11 de diciembre 2019 - 5:02hs

A partir del 25 de noviembre se desataron dos procesos políticos simultáneos que tienen a Luis Lacalle Pou como protagonista principalísimo. Por un lado, en el contexto de la transición, figuras clave del gobierno saliente y el entrante estrechan contactos para que los nuevos gobernantes tengan a su disposición toda la información que necesitan sobre cada oficina del Estado. Por el otro, el presidente electo acelera en el armado del puzle de designaciones en los primeros escalones de cargos de gobierno, tratando de combinar necesidades políticas y ambiciones personales. Ambos procesos están transcurriendo, en términos generales, sin mayores dificultades. Los principales actores, como es norma en la política uruguaya, están a la altura de la circunstancias. De todos modos quiero detenerme a reflexionar sobre dos asuntos polémicos que merecen ser discutidos más a fondo porque ponen de manifiesto, para mi gusto, la distancia que nos queda por recorrer en términos de civilización política.

El primero de ellos refiere a la calidad del proceso de transición. Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou tuvieron la semana pasada una reunión amable. El presidente electo manifestó que “quemó las facturas” antes de entrar a la reunión. El presidente saliente, días después, lo invitó a viajar juntos a Buenos Aires para asistir a la asunción de Alberto Fernández como presidente de Argentina. Hasta ahí, sin dudas, una transición de “primer mundo”. Otros hechos, simultáneos, restaron brillo y calidad a la transición. El primero de estos episodios es el referido a las tarifas de los servicios públicos. Los líderes de la oposición interpretaron el anuncio del gobierno de no aumentar las tarifas en el resto del mandato simplemente como una promesa electoral. Desconfiaron. El Poder Ejecutivo, mientras tanto, una vez concretada la derrota del Frente Amplio en el balotaje, transformaron el “probablemente” en “definitivamente” y dejaron al nuevo gobierno en la incomodísima situación de tener que decidir si empezarán el mandato apartándose de sus convicciones más sentidas y promesas más divulgadas. El segundo episodio refiere a los ascensos militares. Hay ocho generales que dejan su cargo el 1° de febrero. En la democracia que nos merecemos, en la democracia a la que debemos aspirar, las designaciones de estos altos cargos deberían darse en el marco de conversaciones entre el gobierno saliente y el entrante.

El segundo tema que ha ocupado el centro de la atención del público es la distribución de responsabilidades de gobierno entre los socios de la “coalición multicolor”. Lacalle Pou viene logrando su objetivo de comprometer a los principales líderes de la coalición en la gestión de gobierno. Recorre, también en este sentido, un camino transitado exitosamente por Tabaré Vázquez durante su primer mandato cuando logró que las figuras de primera línea del Frente Amplio asumieran cargos ministeriales. La presencia de figuras de la talla de Danilo Astori, José Mujica, Reinaldo Gargano, Marina Arismendi y Mariano Arana, entre otros, le dio a ese equipo de gobierno un peso político extraordinario y facilitó la conexión entre Ejecutivo y bancada parlamentaria. Lacalle Pou también se apoya en líderes de su partido. Tendrá a su lado, en Presidencia, a su mano derecha, Álvaro Delgado. Contará en el gabinete con figuras de su máxima confianza en ministerios fundamentales (como Economía, Defensa, Educación, Desarrollo Social), y con jefes históricos de otras fracciones de su partido como Jorge Larrañaga y Luis Alberto Heber. Además, de acuerdo a los trascendidos, contará con líderes de otros partidos como Ernesto Talvi en Cancillería y Pablo Mieres en la delicadísima cartera de Trabajo y Seguridad Social. Faltan nombres todavía. Pero se perfila un gabinete potente, tanto en términos políticos como técnicos.

Acá también, como en lo referido a la calidad de la transición, hay que hacer algunas restas. Evalúo como negativo para la nóvel “coalición multicolor” la ausencia de Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, en el gabinete del nuevo gobierno. Como es sabido, el presidente electo le ofreció sin éxito la titularidad del Ministerio de Salud Pública. Me parece obvio que esta ausencia debilita políticamente al nuevo gobierno. También me parece evidente que alimenta dudas y especulaciones sobre sus razones. En ese sentido, se ha argumentado que Manini tiene que estar en el Parlamento para poder organizar su partido. Es posible. No cabe ninguna duda en cuanto a que liderar un ministerio es una tarea absorbente. Sin embargo, por otro lado, la gestión en el Ejecutivo permite a los líderes de partidos y fracciones atender demandas de sus electores y tener protagonismo en el debate público. Hay quienes interpretan la opción de no asumir personalmente un cargo en el gabinete como señal de menor compromiso con la gestión de la coalición. Según esta línea de razonamiento, para crecer (pensando en el 2024), Manini debe estar en el margen de la coalición y no en el centro de la gestión. Tengo serias dudas. No me sorprendería que la mayoría de los electores de la “coalición multicolor” no compartan esta decisión. Me inclino a pensar que todo aquél que se apresure a diferenciarse del gobierno electo, terminará pagando un costo político alto.

Más noticias

Adolfo Garcé es doctor en Ciencia Política, docente e investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR

[email protected]

Temas:

Frente Amplio Tabaré Vázquez Luis Lacalle Pou Partido Nacional Coalición multicolor Guido Manini Ríos

Seguí leyendo

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos