En una insólita y polémica decisión, un grupo de concejales de derecha y referenciados con el pinochetismo aprobaron una ordenanza que prohíbe a los menores de 16 años salir de noche sin ser acompañados por un adulto en la próspera ciudad balnearia de Zapallar, ubicada a unos 160 kilómetros al noroeste de la capital del país.
Los legisladores argumentaron que de esta forma se evita la exposición de los menores a las drogas, el alcohol y a los hechos de inseguridad, ordenanza que, además, contempla multas de entre US$ 200 y US$ 300 para los infractores, pese a denuncias previas de que la medida atenta contra las libertades individuales.
La normativa, promovida por un intendente de centroderecha apoyado por el pinochetismo, deberá esperar para su entrada en vigencia la firma del correspondiente decreto por parte del alcalde Gustavo Alessandri, legislación que también obliga a los jóvenes de entre 16 y 18 años a "portar un número de contacto que advierta estar pendiente del lugar y la condición en que el menor se encuentra".
La ordenanza prevé que si un menor de edad incumple la ordenanza, el municipio pasará el caso al Juzgado de Familia, con multas que van entre el equivalente a los US$ 63 y US$ 189 aproximadamente; y que se elevan según a sanciones de entre los US$ 200 y los US$ 300 para las reincidencias.
“Estamos convencidos que esta ordenanza no transgrede lo establecido en la Constitución", dijo Alessandri, un independiente que gobierna la acomodada ciudad con el apoyo de la pinochetista Unión Demócrata Independiente. "Con ella respondemos a una de las grandes preocupaciones que tienen nuestros vecinos por el creciente número de delitos que hay en el país y del que Zapallar no es la excepción”, agregó el intendente.
El gobernador de la región de Valparaíso, donde queda Zapallar, Rodrigo Mundaca, dijo a CNN Chile que la ordenanza, “si bien responde a la autonomía que tiene el municipio, atenta contra las libertades individuales que son esenciales de respetar y cautelar”. Por su parte, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, definió la ordenanza como un “toque de queda” que viola la Constitución.
"Como Defensoría de la Niñez, manifestamos lo que en su momento a propósito de iniciativas de esta naturaleza de otros alcaldes dijimos: ninguna ordenanza municipal puede estar por sobre la Constitución ni la ley”, expresó Muñoz. “Es evidente que una decisión como la que se ha anunciado no puede proceder en nuestro Estado de Derecho, desde la perspectiva de asegurar precisamente a niños, niñas y adolescentes su condición de sujetos de derecho y el ejercicio de todos aquellos que la Constitución y la ley les asegura”, agregó.
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