Caso Astesiano: cómo entender los hilos de la madeja que busca separar la fiscalía

Esta semana, la fiscal Fossati tomó la primera decisión formal para poder ordenar unas líneas de investigación por un lado y el resto por otro. Dividió la causa en dos: la adulteración de partidas para obtener pasaportes para ciudadanos rusos se investigará por un lado y los posibles delitos en los “favores” que le hacían jerarcas policiales a Alejandro Astesiano por otro.

¿Qué se investiga? 

Si bien ya se había investigado en años anteriores y se había cerrado por falta de pruebas, en enero de este año el responsable del área de Seguridad y Pasaportes de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), Juan Martínez, volvió a llevar pruebas a la Fiscalía de que había ciudadanos rusos que buscaban acceder a pasaportes uruguayos de forma ilegítima. Él había detectado que había algunas diferencias en las partidas de nacimiento de estos ciudadanos que probaban su vínculo con Uruguay, que en realidad era inexistente. Con esos documentos adulterados tramitaban los pasaportes.

A raíz de eso se identificó a un gestor –el ciudadano ruso Alexey Slivaev– que era quien conseguía a los clientes y los ponía en contacto con el escribano Álvaro Fernández, que era el principal encargado de realizar el papeleo. Según dijo la fiscal del caso Gabriela Fossati en una audiencia este domingo que presenció El Observador, durante 2013 y 2018 la adulteración de las partidas se hacía en Rusia y presume el aval del excónsul de Uruguay en Rusia, Stéfano di Conza. Fue imputado por 14 delitos de fraude con 14 delitos de suposición de estado civil. Pero hay más diplomáticos bajo la lupa.

Alejandro Astesiano, el excustodio presidencial, era el que tenía el contacto con los funcionarios públicos y, según Fernández, era el encargado de “apurar” los trámites.

Los teléfonos de Fernández, su esposa Patricia Medina, Slivaev y Astesiano están en poder de la fiscalía y están siendo analizados. A raíz del análisis de los chats de Astesiano, se abrió una investigación paralela –esta decisión fue tomada esta semana–  que investiga sus “vínculos” con funcionarios públicos por otros temas y posibles favores que se hubieran dado por fuera del marco de la ley.

Por ejemplo, la fiscal Fossati leyó dos mensajes en los que les pedía al número dos de la Policía, Héctor Ferreira, que enviara patrulleros a un evento privado que había organizado y que le “aguantara” un cargo en la Escuela Policial a la hija de un compañero de Presidencia a la que le faltaba rendir una materia para poder ingresar.

La Fiscalía descubrió que Astesiano tenía varias propiedades aunque no estaban bajo su titularidad, sino a nombre de testaferros: algunos apartamentos, un club nocturno y una empresa de seguridad, entre otras empresas. Indagan el origen de los fondos con los que adquirió esos bienes y si logra probar que fueron fruto de la actividad delictiva del custodio, también podrá imputarlo por lavado de activos. Lo mismo sucede con Slivaev y Fernández, quienes están siendo indagados por la compra de dos apartamentos en la calle Cerrito.

¿Quiénes están imputados y por qué? 

El primer imputado fue el ciudadano ruso Roman Karpov, que fue quien fue detenido mientras intentaba obtener el pasaporte. El delito tipificado fue uso de documento con certificado falso con un delito de suposición de estado civil. Tras él cayeron Slivaev y Fernández, a quien se pudo atar, por lo menos en primera instancia, directamente a la maniobra.

Cuando se comenzaron a analizar los mensajes de Whatsapp de Fernández, se identificaron mensajes con Alejandro Astesiano que dejaban en una posición comprometida al excustodio, quien ofrecía contactos con funcionarios en puestos estratégicos. Por eso fue detenido apenas volvió de Costa Rica, destino al que había viajado con el presidente Luis Lacalle Pou.

En el caso de Slivaev, Fernández y Astesiano los delitos considerados fueron suposición de estado civil, asociación para delinquir y tráfico de influencias.

A pocos días de cumplirse el mes de haber imputado a Fernández, Fossati pidió que se imputara a su pareja, Patricia Medina. A raíz de las conversaciones de WhatsApp, indicó que la mujer sabía de las maniobras de su esposo e incluso ella tenía injerencia. La fiscal dijo que hay conversaciones de las que se desprende que, en ocasiones, ella le daba órdenes a él.

Por último, el domingo pasado, la Justicia formalizó la investigación en contra de Di Conza, quien firmaba los documentos con datos adulterados. Fue imputado por 14 delitos de fraude con 14 delitos de suposición de estado civil.

¿Quiénes están indagados y por qué? 

Declararon en calidad de indagados cuatro jerarcas policiales. Los primeros en hacerlo fueron Héctor Ferreira, subdirector de la Policía Nacional, y Henry de León, titular de la Dirección General de Fiscalización de Empresas (Digefe). Ferreira está indagado por diversos “favores” que le hacía a Astesiano. Además de los mencionados, La Diaria divulgó otro chat esta semana en el que el subdirector se comprometía a que Inteligencia le “vichara todo” al exnovio de la hija de Astesiano, que ejercía contra ella violencia de género.

La segunda tanda de indagados son el director de Inteligencia, Claudio Correa, y el subdirector ejecutivo, Jorge Berriel. Correa es sospechado de haber borrado información del teléfono de Astesiano. Berriel también aparece mencionado en varios chats por algunos “favores”.

Foto: Leonardo Carreño.

¿Qué rol juega Lacalle en todo este caso? 

El presidente manifestó desde el primer momento que nunca desconfió de Astesiano y que se vio muy afectado por su detención y posterior formalización.

No está nombrado en los chats en ninguna actitud irregular, pero estuvo bajo la lupa en dos oportunidades.

La primera fue cuando se detuvo al excustodio y se conoció que tenía un extenso legajo con más de 30 indagatorias policiales, además de una condena por estafa en 2014. Si bien por la cantidad de tiempo transcurrido desde la condena ya había vuelto a ser un primario legal, la pena estaba extinguida y podía conseguir un certificado de buena conducta como cualquier persona sin antecedentes.

Sin embargo, el presidente afirmó que antes de entrar al gobierno había pedido el legajo de todos sus custodios y esa información no constaba. En ese momento descubrieron que alguien había desindexado de Policía Científica la cédula de Astesiano y por eso no surgía. Por esa razón hay una investigación administrativa en curso.

Por otra parte, Fossati dijo esta semana a El Observador que el celular de Astesiano era propiedad de Presidencia y que, para entregarlo voluntariamente, le pusieron como “requisito” apartar de la investigación los chats con Lacalle Pou.

El único chat divulgado que lo menciona es uno en el que representantes de Emiratos Árabes le quieren hacer llegar un regalo de 454 kilogramos de pescado y lo tratan con Astesiano. A su vez, en otra oportunidad en el que un jerarca de ese país viaja a Uruguay y pretende reunirse con el presidente, le piden al custodio que les acelere la gestión.

¿Por qué declararon Delgado y Ferrés? 

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario, Rodrigo Ferrés, declararon este martes en calidad de testigos ante Fossati. La intención fue que echaran luz sobre las potestades que tenía Astesiano en Presidencia. A su vez, Delgado fue nombrado en la declaración de otros imputados, por ejemplo de Fernández, quien se refirió a dos ciudadanos rusos que entraron en pandemia al país con autorización del secretario.

¿Qué es lo relevante de los chats? 

Los chats más importantes son los que permiten sospechar una connivencia entre Astesiano y algunos funcionarios policiales –como el que indica un posible acomodo en la Escuela de Policía y aquel que habla de que Inteligencia “viche todo” lo relacionado a su exyerno–.

También aquellos con el escribano, que era con quien tenía más vínculo por el tema de los pasaportes. Fernández en una oportunidad le escribió: “Nos hacemos millonarios”. Pero en otros pasajes, se enojaba y le reprochaba al excustodio su inacción: “Movete porque esto se va al carajo!!! Dame algo concreto y damelo ya!!!! (sic)”

En la última semana, La Diaria divulgó conversaciones por Whatsapp en los que desde Vertical Skies (Lunacar SA), una empresa dedicada a brindar soluciones en seguridad y gestión de riesgo, le solicitaron al exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, realizar dos fichas de los senadores del Frente Amplio, Mario Bergara y Charles Carrera, luego de que presentaran la denuncia por la concesión de la terminal del puerto a la empresa Katoen Natie. Supuestamente le pagaron al excustodio por esa tarea.

Los senadores presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía y pretendían que fuera asignada a otro turno, distinto al de Fossati, pero la fiscal se adelantó a citarlos por lo que seguramente será ella quien siga la indagatoria.