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18 de enero 2023 - 5:01hs

El exsecretario de Seguridad de México Genaro García Luna, que lideró la “guerra contra las drogas” durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y fue un aliado clave de la Central de Inteligencia Americana (CIA) y la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), se sentó este martes en el banquillo de los acusados del Tribunal Federal del Distrito Brooklyn, en Nueva York, acusado de haber ayudado al cártel liderado por Joaquín "Chapo" Guzmán de introducir 53 toneladas de cocaína en los Estados Unidos.

Se trata del exfuncionario mexicano de más alto rango en ser procesado en territorio estadounidense por tráfico de drogas y lavado de dinero. Detenido el 4 de diciembre de 2019 en el estado sureño de Dallas, García Luna se declaró inocente de los cargos, que podrían acarrearle una condena de entre diez años de cárcel y cadena perpetua por conspirar con miembros del cártel de Sinaloa para exportar y distribuir droga en los Estados Unidos entre 2001 y 2012.

El proceso promete revelar nombres y vínculos hasta ahora desconocidos. La fiscalía estadounidense alega que a partir de enero de 2001 se "convirtió en miembro de la conspiración del cártel de Sinaloa" al ayudar al grupo narco direccionando operativos para evitar interferir en sus operaciones, entregándole información clave, deteniendo a miembros de cárteles rivales y colocando funcionarios corruptos en influyentes puestos de poder a cambio de recibir "millones de dólares".

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García Luna, de 54 años, ingeniero mecánico de formación y de origen modesto, comenzó a acumular poder en 2001, cuando el entonces presidente Vicente Fox (2001-2006) lo designó al frente de la ya extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), el organismo encargado de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, función en la que permaneció hasta 2006. Ese año, el sucesor de Fox, Felipe Calderón lo ubicó al frente del Ministerio de Seguridad Pública.

Desde ese cargo, y hasta 2012, sumó el control directo de la Policía Federal y de todos los organismos de inteligencia del país en el marco de una polémica ofensiva antidrogas con la participación de las Fuerzas Armadas, estrategia que aún continúa y que dejó hasta el momento un saldo de 340.000 muertos, además de decenas de miles de desaparecidos y una infinidad de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en el marco de una ola de violencia que no cede.

“No sólo fue el hombre más poderoso en temas de Seguridad del gobierno de Calderón, sino que fue un aliado clave de la DEA y, en forma paralela, de Joaquín Chapo Guzmán”, explicó a la agencia de noticias AFP la periodista cubano-mexicana Peniley Ramírez, autora del libro de investigación Los millonarios de la guerra, trabajo que pone la lupa sobre la trayectoria y los vínculos de los principales actores de la guerra declarada por Calderón contra el narcotráfico.

El nombre de García Luna surgió en 2018 durante el juicio al "Chapo" Guzmán, quien fuera condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos, proceso concretado por el mismo tribunal de Brooklyn que preside el juez Brian Cogan, quien ahora juzgará el ex hombre fuerte del gobierno de Calderón. La base de la acusación es el testimonio de Jesús “Rey” Zambada, un ex integrante del cártel de Sinaloa, que contó haberle entregado en diferentes restaurantes de Nueva York maletas con entre seis y ocho millones de dólares en sobornos entre 2005 y 2007.

“García Luna, este hombre de origen humilde que terminó millonario, contaba con el apoyo del gobierno mexicano y del gobierno estadounidense, razón por la cual tenía sobrados motivos para creer que nunca le iba a pasar nada", explicó a AFP Ramírez, quien dejó México en 2012 y se radicó en los Estados Unidos, cuya nacionalidad solicitó y le fue acordada en 2018.

La defensa, dirigida por el abogado César de Castro, solicitó que se les permita presentar pruebas de las reuniones que su representado mantuvo con funcionarios estadounidenses. “Las felicitaciones y premios que recibió de los Estados Unidos por sus esfuerzos en combatir los cárteles de la droga mexicanos son tan relevantes como las pruebas de la estrecha relación del señor García Luna con los legisladores y las fuerzas de seguridad estadounidenses", afirmó el abogado en declaraciones recogidas por AFP.

"Hasta ahora, no se habló lo suficiente de cuánto sabía la DEA de las supuestas actividades criminales de García Luna ni cuándo lo supo", afirmó Ramírez, quien se pregunta "por qué el gobierno estadounidense siguió confiando en él y durante tantos años a pesar de que había muchas pistas de que algo andaba mal".

El actual gobierno de México, que pidió su extradición a los Estados Unidos, también acusa a García Luna de desviar más de US$ 250 millones del erario público hacia empresas de su familia. Por ese motivo, en septiembre de 2021, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una demanda para recuperar activos por unos US$ 10 millones que el exfuncionario tiene radicados en ese país.

Según la fiscalía, el "superpolicía" también habría ayudado en la espectacular y sonada fuga de “Chapo” Guzmán en 2015 del penal de máxima seguridad de El Altiplano, ubicado a unos 90 kilómetros al oeste de Ciudad de México. Según Ramírez, el trasfondo de la historia hay que buscarlo en el “negocio” en el que se convirtió la seguridad en México en el marco de una “guerra contra el crimen organizado que reportó a García Luna pingües beneficios gracias a su supuesta participación en empresas del ramo, que obtuvieron contratos con el gobierno”.

Desde que fue detenido en 2019 en Dallas, el juicio contra García Luna fue aplazado en varias ocasiones, primero por los varios brotes de Covid-19 registrados en la cárcel de alta seguridad de Brooklyn donde permanece detenido, y luego por la ampliación de la investigación por parte de los fiscales, legajo que contiene más de un millón de fojas y que le permitió a su defensa obtener seis aplazamientos.

Ahora, las expectativas están puestas en la información que pueda salir a la luz sobre los vínculos de García Luna y los negocios que tuvo con diferentes instancias y funcionarios. Según Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y actual encargado de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Estado de Hidalgo, el gobierno de México envió a las autoridades estadounidenses documentos que prueban que políticos federales y estatales ayudaron al acusado a hacer contratos valuados en cientos de millones de dólares.

De acuerdo con Nieto Castillo, la actual situación de violencia provocada por 19 grupos del crimen organizado, incluidos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Pacífico –también conocido como de Sinaloa–, se generó a partir de los acuerdos que hizo el ahora detenido con algunas organizaciones, lo que derivó en que sólo algunos criminales fueran perseguidos. Ante la cercanía del juicio, el extitular de la UIF advirtió que “van a salir nombres”.

“Esa información se encuentra en posesión de las autoridades norteamericanas y de las autoridades mexicanas, y es algo que se empezará a discutir”, se limitó a señalar Nieto Castillo. “Es un hecho. Las contrataciones de las empresas de García Luna se sustentan en contratos con la administración pública federal, y esos contratos ya están en posesión de las autoridades de ambos países”, añadió.

Según diversas fuentes, el dinero que habría recibido García Luna y sus socios por las contrataciones, como así también los pagos hechos por el Cartel de Sinaloa, eran enviados a Panamá y desde allí se distribuían a cuentas en Miami, desde donde García Luna lo enviaba a bancos localizados en Israel, Nassau y Letonia.

Nieto Castillo, en declaraciones a medios mexicanos, recordó que García Luna comenzó a “construir su leyenda” en el gobierno de Fox y que posteriormente se convirtió en “una pieza fundamental” como secretario de Seguridad de Calderón, para finalmente llegar durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) a concretar múltiples contrataciones con las que se habrían hecho desvíos de recursos, entre otros delitos.

“El ejercicio del poder y la vinculación con los Estados Unidos se va fracturando cuando las autoridades norteamericanas comienzan a tener los testimonios y vestigios de que había una relación o por lo menos una componenda con grupos de la delincuencia organizada”, resumió Nieto Castillo. El punto de quiebre en esos años: el direccionamiento de los operativos de seguridad, que debilitaban a los grupos rivales del Cartel de Sinaloa.

Nieto Castillo apunta que la evaluación nacional de riesgo de 2021 sobre lavado de dinero indica que hay 19 organizaciones delictivas de alto impacto y dos de carácter nacional e internacional actuando en México en la actualidad, “estructuras criminales que se fortalecieron a partir de las acciones de García Luna en lugar de perder fuerza, lo cual indicaría algunos vínculos que se habrían dado con ayuda del poder político y el poder económico”, estimó el titular de la PGJ del Estado de Hidalgo.

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