No hay razones ni teóricas ni empíricas para esperar que el crecimiento económico necesariamente deba implicar una reducción de la desigualdad. Sí es de esperar que otras variables como el desempleo evolucionen de forma acompasada con el crecimiento económico.
La desigualdad en Uruguay presenta cierta inercia. Comenzó a aumentar de forma pronunciada en la década de 1990, siguió creciendo durante la crisis y luego se estabilizó en niveles altos.
El proceso de crecimiento que tuvo Uruguay en los últimos años está vinculado a un cambio tecnológico sesgado al trabajo calificado. Eso generó un aumento del desempleo relativo y de la brecha salarial de los trabajadores con menor nivel de educación respecto a los trabajadores menos calificados.
En algunos países ese cambio tecnológico vino acompañado de un aumento de la oferta de trabajo calificado a través de los sistemas educativos, y eso compensó la presión al alza de la desigualdad. Pero en Uruguay ese fenómeno no se dio. El país presenta retrasos importantes en al tasa de egresos del sistema educativo secundario y terciario.
También hay un segundo elemento. Uno de los pilares del crecimiento está vinculado al precio de los commodities que genera un proceso de apreciación de algunos activos, fundamentalmente la tierra, cuya distribución está concentrada en grupos reducidos de la sociedad y eso genera una presión adicional al aumento de la desigualdad.
Aun así, la presión al alza de la desigualdad en los últimos años fue compensada por una serie de políticas, fundamentalmente una reforma tributaria de sesgo progresivo y un conjunto de transferencias, como el rediseño de las asignaciones familiares. Pero en la medida que el país prefiera vivir en una sociedad equitativa –y creo que en Uruguay forma parte de los valores que vivimos– y el crecimiento económico siga asentado en las mismas bases, debe readecuar su matriz de políticas sociales, donde la educación tiene un rol clave.
