El martes 12 de agosto minutos después de la medianoche, dos policías tocaron timbre en el domicilio del futbolista tricolor Diego Arismendi, procesado con arresto domiciliario, por salir del país sin permiso de la Justicia. En enero fue enjuiciado por participar en la trifulca del clásico con Peñarol. Los agentes de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) intentaban confirmar si el futbolista cumplía efectivamente la sanción, pero no tuvieron éxito; nadie respondió el llamado. Arismendi declaró dos días después en el juzgado penal que había tomado somníferos para descansar y que por eso no había escuchado el timbre.
El nuevo sistema de tobilleras electrónicas para controlar los arrestos domiciliarios que comenzará a implementarse antes de fin de año permitirá vigilar con mayor rigor el cumplimiento de esta medida cautelar.
También contribuirá a reducir el costo de los procesados. Un preso le cuesta al Estado US$ 750 por mes, mientras que el alquiler de cada equipo para controlar el arresto domiciliario tiene un valor de US$ 330 al mes.
En promedio, un centenar de procesados tienen el beneficio del arresto domiciliario en la zona metropolitana, informó la directora del OSLA, Sandra Alonso, a El Observador. El plan piloto que pondrá en marcha el Ministerio del Interior en coordinación con el Poder Judicial dispone de 50 tobilleras electrónicas, lo que permite abarcar a la mitad de los procesados con prisión domiciliaria.
Una comisión integrada por el Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Poder Judicial envió a la Suprema Corte de Justicia el viernes el proyecto para la instrumentación del sistema piloto. Los beneficiarios del arresto domiciliario, dispuesto como medida sustitutiva a la prisión por un juez, deberán tener una tobillera electrónica y una base con teléfono en su domicilio. Desde el Centro de Comando Unificado, el mismo equipo que hoy monitorea el sistema de tobilleras electrónicas dispuesto para prevenir casos de violencia doméstica vigilará el cumplimiento del arresto domiciliario.
Si el procesado se aleja de la base a una distancia mayor de la permitida, una alerta se encenderá en el Centro de Comando Unificado, desde donde un policía llamará al teléfono que está en la base. En caso de que el procesado no responda, la Policía concurrirá al domicilio. Si prueban que la medida cautelar se incumple, terminará tras las rejas.
El ingeniero Federico Laca, uno de los representantes del Ministerio del Interior en la comisión encargada del proyecto, explicó a El Observador que otra alerta se encenderá en caso de que se intente mover o dañar la base o se destruya o corte la tobillera.
Este modelo de vigilancia es aún más fácil de instrumentar que el implementado para casos de violencia doméstica, porque en esos casos el Centro de Comando Unificado debe controlar el movimiento de dos personas al mismo tiempo.
El sistema para prevenir violencia doméstica se implementa en Montevideo, Canelones y San José. El Ministerio del Interior tiene a disposición 160 pares de tobilleras, de las que hay en uso 92.
En junio de 2013, el ministerio informó que el 10% de los que utilizaron el dispositivo en casos de violencia doméstica incumplió la medida, rompiendo la tobillera o transgrediendo los límites de acercamiento a la víctima dispuesto por el juez, y por ello fueron enviados a prisión.
Prioridad, embarazadas
En el informe que presentó el viernes a la Suprema Corte de Justicia, la comisión integrada recomienda que se otorgue el beneficio del arresto domiciliario a determinado perfil de procesados, en particular a las mujeres embarazadas o con hijos pequeños, para evitar que los niños se críen en la cárcel. En contrapartida, solicita que no se beneficie a procesados por narcotráfico, puesto que pueden seguir delinquiendo desde sus viviendas.
