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Caso Astesiano: custodios de Presidencia y el escribano imputado declararon ante la fiscal Fossati
Con absoluta reserva para evitar filtraciones que entorpezcan la investigación, la fiscal Gabriela Fossati avanza en la búsqueda de evidencia que permita determinar si hay más funcionarios públicos involucrados en el grupo que se dedicaba a falsificar documentación para que ciudadanos rusos obtuvieran pasaportes uruguayos.
Fossati también busca establecer cuándo comenzó a operar la organización, cuántas personas recibieron pasaportes y las razones por las que querían obtenerlos.
Hasta el momento, la fiscal determinó que la banda está compuesta por el exjefe del Servicio de Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano, el escribano Álvaro Fernández, y el ruso Alexey Slivaev. Todos fueron imputados y permanecen en prisión preventiva (uno en Florida, otro en Durazno y el tercero en Punta de Rieles) hasta fines de octubre. Por el caso también fue procesado –sin prisión– el ruso Roman Karpov, que había sido detenido mientras intentaba sacar la cédula en la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC).
Según supo El Observador a partir de fuentes judiciales, el miércoles declaró en Fiscalía el escribano Fernández, cuyo rol en la organización era el de gestionar las partidas de nacimiento originales, indicarle a los rusos los pasos a seguir e incluso acompañarlos a hacer alguno de los trámites, tal como consta en videos que forman parte del expediente. En su estudio, la policía incautó dos copias de documentos rusos y en su teléfono fueron halladas 77 páginas conversaciones y audios con el custodio de Luis Lacalle Pou.
Además de Fernández, declararon ante la fiscal otros integrantes del Servicio de Seguridad Presidencial y funcionarios de Identificación Civil. Esta dirección del Ministerio del Interior fue la primera en denunciar y su personal viene trabajando activamente en colaboración con la Fiscalía con el objetivo de determinar la cantidad de personas que recibieron pasaportes falsos. Fuentes policiales describieron esta tarea como compleja porque supone analizar uno a uno los documentos entregados a ciudadanos rusos y luego buscar si hay elementos que coincidan con la forma de actuar de esta organización.
Este jueves, Fossati estableció que el grupo realizó maniobras fraudulentas al menos desde el 2013. “Es una investigación compleja, que refiere a hechos cuyo inicio puede ubicarse, al momento, en el año 2013, transnacionales,por lo que se necesita tiempo, prudencia y tranquilidad para verificar la infinidad de información y para minimizar el riesgo de afectación a trámites regulares”, señaló en su cuenta de Twitter.
Este dato coincide a su vez con un expediente de ese año que fue encontrado en las oficinas de Identificación Civil en las últimas horas y que muestra un modus operandi muy similar al del grupo ya que ponían a personas que estaban muertas como abuelos o padres de los rusos en las partidas de nacimiento.
Más allá de la colaboración con Fiscalía, la investigación administrativa de Identificación Civil señala de forma preliminar que a priori, Astesiano no tenía contraseña para acceder a los datos pero que buena parte de la información que utilizaba el grupo está en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) por lo que los funcionarios corruptos podrían estar fuera de esta dirección.
La Policía Científica, a su vez, avanza en la investigación administrativa para determinar qué funcionario desasoció la cédula de Astesiano de la base de datos, lo que provocó que cuando Lacalle Pou solicitó el legajo del custodio no apareciera su procesamiento con prisión del año 2013. Por esta situación, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cesó al director de Identificación Criminal, Gonzalo Vázquez, por no informar de esta situación cuando la detectó.
La tercera investigación que está en curso se realiza en la Dirección de Registro Civil por parte de Jurídica del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). El foco apunta a determinar si hubo funcionarios que inscribieron partidas de nacimiento rusas que estaban falsificadas.
En paralelo a esto, dos funcionarias del Registro Civil declararon el viernes ante oficiales de la Dirección de Investigaciones de la Policía por un caso de 2014 en el que un ciudadano ruso fue a inscribirse de forma tardía.
Según supo El Observador, lo hicieron en calidad de testigos de asistencia al oficial que firmó el expediente para terminar de inscribirlo porque el ruso nunca volvió. Fuentes de Registro Civil señalaron que la inscripción suele hacerse de oficio cuando esto ocurre y que antes interviene un fiscal que verifica la información que aporta. “No se da fe de la información vertida en el acta. Esto es moneda corriente en el trabajo de las oficinas del Registro Civil en dicho tipo de inscripciones y para nada implica complicidad con una organización delictiva”, señaló la Asociación de Funcionarios de Registro de Estado Civil (Afureci) en un comunicado.
