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Comisión anti UPM dice que gobierno tiene hasta el 13 de abril para notificar suspensión de obra

Luis Lacalle recibió a representantes del movimiento UPM 2 NO, que plantearon hacer uso de la cláusula 7 del contrato entre Uruguay y la empresa finlandesa 

César Vega, Gustavo Salle y Patricia Wolf

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31 de marzo de 2020 a las 18:44

El presidente de la República, Luis Lacalle, recibió este martes a representantes contrarios a la instalación de la segunda planta de la empresa finlandesa UPM en Paso de los Toros. 

Después de que se diera a conocer una cláusula del contrato entre la papelera y Uruguay, en el que se habilita la posibilidad de la suspensión de las obras por “causa extraña no imputable”, los opositores al proyecto consideran que el coronavirus podría considerarse como causante excepcional y una oportunidad para frenar la pastera. 

Según los impulsores de que se detengan las obras, el gobierno tiene plazo hasta el 13 de abril para notificar a la empresa la decisión sobre la suspensión o no de las obras.

De acuerdo al numeral 7 del contrato firmado en noviembre de 2017 entre el Poder Ejecutivo y UPM, “en la medida que dicho evento o circunstancia no pueda ser superada y no pueda haber sido evitada o resistida por la parte afectada” se puede establecer diligencia razonable.

“Los siguientes eventos conforman una lista no exhaustiva de causa extraña no imputable, en el marco de lo dispuesto por la cláusula: fuego, explosión y hechos de la naturaleza, incluyendo, sequía, inundación, perturbación atmosférica, relámpagos, tormentas, tifones, huracanes, ciclones, tornados, terremotos, tsunamis, deslizamientos, erosión del suelo, hundimientos, desastres o epidemias”, se señala en el documento.

El contrato también establece que en los casos en los que se haya producido una causa extraña no imputable, la parte que la alega deberá comunicar su incidencia a la otra parte en un plazo máximo de 20 días hábiles de ocurrido, "debiendo aportar en el mismo momento, la información necesaria que acredite la ocurrencia del mismo, su gravedad, su duración y su incidencia en el incumplimiento a que da lugar". 

Una vez terminada la reunión, la comunicadora Patricia Wolf, dijo que la idea era señalarle al presidente lo que decía esa cláusula, que ven desde el movimiento como “una oportunidad”.

“Ustedes se preguntarán si es el momento adecuado dada esta situación de crisis y la realidad es que sí”, señaló Wolf.  

“Este movimiento es apolítico y no tiene ninguna bandera, con muchos tipos de ciudadanos que están muy preocupados por la inversión que tiene que hacer nuestro país en función de esta empresa”, dijo Wolf, que aclaró que Lacalle ya estaba en conocimiento de la cláusula en cuestión.

Por su parte, el abogado y comunicador Hoenir Sarthou -integrante del movimiento UPM 2 NO-, dijo que no se esperaba una respuesta inmediata, sino que “lo que se fue a hacer fue un planteo al presidente que tiene sus procesos”.

“Lo que hicimos fue plantear nuestra preocupación y hacer hincapié en la posibilidad que se suspenda el cumplimiento de la obligaciones dada la emergencia sanitaria que vive el país”, dijo.

Los representantes del movimiento además plantearon la iniciativa que llevan con el objetivo de aprobar una reforma constitucional que deje sin efecto el contrato ROU-UPM y evitar que en el futuro se firmen contratos “en secreto y sin consulta parlamentaria ni conocimiento público”.

Participaron de la reunión también el diputado por Cabildo Abierto, Eduardo Lust y el legislador por el Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega. También lo hizo el excandidato a presidente por el Partido Verde Animalista Gustavo Salle.

      

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