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Coalición plantea dudas y frena acuerdo para evitar desalojos y lanzamientos

La coalición puso el freno ante las dudas y temores por los efectos que tengan iniciativas de esa magnitud 

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28 de junio de 2021 a las 05:00

El presidente Luis Lacalle Pou se comprometió personalmente con los representantes de los asentamientos Nuevo Comienzo y San Miguel a realizar gestiones ante los ministerios de Interior y de Vivienda y ante la Intendencia de Montevideo para evitar procedimientos policiales con excesos y buscar una fórmula que les permita acceder a una vivienda a más de 300 familias. 

Se trata de las personas que se manifestaron el pasado martes frente a la Torre Ejecutiva, aprovechando que el mandatario estaba fuera del edificio recibiendo a varios embajadores que llegaban a presentar cartas credenciales. 

La denuncia le fue entregada en mano por una de las referentes del grupo. Fabiana Molina, que este viernes aclaró que el presidente no se comprometió a nada. “Dijo que iba a ver qué podía hacer”. De todas formas buena parte de su destino, y el de cientos de familias más, se estaba jugando muy cerca de allí.

Todo parecía indicar que, como pocas veces en este gobierno, oficialismo y oposición iban a lograr un acuerdo unánime que permitiera una solución, mientras dure la emergencia sanitaria, para las personas que viven en asentamientos o que tienen problemas para afrontar el alquiler de sus viviendas. 

La unión de tres proyectos de ley, dos presentados por el Frente Amplio y uno por Cabildo Abierto, promovían regular el “derecho a la vivienda” durante la pandemia, frenando los desalojos y lanzamientos. 

Todos los partidos habían demostrado su disposición a aprobarlos rápidamente, e incluso se había pensado en sancionarlos en forma grave y urgente este mes en la Cámara de Diputados. 

Pero todo quedó en fojas cero cuando, en representación de la coalición de gobierno, el diputado colorado Walter Cervini planteó en la comisión de Vivienda de la cámara baja algunas “dudas” sobre la redacción de las iniciativas y sobre los efectos que pueden generar si se aprueban. 

En diálogo con El Observador Cervini explicó que se considera necesario tener las consultas correspondientes con Vivienda y también con el Ministerio de Economía, para conocer sus opiniones. “Esto requiere tiempo, no es fácil tener rápido las respuestas".

Cervini dijo temer las implicancias que estas leyes puedan tener. Por ejemplo, en el tiempo en que sus efectos deban estar vigentes. 

Es que los tres proyectos ponen como base la fecha en que el gobierno decrete el final de la pandemia. El de Elsa Capillera (Cabildo Abierto) hablan de suspender los desalojos de ocupantes irregulares como de arrendatarios de viviendas hasta 180 días después de esa fecha. 

En el caso del Frente Amplio, se plantean 90 y 180 días respectivamente. 

“La primera duda que me genera es cómo podemos definir el plazo”, apuntó Cervini. “Nos estamos enfrentando a un enemigo biológico, que no podemos saber qué variación puede tener”. 

El no poder identificar el plazo final de la pandemia, apuntó, terminaría perjudicando a propietarios que “no necesariamente tienen una situación económica muy diferente de los que queremos ayudar con la detención de los lanzamientos”. 

Por ejemplo, los que dependen exclusivamente de ese alquiler para poder cubrir sus gastos. 

Ante sus colegas de la comisión se preguntó qué mensaje se les da a los sectores que generan trabajo, como inversionistas o constructores. “Por un lado les decimos que inviertan y construyan vivienda y, por otro, les damos una señal muy mala, porque ni siquiera van a saber cómo son las reglas con un proyecto de esta magnitud”. 

Cervini planteó, tal como están redactados los proyectos, que el propietario no va tener idea cierta de cuánto va a poder cobrar o cambiar de inquilino. 

Ante esta situación, el compromiso de la bancada de la coalición de gobierno es trabajar en un nuevo texto. La comisión volverá a reunirse el  próximo 7 de julio, aunque sin perspectivas de acuerdo. 

Emergencia

“Era demasiado bueno para que esto saliera”, comentó la diputada Susana Pereyra (FA) sobre el fracaso. “Realmente es una decepción. Este es mi tercer período como legisladora y es la primera vez que, habiendo trabajado y llegado a un acuerdo, luego se lo viene a tirar abajo”, dijo a El Observador.   

La legisladora alertó que la situación se agrava día a día: “Se se sigue judicializando a la gente que vive en los asentamientos y se lo hace al barrer. Todo esto lo podíamos haber evitado”. 

“Acá lo que no se entiende es que estamos legislando para una emergencia”, protestó. “La gente está en emergencia, estamos viviendo un invierno que va a ser duro y que la gente lo va a pasar peor de lo que lo está pasando”. 

Pereyra remarcó que Uruguay es uno de los países a los que se les “vino abajo” la gestión de la pandemia. “Ahora somos un desastre porque estamos perdiendo uruguayos todos los días y algo hay que hacer”. Remarcó que estos proyectos incluso significarían un “salvavidas” para el Ministerio de Vivienda, al sacarlo del “brete” de tener que pagarle diariamente a familias que ganaron un recurso de amparo y al que está obligado a otorgarle viviendas.  

“Nos da pena y angustia que con esa plata que podría destinarse para otros fines el ministerio tenga que pagar una multa que decretó la Justicia”, dijo. 

La diputada rebatió en comisión los argumentos de Cervini, al remarcar que el proyecto del Frente Amplio preveía un subsidio para los propietarios que hubieran sido afectados por el freno a los lanzamientos. 

En términos generales, Pereyra consideró que en esta gestión de gobierno las políticas de vivienda están congeladas. “Ni siquiera se está continuando con cosas que quedaron de nuestro gobierno”. 

“Nosotros (por el FA) no somos los que tenemos los votos para sacar esto. Si no fuera así, ya lo hubiéramos hecho”, apuntó. “Me preocupa dilatar leyes de emergencia, porque esta ley no es para toda la vida”. 

Indirectamente, apuntó a Cervini. “Siempre pensamos en las cámaras, en los empresarios y nunca pensamos en los pobres. Es muy difícil resolver el tema de la vivienda precaria y el gobierno lo está comprobando”.  La diputada advirtió que nadie se pelea por ir a vivir a un asentamiento. “Va la gente que no tiene más remedio”.

La incomodidad de Vega

“La verdad es que muchas veces me arrepiento de haberme anotado para integrar esta comisión”, dijo César Vega (PERI). “No me siento cómodo, porque los temas me sobrepasan”.  Más allá de esta reflexión, el legislador dejó en claro que en este tema “estoy con la gente del Frente”. 

“Cuando hay que tomar una decisión con valentía se toma la decisión y listo”, sostuvo. “Si tanto nos importan la pandemia y el frío tomemos la decisión hoy mismo”. 

Para Vega, siempre habrá quien perderá con este proyecto. “Es muy embromado que te llegue fin de mes y vos no sabés si vas a poder pagar el lugar donde vivís. Prefiero quedarme sin comida para morfar”. 

La diputada Elsa Capillera (Cabildo Abierto), autora de uno de los proyectos, dijo haberse sentido “atomizada” por las dudas que le planteó Cervini a lo largo de la semana, aunque terminó por entenderlo. 

“Yo no soy muy técnica. Le dije a mi abogado todo lo que quería y él me armó el proyecto”, admitió. Lo hizo, dijo, pensando en el invierno y en la gente que no puede pagar el alquiler. Y, pensando en todo eso, “uno puso en esto más el corazón que la razón, pero al llegar al tema jurídico uno se da cuenta que quizás por ayudar a unos perjudicamos a otros”. 

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