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26 de octubre 2023 - 5:02hs

En las primeras dos jornadas en las que el fiscal Alejandro Machado inició la indagatoria sobre la entrega del pasaporte al narco uruguayo Sebastián Marset, los funcionarios de Cancillería que declararon ratificaron lo que habían dicho en la investigación administrativa, afirmaron no haber recibido nunca comunicación directa ni indirecta para acelerar el trámite, afirmaron que las decisiones las tomo cada uno de acuerdo a su función ya que estaba todo en regla, pero quien aportó mayores elementos fue la funcionaria que estaba a cargo de la dirección que tramitó el documento, Pauline Davies.

Según supo El Observador, la exdirectora general de Consulares y Vinculación fue muy contundente al afirmar que la seguridad está a cargo del Ministerio del Interior y que a esa cartera era a la que le correspondía realizar los controles sobre la situación de Marset, enterados por Cancillería de que estaba detenido en Dubai.

Davies, que declaró por Zoom desde Washington asistida por el abogado Jorge Barrera, afirmó que al tomar conocimiento sobre Marset por parte de la entonces subsecretaria Carolina Ache instruyó para que se comunicara de inmediato a Interpol y a la Dirección de Migración, insistió en que el "responsable de la seguridad" es el Ministerio del Interior y afirmó que Cancillería no tiene los mecanismos para realizar controles más allá del trámite administrativo que estuvo en regla.

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Según surge de la investigación administrativa eso ocurrió el 21 de setiembre, luego de la primera comunicación del subsecretario del Interior, Guillermo Maciel con Ache, y ya en ese momento en las comunicaciones se conocieron los antecedentes de Marset como narco.

Ante una pregunta del fiscal Alejandro Machado sobre si no hizo seguimiento al tema luego, Davies preguntó: "¿Seguimiento de qué?" para aclarar que no le correspondía a la oficina que dirigía realizar controles. "Yo soy Cancillería, si yo no recibo un pedido formal de acción, yo no acciono". En cambio, se preguntó si Interpol, que son los encargados de la seguridad, no se podía comunicar con Interpol de Emiratos Árabes para averiguar más.

Al igual que había afirmado en la investigación administrativa, la funcionaria contó que tras recibir la comunicación de Ache, le escribió al embajador de Uruguay en Emiratos Árabes, Álvaro Ceriani y como no le respondió, llamó a la cónsul Fiorella Prado. 

El fiscal se interesó sobre el medio de comunicación utilizado y Davies dijo que lo hacían a través de Whatsapp porque estábamos en pandemia y era "lo más normal" ya que muchas veces no se sabía quien estaba en la oficina. Además explicó que había miles de situaciones, personas internadas, por lo que las consultas eran permanentes.

El pasaporte uruguayo que le fue expedido a Marset cuando estaba detenido en Dubai

Antes de Davies declaró este miércoles la entonces cónsul de Émiratos Árabes, Fiorella Prado, quién señaló ante el fiscal que todos los pasos que dio fueron con instrucciones desde Montevideo, las cuales quedaron registradas en correos electrónicos que forman parte de la investigación administrativa. 

Uno de los puntos sobre los que fue consultada fue respecto a un audio que le había enviado a la defensa de Marset, en el que le señalaba que se había modificado un trámite. Tal como había quedado de manifiesto en una pesquisa interna de la Cancillería, la cónsul señaló que eso no era posible sino que lo que hizo fue modificar la ficha de datos personales porque a los trámites no se tiene acceso desde una oficina consular. 

También la consultó sobre si había tenido un “cambio de actitud” ya que al principio se mostró muy prudente pero luego tuvo proactividad para la entrega del pasaporte. La funcionaria contestó que desde que recibió la instrucción de que tenían que entregarlo, al igual que hacer la nota que habían solicitado los abogados, procedió a actuar de esa forma.

Ese correo, que consta en la investigación administrativa, señala que no existen impedimentos legales para iniciarle la solicitud de pasaporte común por lo que deben tomarse todas las capturas manuales. “Se agradece proceder de acuerdo a lo indicado”, dice.  

Tras la audiencia, los abogados defensores de Prado, Eduardo Sasson y Pablo Donnangelo dijeron a El Observador que entendían que “todos los puntos consultados acerca de la actuación consular” de su clienta fueron evacuados de forma “totalmente satisfactoria” y que su rol de ha sido siempre “apegado a la legalidad”. 

“No podemos dar mayores detalles porque la investigación se encuentra reservada y por una cuestión de seriedad relacionada a la investigación preferimos no dar más información. Al finalizar la audiencia adelantamos a la Fiscalía que culminada la ronda de declaraciones se solicitará el archivo respecto de nuestra clienta”, agregaron los integrantes del estudio Donnangelo-Duran-Sasson.

En tanto el martes, la primera en declarar fue la abogada Karina Antenor, que realizó la investigación administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien lo hizo en calidad de testigo por lo que no concurrió con abogado. 

Según supo El Observador, la abogada señaló que las revisiones de seguridad estaban a cargo del Ministerio del Interior y que el trámite de gestionar un pasaporte en prisión no fue excepcional. 

Machado y los fiscales adjuntos le preguntaron por la cautela de la cónsul y el embajador durante el trámite y las reservas que tenían. Ella contestó que la prudencia venía porque estaba privado de libertad por encontrarse con un pasaporte falso en otro país.

Asimismo descartó que haya habido responsabilidad de los funcionarios de haber intervenido para acelerar el trámite.

A su vez, asistido por Gustavo Bordes, este lunes también declaró Álvaro Ceriani, que lo hizo por videoconferencia desde Emiratos Árabes Unidos. Ceriani ratificó la posición que había sostenido en la investigación administrativa, en la que expresó que tenían reparos de gestionarle el documento. Allí había asegurado que enviaron un informe en el que mencionaron que era “prudente” aguardar a que finalizara el juicio apelando al “sentido común” y no a un “criterio jurídico”.
 

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