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Critican desequilibrio entre poder de DGI y defensa del contribuyente

Expertos reclaman la creación de tribunales especializados en materia tributaria

17 de enero de 2012 21:43 hs
El Observador | Redacción

Por  Redacción

Con la reforma tributaria de 2007 y las últimas exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre transparencia tributaria, la Dirección General Impositiva (DGI) adquirió un poder que algunos analistas consideran desmedido y claramente desequilibrado en relación a las herramientas con que cuentan los contribuyentes para defenderse en un diferendo.

La creación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, el cambio de criterio de fuente de renta territorial a universal –que permitió cobrar impuestos por activos fuera de frontera– y la nueva disposición que analiza el Parlamento para que el organismo recaudador sea el que reciba la información con los nombres de los propietarios de acciones al portador dejaron a la DGI en un centro de gravitación.

Expertos consultados por El Observador, además de criticar el peso de la DGI, entienden que debe sancionarse con más severidad cualquier fuga de información vinculada a la disposición que obligará a las empresas a informar sobre las acciones al portador.
Alberto Varela, del estudio Ferrere Abogados, opinó que esa información debería estar en la Auditoría Interna de la Nación (ANI) y no en un organismo que no tiene seguridad para manejar datos secretos. Comentó que un incidente de ese tipo “será una cuestión de tiempo”.

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Otras carencias que se marcan y que en los hechos deja a la DGI en una posición de fuerza superior es que no existen tribunales especializados en materia tributaria –lo que dilata los procesos judiciales–, así como un ombudsman que defienda a los que pagan sus impuestos.

Leonardo Costa, profesor de Derecho Tributario de la Universidad Católica, comentó a El Observador que la relación de la DGI con el contribuyente “es una pelea desigual” por el poder que tiene la administración. Dijo incluso que el alto costo de un juicio “incentiva a transar aunque no se esté de acuerdo con el reclamo”.

En la práctica, la DGI “tiene potestades brutales” por lo que el catedrático reclamó que se “acoten los procedimientos”.

Varela también marcó varias falencias del actual sistema. Por un lado –dijo– está la DGI del siglo XXI mientras la Justicia funciona como en el siglo XIX, que lleva a que los litigios duren años, período en el cual las empresas enfrentan embargos solicitados por Impositiva, anulación de certificado único que le permite operar, medidas cautelares y hasta intervención de cajas.

El experto criticó que todos los litigios tributarios deban resolverse como única instancia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que además se encarga de resolver desde una multa de tránsito, a una licitación o la suspensión de un funcionario público. La experiencia muestra que 85% de los casos se termina resolviendo a favor del contribuyente.

Por su parte, el tributarista Nicolás Juan, del estudio Guyer & Regules, dijo a El Observador que la DGI “no es irracional” aunque reconoció que en los últimos tiempos tomó un protagonismo mayor. El experto criticó el proyecto de ley sobre acciones al portador que en su opinión va bastante más allá de las exigencias de la OCDE. “Es mejor anular el régimen de acciones al portador que el que se propone”, afirmó.
Para las acciones al portador, Uruguay tomó el modelo alemán.

El tributarista Carlos Loaiza comentó su preocupación por el mecanismo genérico que existe para sancionar a funcionarios que vendan información reservada. En su criterio, el texto de la ley debería tener un capítulo con sanciones administrativas y penales para casos de tráfico de datos. También reconoció que la DGI tiene más facultades. “Desde el punto de vista institucional, estamos viviendo un desequilibrio en el desarrollo normativo. Tenemos un avance positivo en el sistema fiscal, que es más justo, y un aumento de potestades tributarias para hacerlo cumplir, pero no tenemos un desarrollo comparable en materia del derecho del contribuyente”, comentó Loaiza.

Un camino intermedio a la justicia especializada es el caso argentino, donde existe un tribunal en la órbita del Ministerio de Economía, formado por técnicos, “que funciona muy bien”, comentó Costa. Ese sería un paso previo al Tribunal de lo Contencioso.
Para Loaiza, el sistema judicial actual lleva a una “selección adversa”, donde quienes están más dispuestos a pelearse con la administración son los peores empresarios porque tienen más para perder. Pero un empresario serio que quiere seguir trabajando, va a querer solucionar rápido cualquier diferendo”, explicó.

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