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Datos de accionistas no estarán bajo secreto bancario si van al BCU

El gobierno aspira a que el texto definitivo ingrese al Parlamento antes del 1° de abril

9 de marzo de 2012 21:44 hs
El Observador | Redacción

Por  Redacción

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La Dirección General Impositiva (DGI) accederá “en forma directa y fluida” a la información sobre los propietarios de las acciones al portador, sin importar qué organismo resguarde esos datos.

La duda surgió cuando en la reunión del miércoles del ministro Fernando Lorenzo (Economía) con los líderes de la oposición y legisladores del Frente Amplio, el senador Jorge Larrañaga propuso que el Banco Central sea el garante de esa información. Ese organismo, como todos los bancos, opera bajo la premisa del secreto bancario, pero para este caso se especificará que la DGI podrá solicitar la información de los accionistas sin depender del consentimiento de la Justicia.

Para el gobierno “la transparencia” en el manejo de la información que identifica a los dueños de las compañías, y que será utilizada en forma reservada, es vital para poder cumplir con uno de los requisitos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El organismo observó a Uruguay por su régimen societario y por no tener acuerdos de intercambio de información tributaria con países considerados relevantes.

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En el proyecto original del Ministerio de Economía los datos sobre las acciones –siguiendo el modelo alemán– iban a estar bajo la custodia de la DGI. En Impositiva incluso se pensaba utilizar esa información para investigaciones locales de evasión, más allá de responder a los pedidos que lleguen de fiscos extranjeros con los que se están firmando acuerdos.

Sin embargo, luego de una serie de críticas de empresarios y expertos tributaristas, se modificó ese aspecto, se quitó a la DGI y se decidió que sea la Auditoria Interna de la Nación (AIN) la que recopile la información sobre los accionistas. Así quedó establecido en un anteproyecto de ley –al que accedió El Observador– que fue entregado a los representantes de todos los partidos con representación parlamentaria.

De la reunión con Lorenzo participaron los senadores Luis Alberto Heber y Jorge Larrañaga (Partido Nacional), Pedro Bordaberry (Partido Colorado), Pablo Mieres y e Iván Posada (Partido Independiente), Héctor Tajam y Alfredo Asti (Frente Amplio).

El gobierno tiene la intención de remitir el texto al Parlamento antes de Semana Santa que comienza el 1º de abril y propondrá darle un rápido tratamiento para lograr pasar la próxima revisión que hará la OCDE a Uruguay.

En el artículo tercero del anteproyecto oficial, donde se establecen los cometidos específicos que tendrá la Auditoría Interna de la Nación se marcó “la recepción y archivo de las declaraciones juradas asegurando su integridad y reserva”.

En el siguiente artículo se aclaró que el acceso a la información sobre los propietarios de las acciones estará “restringido” a unos pocos organismos. Ellos serán: la Dirección General Impositiva siempre que solicite datos una vez iniciada una acción inspectiva; las sedes penales del Poder Judicial; y la Unidad de Análisis e Información Financiera del Banco Central por su trabajo en la lucha contra el lavado de activos. El anteproyecto aclaró a texto expreso que los funcionarios que traficarán ilegalmente esos datos serán sancionados con hasta tres años de penitenciaria.

En la reunión con los políticos, Larrañaga propuso quitar a la Auditoría y que los datos vayan al Banco Central, ya que según comentó a El Observador “es una institución fuerte y con capacidades técnicas”. El Ministerio de Economía tomó el planteo como “una opción a estudiar” y ahora espera que los técnicos de los partidos políticos envíen sus sugerencias para modificar el anteproyecto. Para el gobierno, sea quien sea quien tenga los datos, la DGI tendrá un acceso directo.

Una de las ventajas de que sea el Banco Central quien reciba la información que identifica a los accionistas es que se trata de un organismo con capacidad para responder con eficiencia a pedidos de la DGI. Ese punto será tenido en cuenta por la OCDE en su próxima revisión sobre Uruguay.

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