Mundo > Brasil
Crece la violencia sobre las poblaciones indígenas brasileñas
Durante el gobierno de Jair Bolsonaro, los ataques contra los pueblos indígenas en Brasil han aumentado constantemente. En el curso de 2021, 176 indígenas han sido asesinados, una cifra similar a la de 2020 cuando se registraron 182 muertes violentas.
En su informe anual de 2021, “Violencia contra los pueblos indígenas en Brasil”, el Consejo Indigenista Misionario (CIMI), una institución vinculada a la Conferencia Episcopal Brasileña, registra 355 casos de violencia contra pueblos indígenas, el número más alto desde 2013.
En 2020 se habían registrado 304 casos -que incluyen muertes, amenazas, violencia sexual e intentos de homicidio-, lo que indica un aumento sostenido de estos hechos, “a un grado de violencia como no se había visto todavía”, afirma Lucia Helena Rangel, antropóloga que asesora al CIMI.
Desde que Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil, los estados que registraron más casos de asesinatos fueron Amazonas (38), Matto Grosso do Sul (35) y Roraima (32).
En el informe del CIMI se evalúa que “el contexto general de los ataques en los territorios indígenas, sobre sus líderes y comunidades, está relacionado con una serie de medidas del Ejecutivo que favorecen la explotación y apropiación privada de tierras indígenas”.
El abandono del proceso de demarcación de los territorios indígenas durante el gobierno de Bolsonaro favoreció el empeoramiento de las condiciones de violencia y el incremento de las invasiones de tierras, la explotación ilegal de recursos y los daños a propiedades comunitarias.
En 2020 se registraron 263 invasiones de territorios indígenas y en 2021 aumentaron a 305, un incremento del 16% de esas acciones en perjuicio de los habitantes originarios.
Según la antropóloga Rangel, en las regiones afectadas son una constante la presencia de maquinaria pesada, grupos armados, tiroteos y asesinatos como trasfondo de la minería del oro y la caserita, especialmente en la zona del Amazonas.
La situación no es solo por omisión del Estado, sino por acción del Ejecutivo y el Legislativo que han aprobado e instrumentado una normativa (la instrucción 09) que autoriza la certificación de propiedades privadas que estén en el interior de tierras indígenas aún no delimitadas y aprobadas.
En 2021 se avanzó más aun, permitiendo la explotación económica en tierras indígenas por organizaciones “de composición mixta” entre indígenas y no indígenas.
Las nuevas normas significaron la luz verde para invasores de tierras indígenas. Mineros de pequeña escala instalaron grandes infraestructuras, invasores de tierras desmontaron grandes extensiones de tierras para pasturas y monocultivos y pescadores, cazadores y leñadores intensificaron sus incursiones.
De acuerdo con estudios realizados por CIMI, el 62% de los 1393 territorios indígenas en el país están pendientes de regularización y, en muchos casos, pese a haberse presentado las correspondientes peticiones por parte de los indígenas, el Estado no ha dado ningún paso de avance en la demarcación de esos territorios.
También está empeorando la situación de los pueblos voluntariamente aislados, cuya situación está garantizada por decretos federales que en muchos casos están pendientes de renovación.
Uno de los casos es el de los Jacareúba-Katawixi, en el Amazonas, actualmente sin protección, dado que el decreto que garantiza su aislamiento expiró en diciembre de 2021 y no ha sido renovado. En otros casos, los decretos se renuevan sólo por seis meses.
Según el informe del CIMI, hay por lo menos 28 territorios con pueblos indígenas aislados, cuya existencia está en peligro por las invasiones y la violencia.
