. Según explicó, la ley del gobierno se limitó a establecer que que médicos y funcionarios serían redistribuidos en función de las cápitas que reciban las instituciones de destino, pero evitó indicar cuál sería esa proporción,al señalar que eso se definiría en la negociación colectiva.
La oferta concreta de las empresas fue generar 140 horas de medicina general al mes por cada 1.000 nuevos afiliados. El dirigente de la SAQ señaló que eso equivale a la décima parte de lo que el sistema, a nivel general, destina a recursos humanos en esa área.
"Las empresas quieren hacer negocio, se quieren quedar con las cápitas y tomar la menor cantidad de personal posible", dijo. Eso, apuntó, generará dos problemas graves: reducir la calidad asistencial y provocar una recarga laboral.
Los números
El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) convocó para este martes una asamblea extraordinaria e informar a sus afiliados sobre el estado de situación de Casa de Galicia. Este miércoles, los médicos irán al Grupo 15 de los Consejos de Salarios a seguir negociando con las empresas. Y, pese a que en las últimas horas "mejoraron algo los números", la oferta sigue siendo considerada insuficiente por la gremial. Así se lo dijo a El Observador el dirigente José Minarrieta.
Los cálculos del sindicato indicaban que, por cada 1.000 afiliados incorporados, las instituciones debían absorber a 21 médicos. Así lo establecía el compromiso de las autoridades de que se mantendrían todos los puestos laborales. Pero el planteo de los prestadores apenas llega a cinco profesionales. El SMU se había declarado la semana pasada en "sesión permamente" y tiene sobre la mesa la posibilidad de convocar a un paro nacional si la situación sigue sin cambios.
Entre otros aspectos, señala que la Casa de Galicia mantiene adeudos por $ 140 millones con los profesionales por créditos laborales que se arrastran desde hace varios años.
La Sociedad Uruguaya de Cardiología denunció por su parte que se desconoce qué pasará con los profesionales que no sean reubicados ya que no existe ninguna planificación sobre el pago de eventuales indemnizaciones por despido. También que hubo intentos desde algunas de las instituciones captantes de socios de negociar contratos en forma individual y directa de médicos afectados por fuera de las negociaciones lideradas por el SMU.
La Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag), que nuclea al personal no médico, negocia su destino en los Consejos de Salarios. Allí también las autoridades dispusieron un vallado y custodia policial, ante unas 50 personas que se congregaron a las puertas del Ministerio de Trabajo.
En los últimos días hubo un cruce de propuestas y contrapropuestas para llegar a una fórmula. La última oferta de las instituciones receptoras elevó de 18 a 20 por cada 1.000 afiliados recibidos la proporción de trabajadores a incorporar. Una propuesta que sigue resultando insuficiente para el sindicato, que señala que así más de 400 compañeros quedarán sin trabajo. Así se lo dijo a El Observador la dirigente Lorena Herrera.
Una propuesta que fue, sin embargo, fue valorada positivamente por parte del ministro de Trabajo, Pablo Mieres. "No quiero generar ruido en la negociación, pero me parece razonable", dijo. Según Mieres, se trata de la misma proporción que se aplicó en casos anteriores de cierre de mutualistas.
