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Casi la mitad de la población rural vive en la pobreza
La pobreza, la indigencia y la falta de oportunidades laborales fue uno de los detonantes del paro nacional que lideró la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) entre el 13 y 30 de junio de 2022. Una situación que se explica por las propias cifras oficiales, informadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Según el organismo, el 42,9% de la población rural vive en condiciones de pobreza y el 22,7% sumergida en la indigencia. Una situación acuciante en las comunidades rurales en las que cuales casi la mitad de los campesinos e indígenas dedicados básicamente a la agricultura familiar en pequeñas unidades no alcanza a reunir el costo de una canasta básica de consumo y casi tres de cada diez ni siquiera el costo de una canasta básica alimentaria.
El panorama contrasta con los datos de las áreas urbanas. En ellas, el 16,7% de la población está en situación de pobreza y el 5,2% en pobreza extrema. Ya en términos generales, las tasas de pobreza e indigencia se ubican para el total país en el 25% y 10,7%, respectivamente. De esta forma 4,5 millones de ecuatorianos viven con menos US$ 87,57 al mes, mientras 1,9 millones con ingresos per cápita inferiores a los US$ 49,35 mensuales. Se trata de ingresos que cubren apenas el 12% y el 6,57% de una canasta básica trepó en junio a US$ 751,04, impulsada por la inflación.
Según los datos oficiales, las tasas de pobreza e indigencia disminuyeron un 7% y un 4% con relación a junio del año pasado. Se trata de niveles similares a los que se registraban antes de la pandemia y la dinámica se explica en parte, según los analistas locales, a la reactivación económica, que impulsó la recuperación del empleo, aunque la mayoría es informal. “La reducción de la pobreza es una buena noticia, pero el indicador aún es preocupante“, explicó a Primicias de Ecuador Ana Patricia Muñoz, directora del Centro de Investigación Grupo Faro.
La informalidad laboral es uno de los grandes problemas de la economía del país. Alcanza al 51,6% de las personas con trabajo, según la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. Se trata de trabajos que no están regulados o protegido por marcos legales, un drama que golpea con especial fuerza a las poblaciones indígenas y es moneda corriente en las suburbios de Quito y Guayaquil, la dos principales ciudades del país.
La vulnerabilidad de esos grupos se hizo evidente entre el 13 y 15 de julio, cuando la falta de empleo formal y la pobreza llevaron a cerca de 5.000 personas a realizar largas filas, cuando la Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito ofreció 200 vacantes de ayudante de recolección y servicios de aseo.
Deserción escolar y malnutrición
La pobreza y la indigencia exhiben su rostro más dramático en los altos índices de deserción escolar y malnutrición entre niños y adolescentes de las comunidades originarias.
Según las estadísticas oficiales, 39% de los niños indígenas menores de dos años sufre desnutrición. Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi son las provincias con las cifras más altas, junto a cinco de las seis provincias amazónicas. En las demás etnias, aunque también dramático, el porcentaje de niños desnutridos es del 21,9%.
Durante las manifestaciones de junio pasado, el servicio de atención médica y nutricional de la Universidad Central del Ecuador, que brindó a los manifestantes durante los 18 días de movilizaciones, encontró que el 80% de los 450 niños atendidos sufría de desnutrición crónica infantil.
Las pésimas condiciones de vida de las comunidades rurales también impactan en la escolarización. En San Ignacio en Cotopaxi, de donde es oriundo Leonidas Iza, el líder de la Conaie, el 13% de los habitantes no sabe leer ni escribir y el 9% de los mayores de 15 años no ha terminado la educación básica, según el INEC.
“Para aliviar las tensiones sociales y mejorar la situación del empleo, el país necesita una reforma laboral consensuada”, afirma Muñoz. La directora de Grupo Faro agrega que, para paliar la actual crisis económica y social, el Gobierno debe mantener las ayudas directas, como el bono de desarrollo humano.
Aun así, la ayuda social desplegada por el gobierno se confirma insuficiente. Los ingresos per cápita de las estadísticas oficiales se calculan sumando todos los ingresos de un hogar y dividiéndolos por el número de personas que lo integran, un cálculo en el que se registran los ingresos laborales, los bonos, las pensiones y otros subsidios.
