Una empresa extranjera de dudosa procedencia y escasas credenciales en su rubro. Una contratación directa por US$ 280 mil observada por el Tribunal de Cuentas. Un pago frenado por el Banco República por posible contravención de la normativa anti lavado de activos. Una transferencia obstaculizada luego por funcionarios del propio ministerio que había dispuesto la compra en primer lugar. Un servicio del que no quedaron rastros, y que autoproclamados representantes de la firma dicen que nunca se llegó a concretar. Un ministro que en medio de todo ello es empujado a renunciar y una investigación que recién comienza.
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