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11 de febrero 2023 - 5:01hs

Cuando el juez Matías Porciúncula le preguntó –por rutina– cuál era su nombre, Jorge Berriel respondió: "Mi nombre es Jorge Alejandro Berriel Pedraza, comisario mayor retirado de la Policía Nacional, ingeniero tecnológico en electrónica y, además, subdirector ejecutivo de la Policía Nacional", contestó. Porciúncula, sin embargo, le explicó al todavía jerarca del Ministerio del Interior cómo iba a proseguir la audiencia, llamándolo únicamente por su nombre de pila. 

Acto seguido, continuó con las preguntas de rutina. "¿Usted está actualmente empleado?", le preguntó –no podía mencionarle la conferencia de prensa en la que el ministro del Interior, prácticamente en cadena nacional, comunicó su cese–. A lo que Berriel contestó: "Sí, señor". Y después de una breve pausa agregó: "Hasta el 28 de febrero". Esa era la fecha en la que debían hacerse efectivos los cambios anunciados por Luis Alberto Heber, quien este miércoles anunció la separación del cargo del director, subdirector y director ejecutivo de la Policía Nacional. 

Pero finalmente, duró en el cargo pocas horas más. Luego de que Porciúncula accediera a la petición de la fiscal del caso, Gabriela Fossati, de imputarlo por tres delitos de revelación de secretos, el ministerio decidió cesarlo inmediatamente, informó Subrayado y confirmó El Observador. 

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Los tres delitos refieren a tres situaciones en las que Berriel le envió a Astesiano partes policiales, documento que por ley es reservado. La primera –y la que Fossati entiende más grave– ocurrió el 3 de abril, cuando el ahora exjerarca envió el parte de una denuncia de violación grupal que tuvo lugar en la fiesta por el triunfo del No tras haber ganado el referéndum por la ley de urgente consideración (LUC). La denunciante es una adolescente que en ese momento tenía 16 años. El parte policial que envió "contenía el nombre de la víctima, el nombre de la madre de la víctima, el lugar de los hechos, datos vinculados a los presuntos responsables, los testigos y circunstancias y demás del hecho".  Además de vulnerar la ley que prohíbe la divulgación de información reservada, vulnera lo dispuesto en la ley de violencia de género (19.580) respecto al respeto de la integridad de las víctimas. 

El segundo parte refiere a una rapiña en el que una persona fue herida de arma de fuego e intervino un funcionario de seguridad presidencial. Eso fue el 3 de mayo de 2022. El último evento fue el 15 de julio, cuando el hijo de Astesiano fue rapiñado y él salió en busca de los delincuentes. Ese caso "actualmente se encuentra en investigación y que ha transitado por caminos diferentes a los pensados inicialmente", advirtió Fossati sobre el caso que investiga Ana Vallverdú. 

Si bien el abogado de Berriel no opuso resistencia a la imputación ni al pedido de Fossati de que no salga del país por 180 días, luego, en conferencia de prensa, ahondó sobre su teoría del caso. "El jefe de seguridad del presidente, lo pide, a su vez, en nombre del presidente. Y él en el cargo que está, en una institución vertical, no se puede negar a entregar eso porque es un superior que se lo está pidiendo", sostuvo. 

En ese sentido, expuso que la discusión virará sobre qué significa la calidad de "reservado" de los partes policiales y si esa reserva implica prohibición para cualquier tercero. "¿Están reservados para el presidente de la República también?", se preguntó. 

Consultado sobre si Astesiano había invocado directamente al presidente para hacer el pedido de esos partes, dijo que "hay elementos que indicarían eso (...) mensajes". En "algunos casos, textualmente" Astesiano dice que es el presidente quien pide esa información y no él. A su vez, desarrolló: "No es una orden ilícita, en principio (...) hay un decreto en la función que tiene el servicio de seguridad de Presidencia que habilita a pedir esa información".

Pese a eso, recordó que desde Presidencia también se tiene acceso directo a los partes, razón por la que no sería estrictamente necesario pedírselo a Berriel. 

El testimonio clave de otro exjerarca del ministerio

La fiscal, al enumerar la evidencia con la que contaba para imputar a Berriel, mencionó que existía una contradicción entre lo declarado por Berriel y lo que sostuvo ante fiscalía el exdirector general de Secretaría, Luis Calabria. 
Berriel había manifestado que en una reunión con el fallecido ministro Jorge Larrañaga, Astesiano y Calabria, el ministro le había dicho que cualquier pedido del custodio era como si lo pidiera él, porque era por orden del presidente. 

Según supo El Observador, el exjerarca declaró en la causa la misma versión que había dado públicamente tras la comparecencia de Berriel a Fiscalía en diciembre. En ese entonces, había dicho a El Observador que en esa reunión “se presentó a quien iba a estar en ese rol de seguridad del presidente y que, como es lógico, se indicó que se le prestara la colaboración debida para el cumplimiento de esa función”.
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