Crónica de una pensión en guerra

La tensión es permanente en los pasillos de una pensión de cinco pisos en 18 de Julio y Río Branco, donde antes funcionaba el hotel Río de la Plata. La noche del miércoles 4 los encargados le pusieron un candado a la habitación de unos venezolanos que estaba atrasados con el alquiler. Los inmigrantes junto a otros inquilinos se enfrentaron a ellos hasta que intervino la policía. Para bajar los humos, los encargados los dejaron volver a sus cuartos. Pero desde entonces, el ambiente se ha vuelto todavía más espeso que en los últimos meses.

En la planta baja de la pensión vive Yesenia, una inmigrante de República Dominicana. Ella vive con su hijo y su pareja en una pequeña habitación húmeda atiborrada de muebles y juguetes y que está dividida en dos "ambientes" mediante una tela. Sus habitaciones dan a un salón en donde se juntan sillas y mesas rotas, y al que también da la cocina de la que sale olor a comida de olla.

Junto con otra compañera de República Dominicana, Yesenia es la voz cantante para denunciar que la pensión está infestada de ratas y chinches. En su celular guarda una foto del tanque de agua infectado con gusanos. Además se encarga de mostrarle a un periodista de El Observador el único baño impregnado de olor a orina que usan. Según ella, ellos utilizan un lampazo para limpiar el baño pero los encargados se encargan de ensuciarlo con las heces que quedan en el wáter. También denuncian que los encargados le cortaron la luz y rompieron los alargues con los que se conectaban a la corriente. Sin embargo, la encargada la interrumpe y la acusa de mentir. Ambas se amenazan y se insultan.

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En los pasillos de los pisos superiores, los inquilinos instalaron sus propias cocinas y mesas para comer. Entre las puertas entreabiertas se puede ver a personas mayores con la mirada perdida en la ventana. En el último piso, la pelea es entre uruguayos. Frente a la encargada, una vecina muestra las picaduras de las chinches. Otra inquilina, que vive con su hija en un pequeño cuarto atestado de ropa divido en dos ambientes por un placard, le reprocha a un hombre de piel curtida porque duerme en el pasillo.

En este panorama viven unas 128 personas entre las que se cuentan uruguayos, venezolanos, cubanos, y dominicanos que pagan entre $8.000 y $12.000 por habitaciones con y sin baño privado. A principios de enero, muchos inmigrantes, entre ellos Yesenia, se negaron a seguir pagando mientras se mantuvieran las condiciones insalubres. También se negaron a pagar una suba del 10% en los precios que según los encargados, es habitual en enero.

Según informó El País, en marzo de este año la Intendencia de Montevideo dispuso la clausura de la pensión por falta de mantenimiento. En el caso de las pensiones "la comuna no desaloja gente; solo clausura el giro del negocio, que en los hechos implica que no se puede seguir aceptando nuevos inquilinos", explicó el prosecretario de la comuna Christian Di Candia.

Los inquilinos que se negaron a pagar se acercaron a la ONG Idas y Vueltas que les aconsejó asesorarse con el Consultorio Legal de la Facultad de Derecho. Allí Juan Ceretta les recomendó no pagar hasta que esté levantada la clausura ya que los administradores no están cumpliendo con su obligación de mantener en condiciones la pensión.

Quienes explotan hoy el negocio aducen que las irregularidades constatadas por la Intendencia no son responsabilidad de ellos sino del propietario al que le alquilan el edificio desde diciembre del año pasado. Ese propietario tenía la pensión registrada ante el Ministerio de Vivienda todavía como un hotel, pese a que ya funcionaba como una pensión. El abogado Diego Paseyro, que representa a los inquilinos que administran la pensión, aseguró a El Observador que sus clientes ya se han presentado ante la comuna para regularizar la situación.

Pero además de esto, los administradores pretenden desalojar a los deudores. En la entrada hay un llavero con 43 habitaciones de las cuales 27 están marcadas en rojo para desalojar a los morosos. Los administradores ya han enviado telegramas a los inquilinos intimándolos a pagar. Pero además han ido al choque con los vecinos para desalojarlos. En uno de esos episodios, cuenta Yesenia, el administrador la trató a ella "de negra de mierda".

El pasado lunes, los administradores presentaron una denuncia ante la Justicia Civil para iniciar el desalojo. En respuesta a las acusaciones de los inquilinos, ellos sostienen que los encargados han sufrido agresiones y el inmueble tiene denuncias por ruidos molestos por "fiestas" que se organizan en los pasillos.

"Ellos pretenden quedarse con el edificio con formas cercanas a la violencia. Esta gente está ocupando un inmueble ajeno en vía de regularización sin pagar absolutamente nada. Es un abuso amparado y disfrazado por razones humanitarias porque son migrantes", aseguró Paseyro. "Si no están conformes y consideran que no está en condiciones deberían buscar otro lugar ¿porqué se quedan?", continuó.

Los inmigrantes aducen para quedarse que otras pensiones mejores son más caras o les piden una garantía que no pueden tramitar por no tener residencia y trabajo, cuenta Ceretta. Si se concreta el desalojo el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho los ayudará a empezar los trámites ante el Ministerio de Vivienda para obtener una garantía ante la Contaduría General de la Nación. Ceretta tampoco descartó la presentación de un recurso de amparo a la vivienda si son corridos de la pensión.