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Cuáles fueron las 41 comisiones investigadoras en el Parlamento desde 1985 y qué temas no prosperaron
El directorio de UTE asistirá esta semana a la Comisión de Industria del Senado para presentar al Parlamento un informe de la auditoría realizada sobre la empresa Gas Sayago. Los datos aportados serán determinantes para definir si el Partido Nacional suma sus votos a la propuesta de Cabildo Abierto y promueve la creación de una nueva comisión investigadora sobre el fallido proceso de construcción de una planta regasificadora en Uruguay.
De confirmarse, sería la segunda comisión de ese tipo que se crea en pocos días, luego de que la semana pasada y con el apoyo del oficialismo fue confirmada una que indagará sobre las “licencias irregulares” de varios integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes).
Hasta el momento, el Poder Legislativo procesó 88 pedidos de investigación desde el retorno a la democracia. De esa cifra, 41 se han plasmado, con resultados dispares, en una comisión investigadora.
Las mayorías relativas o absolutas en cada período se convirtieron en determinantes a la hora de que un planteo prosperara o terminara en fracaso.
Aunque la excepción fue la pasada legislatura, cuando errores de cálculo o quiebres en su bancada motivaron que el Frente Amplio fuera impactado por algunos temas que luego aparecieron como protagonistas de la carrera electoral de 2019.
De Ancap a ASSE, y la financiación de los partidos
El actual secretario de la Presidencia, el nacionalista Álvaro Delgado, presentó en julio de 2015 el pedido para investigar la “situación económica y financiera de Ancap” durante la gestión de los gobiernos de izquierda, con pérdidas estimadas por la oposición en casi US$ 1000 millones.
El Frente Amplio accedió, luego de una larga negociación, a dar sus votos. En 120 días de actuación, pasaron por allí decenas de convocados: ministros, autoridades y exautoridades del ente, directores, gerentes, responsables de bancos, consultoras y periodistas.
El trabajo de la comisión finalizó en febrero de 2016 y en abril de ese año los cuatro partidos de la entonces oposición presentaron una denuncia penal.
El foco siempre estuvo puesto en el entonces vicepresidente Raúl Sendic, a cargo de la petrolera estatal entre 2010 y 2013, que terminaría siendo el único procesado en la causa.
Le fueron tipificados los delitos de peculado, en relación a los gastos efectuados con la tarjeta corporativa del ente, y por abuso de funciones vinculado a su rol en las negociaciones de la deuda de Ancap con Venezuela.
Luego de un largo proceso judicial la sentencia fue ratificada en mayo de este año por la Suprema Corte de Justicia, que condenó a Sendic a 18 meses de prisión con suspensión condicional de la pena, una multa de casi $ 700.000, y la inhabilitación de ejercer cargos públicos por cuatro años. Si en un año no comente un nuevo delito, la pena se extinguirá y quedará libre de antecedentes.
Poco después, en noviembre de 2016, fue votada en la Cámara de Diputados una comisión investigadora en torno a la planta regasificadora. Fue promovida por el entonces diputado nacionalista Pablo Abdala y finalizó dos años después, en noviembre de 2018.
En este caso las conclusiones fueron derivadas a la Justicia, aunque el Frente Amplio impuso su mayoría y declaró “secretas” parte de las actuaciones, sobre todo en lo referido al proceso licitatorio para la obra. A nivel penal no hubo hasta el momento consecuencias.
Otra gran parte de la tensión parlamentaria en el período pasado estuvo centrada en la comisión investigadora que, en Diputados, indagó sobre irregularidades en la Administración de los Servicios de Salud (ASSE).
La investigación abarcó las gestiones que se sucedieron en el organismo desde 2008, a partir de la reforma de la salud implementada por el Frente Amplio. El tema generó un cimbronazo en la interna de la izquierda, ya que el voto de Gonzalo Mujica, entonces en filas frenteamplistas, fue decisivo para su conformación.
La comisión sesionó desde agosto de 2017 hasta junio de 2018, y sus promotores fueron el diputado Eduardo Rubio (Unidad Popular) y el nacionalista Martín Lema, ahora ministro de Desarrollo Social.
En marzo de 2017 Lema se había presentado ante la Justicia de Crimen Organizado para denunciar supuestos “sobreprecios” que ASSE le pegaba a Siemm, una empresa de emergencia de Bella Unión cuyos propietarios, además, estaban vinculados al organismo.
Uno de ellos, Marcos García, terminó siendo procesado sin prisión por conjunción de interés personal y público.
La causa fue engrosada al término de la comisión con otras denuncias sobre irregularidades en varios hospitales del interior, que no tuvieron consecuencias.
Ya sin Gonzalo Mujica en la Cámara, el Frente Amplio rechazó postergar el período de vigencia de la comisión, lo que dejó sin investigar buena parte de lo vinculado a la “estafa” contra el Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
Además en marzo de 2017 había quedado inaugurada otra comisión, cuyo destino era investigar denuncias sobre financiación irregular de los partidos políticos.
Su creación fue bastante similar a un partido de truco. Todo comenzó con la voluntad del Frente Amplio de investigar el caso del Cambio Nelson y a su propietario, Francisco Sanabria, entonces prófugo de la Justicia. El oficialismo pretendía indagar sobre una eventual financiación irregular del sector colorado Vamos Uruguay a través de esa empresa.
Pero los colorados cantaron “re truco” y plantearon incluir en la investigación a Cutcsa ,Tenfield y Fripur, señaladas como financiadoras de las últimas campañas del Frente Amplio.
La izquierda gritó entonces “vale cuatro” y amplió la investigación a todas las campañas electorales desde el retorno a la democracia.
Esta comisión reveló la limitación de los alcances de las investigadoras. Varios empresarios se negaron a comparecer, ya que legalmente nada los obliga a hacerlo.
La comisión concluyó su trabajo el 28 de diciembre de 2018, sin consecuencias políticas o judiciales.
En ese período también funcionó una investigadora que pretendió indagar sobre posible espionaje de inteligencia militar o policial en forma ilegal en vigencia de la democracia. Fue promovida por los frenteamplistas Gerardo Núñez y Luis Puig, y sesionó entre noviembre de 2016 y septiembre de 2018.
Para los promotores el trabajo permitió confirmar que existió un espionaje estatal al margen de la ley en el período democrático, incluso con conocimiento de jerarcas de la época.
A diferencia de la mayoría de las comisiones, esta concluyó con un informe votado en forma unánime por la Cámara de Diputados. Las actuaciones fueron derivadas a la Justicia, por la que ya han desfilado casi 20 exmilitares.
Por el camino
En el pasado período hubo además otros intentos de formar investigadoras, que fracasaron.
El voto de Gonzalo Mujica, aún en el Frente Amplio, no fue suficiente para llegar a una minoría que permitiera indagar los negocios de los gobiernos del Frente Amplio con Venezuela. Al entonces oficialismo se sumó el diputado Rubio (Unidad Popular) para bloquear el planteo.
Igual destino tuvo un proyecto del entonces líder colorado Pedro Bordaberry de investigar en el Parlamento la “situación de la corrupción en Uruguay”. Los detonantes fueron las causas judiciales que atravesaban en ese momento los gobiernos del kirchnerismo en Argentina y del Partido de los Trabajadores en Brasil.
En abril de 2019 había fracasado un intento de investigar las gestiones del Frente Amplio en el Ministerio de Desarrollo Social. El promotor fue el hoy titular de esa cartera, Lema, en un planteo que era acompañado por el actual presidente, Luis Lacalle Pou.
El Frente Amplio logró hacer fracasar el proyecto obteniendo a último momento el voto del diputado Darío Pérez, que esa vez optó por alinearse con el resto de la bancada.
La reapertura
Luego del retorno a la democracia en 1985 el primer gobierno de Julio María Sanguinetti observó una catarata de pedidos para formar investigadoras. Fueron 24 en todo el período, de los que 11 pudieron prosperar.
Hubo varias solicitudes vinculadas a episodios de la reciente dictadura.
El Partido Nacional abrió el juego al promover una comisión que investigó la muerte del Cecilia Fontana de Heber. El mismo día, el 20 de febrero de 1985, blancos y frenteamplistas votaban investigar los crímenes de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
En ese período también se investigaron la compra de carteras por parte del Banco Central, el destino de los detenidos desaparecidos, irregularidades en el Ministerio de Salud Pública, el endeudamiento interno y las compras de centrales telefónicas sin licitación.
Otras comisiones indagaron sobre nombramientos en ANDA, la venta de carne a Israel, nombramientos en el Banco Hipotecario e irregularidades en la represa hidroeléctrica de Palmar.
En esa legislatura no prosperaron los pedidos de investigacón sobre presuntos delitos cometidos por los integrantes de la dictadura, la gestión en AFE, la actividad de un grupo fabril en Rosario y de diversas instituciones de asistencia médica.
También fracasó el trámite parlamentaria para investigar varios casos polémicos de la época: la renuncia del intendente de Montevideo, Jorge Luis Elizalde, el acto político del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros en el Estadio Luis Franzini y la contratación de un seguro por sus organizadores, junto a un tema que ha estado presente desde entonces: el uso de los vehículos oficiales.
Mayorías blancas y coloradas
En el período de gobierno de Luis Lacalle Herrera se presentaron 17 pedidos de investigación en el Parlamento, de los que diez se cristalizaron.
Hubo comisiones investigadoras sobre temas como nombramientos en la Mina de la Valencia, la desaparición de Elena Quinteros, el Banco Comercial, la industria automotriz, la explotación y el uso del subsuelo y la situación de los casinos.
También sobre las políticas destinadas a los menores infractores, la cooperativa CALNU, presuntas irregularidades en el Banco de Seguros, y la licitación para gestionar el gas por cañería.
Sin investigar quedó la gestión de varios organismos y entidades: la Administración Nacional de Puertos y la Compañía del Gas.
La legislatura correspondiente al segundo gobierno de Sanguinetti consideró 11 pedidos de investigación, de los que siete se concretaron.
El período comenzó con la investigación sobre la polémica venta del Banco Pan de Azúcar. Continuó con las denuncias en torno a los vínculos de Focoex con el Ministerio de Salud Pública y el contrato de construcción del Edificio Anexo del Palacio Legislativo.
Hubo también investigadoras sobre irregularidades en el Instituto de Oncología y en la concesión de permisos de pesca.
Sin investigar quedaron otros temas recurrentes a través del tiempo, como irregularidades en Salud Pública, en Aduanas y los gastos en publicidad de Antel.
El período de gobierno de Jorge Batlle vio la solicitud de conformación de ocho comisiones investigadores, de las que solo tres llegaron a constituirse.
Hubo votos para investigar los negocios de Ancap en Argentina, la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo y, ya luego de la debacle de 2002, la actuación del sistema financiero y cambiario.
Entre lo que no se pudo investigar por falta de mayorías estuvo el cese del inspector policial Roberto Rivero, nuevas irregularidades en Salud Pública y denuncias similares en el Sodre, el Diario Oficial y la Dirección General Impositiva.
Los primeros gobiernos del FA
La legislatura que le correspondió al primer gobierno de Tabaré Vázquez procesó diez pedidos de formar investigadoras y solo tres se concretaron.
El Frente Amplio estrenó su mayoría parlamentaria con la investigación sobre una serie de gastos en las empresas públicas en el gobierno anterior. También sumó votos para indagar sobre la inhabilitación del Banco Central al economista Luis Porto, que en el período siguiente sería subsecretario de Relaciones Exteriores.
Los nacionalistas, en tanto, lograron apoyo para investigar la situación de la Colonia Berro.
Para lo que no hubo votos fue para indagar sobre la situación del exdiputado Leonardo Nicolini, nuevas irregularidades detectadas en los Casinos del Estado y una serie de compras de equipamientos militares. Tampoco para investigar la fusión de Pluna con Leadgate.
En tanto, durante el período de gobierno de José Mujica hubo ocho pedidos de conformar comisiones investigadoras, de los que solo uno llegó a ser convertido en comisión. Fue sobre la ley de Proceso Concursal.
Sin éxito, se planteó indagar en torno al contrato entre el Estado y Montes del Plata, el Sistema Nacional Integrado de Salud y , una vez más, el acuerdo entre Pluna y Leadgate.
Al final de ese período el Frente Amplio, anticipando lo que se avecinaba, intentó promover una versión propia de investigación sobre la situación financiera de Ancap, que no prosperó.
