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Con voto "vacilante" de Cabildo Abierto, forman investigadora sobre Carrera; FA habla de "ruptura de reglas democráticas"
Con los votos del oficialismo quedó aprobada este martes en el Senado la comisión investigadora que indagará sobre las presuntas irregularidades ocurridas en la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017. Se trata del nombre oficial del ámbito parlamentario que sustanciará las acusaciones políticas contra el senador frenteamplista Charles Carrera (MPP), que ocupó ese cargo durante esos siete años bajo la gestión de Eduardo Bonomi.
La formación de la comisión fue aprobada con votos blancos, colorados y de Cabildo Abierto. Hace referencia a lo sucedido el 11 de noviembre de 2012 en La Paloma. Ese día Víctor Hernández estaba en su domicilio cuando escuchó detonaciones de armas de fuego. Cayó al suelo, cuando una bala hirió su brazo izquierdo, le atravesó el pulmón y le partió la columna vertebral, lo que lo dejó paralítico.
Como el viernes pasado se cumplieron diez años, la causa prescribió y a nivel penal esos hechos quedaron sin sanción. La Justicia no pudo determinar quiénes fueron los responsables ni tampoco de dónde provinieron los disparos. Sin embargo se presume –y todos los involucrados así lo asumen– que el origen estuvo en una casa que pertenecía al ministerio y en la que vivía el entonces subcomisario, Marcos Martínez.
La denuncia parlamentaria fue elaborada por el senador nacionalista Jorge Gandini y apunta a la intervención personal de Carrera, que permitió que Hernández –luego de estar ingresado ocho meses en el Hospital de Clínicas– pasara el 24 de julio de 2013 a ser atendido de forma irregular en el Hospital Policial. Allí estuvo junto a su hermano –otro civil– ocupando dos salas por un total de 1.252 días, hasta el 4 de enero de 2017.
Gandini señala que durante ese período Hernández recibió prestaciones médicas en forma ilegítima, ya que se trataba de un civil. También recibió ayuda económica por un total de $ 240 mil a través de tickets de alimentación destinados exclusivamente a policías, junto al uso irregular de vehículos oficiales "para pasar las fiestas" en su domicilio y emergencia móvil. "Tal vez con la intención" de regularizar su situación, apuntó el senador, Hernández fue ingresado luego al registro como oficial subayudante, condición y grado que tampoco poseía.
El senador nacionalista remarcó además que Carrera, como jerarca ministerial, "incitó" a Hernández a demandar al propio organismo. Esto se concretó en octubre de 2016, con un fallo en primera instancia en favor del ministerio. Fue a partir de una conversación cuya grabación fue difundida en el programa Santo y Seña y de Canal 4, en donde el actual senador frenteamplista lo exhorta a emprender acciones legales y le ofrece incluso acceso al expediente administrativo, recomendándole además a un abogado.
Según la denuncia parlamentaria, el accionar de Carrera podría estar configurando varios delitos. Entre ellos, abuso de funciones, fraude, revelación de secretos y encubrimiento.
FA no irá y advierte consecuencias
Además de no dar su voto, el Frente Ampio tampoco asistirá a la comisión investigadora sobre un asunto "en origen absolutamente desgraciado", en referencia a la situación de Hernández.
El informe en minoría, redactado por el senador Enrique Rubio, plantea un cúmulo de objeciones al mecanismo al que recurrió la coalición de gobierno. Entre ellas, una "aplicación fraudulenta" de lo previsto en relación a este tipo de comisiones. El argumento es que su cometido está delimitado por la Constitución y la ley: promover un juicio político a un legislador, resolver su desafuero o ejercer sobre él poderes disciplinarios.
El problema, se afirma, es que se pretende investigar al actual senador Carrera por hechos que supuestamente cometió no siendo senador, sino como integrante del Poder Ejecutivo. Por otro lado, se afirma, si la razón de la acusación fuera su actuación como director general del ministerio, ese cargo no está incluido dentro de los pasible de juicio político. Menos aún cuando la Justicia nunca hasta ahora determinó que Carrera cometió un delito. Rubio hace allí referencia a la denuncia por "delitos graves" que el actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ordenó presentar hace algunas semanas contra el legislador frenteamplista.
"El Poder Legislativo no tiene competencia para juzgar o tipificar delitos", asegura el informe de Rubio, que advierte sobre la eventualidad de una "paradoja": Que Carrera resulte inocente para la Justicia mientras el Senado, por mayoría oficialista, eventualmente lo destituya por considerarlo políticamente culpable.
"Sería irracional acusar y juzgar a un senador en un juicio político cuando no existe sentencia de un juez que declare la comisión de un delito", se advierte.
A juicio del Frente Amplio el oficialismo, a través de este mecanismo, avanza en forma indebida sobre las competencias de la Fiscalía y el Poder Judicial. En ese marco, se advierte sobre "el riesgo de presión del poder político sobre ambos órganos independientes o, como mínimo, la sensación de presión que puede nítidamente percibir la ciudadanía". Por otra parte, se subraya, la coalición de gobierno tiene toda la intención de darle a la comisión un tratamiento que permite transformarla a nivel de la prensa en un "tema de agenda política diaria".
Como la denuncia contra Carrera en la Justicia partió por indicación de Heber, afirma el Frente Amplio, la comisión investigadora terminará por ser una "acción cooperativa" del gobierno y la mayoría parlamentaria para "pesquisar a un senador que, además, integra un partido político opositor con un rol notoriamente activo".
"El objetivo político de distracción de los verdaderos temas que el actual gobierno con sus aliados ya no se puede esconder y se torna evidente", afirma el informe. "La ruptura de las reglas de convivencia democrática con este hecho augura un cambio en el escenario político cuyas consecuencias aún no es posible evaluar".
Serán solo cuatro
La decisión del Frente Amplio de no integrar la comisión dejará a la investigadora con apenas cuatro miembros: Los nacionalistas Graciela Bianchi y Amín Niffouri, el colorado Pablo Lanz y el cabildante Guillermo Domenech, que este martes votó "con muchas vacilaciones".
En su discurso, el legislador sostuvo que existen temas mucho más importantes que el Parlamento debería abordar. Domenech lamentó el "ciclo perverso" en el que parece estar inmerso el Uruguay a partir de los continuos enfrentamientos entre oficialismo y oposición y dejó un aviso: no está dispuesto a que esta comisión se transforma en una "persecución" en contra de Carrera o cualquier otro ciudadano.
Una variedad de causas
La situación derivó en diversos procedimientos judiciales que involucran a varios exjerarcas e integrantes de Interior. En un juzgado penal de Rocha se había presentado una denuncia por un delito de "lesiones gravísimas", que fue la que prescribió. En paralelo, en otro juzgado rochense se sustancia una causa por "falso testimonio" contra María Stella González. La entonces directora de Asuntos Internos había negado en su primer momento que su voz se escuchara en la grabación de la reunión en lo que se "incitó" a Fernández, aunque luego terminó admitiéndolo.
Ante la Fiscalía Letrada de Rocha hay una ampliación de la denuncia que Hernández había presentado por "abuso de funciones", que data de octubre del año pasado. Finalmente, ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de Montevideo las actuales autoridades ministeriales reclamaron en julio de este año que se investiguen "hechos de apariencia delictiva" que involucran a Carrera.
A nivel administrativo el caso derivó en dos sumarios. Uno fue el 27 de diciembre de 2018 y determinó una sanción al subcomisario Marcos Martínez, desde cuya casa partió presuntamente el disparo que dejó paralítico a Hernández.
Otra resolución ministerial determinó en abril de 2014 una sanción de 20 días a Martínez por el extravío de un rifle calibre .22, luego reducida a diez días ante un recurso de revocación interpuesto por el involucrado. Desde agosto de este año existe una investigación administrativa sobre la atención médica y económica irregular que recibió el damnificado.
