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Defensa de Armando Méndez logra dilatar procesamiento inminente de cuatro militares

Estaban citados para este miércoles pero el defensor Gastón Chaves presentó recurso de inconstitucionalidad contra ley de humanización carcelaria y se aplazó el fallo

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31 de julio de 2020 a las 05:03

Un recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa de militares logró aplazar una audiencia judicial prevista para este miércoles, en la que la justicia parecía encaminarse a dictar los procesamientos pedidos por la fiscalía que los acusa de torturas ocurridas en el batallón Florida.

En febrero, el fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, había pedido el procesamiento de los militares retirados Armando Méndez, Carlos Legnani, Sergio Caubarrere y Alberto Grignoli, a quienes acusa de haber torturado en el batallón Florida en 1972, antes de la dictadura.

El recurso presentado por la defensa de Méndez, el abogado Gastón Chaves, se centra en la supuesta inconstitucionalidad del artículo 9 de la ley 17.897, llamada “de humanización y modernización del sistema carcelario”, aprobada en el primer gobierno de Tabaré Vázquez y por la cual se liberó a presos con buena parte de sus condenas cumplidas.

Según ese artículo, un juez puede disponer la prisión domiciliaria de personas mayores de 70 años con algunas excepciones, entre ellas las de los delitos previstos en el Estatuto de Roma, que define los delitos de lesa humanidad.

“Se trata de una excepción meramente dilatoria por cuanto no influye en el resultado del proceso”, dijo a El Observador el fiscal Perciballe.

Agregó que aspira a que la Suprema Corte de Justicia rechace el recurso “in limine”, o sea de inmediato, por no considerarlo procedente.

Chaves, en cambio, entiende que como Perciballe reclama el procesamiento con prisión de sus defendidos, el artículo en cuestión sí hace al desenlace del caso.

El abogado presentó otro escrito en el que cuestiona los delitos tipificados por Perciballe: privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves. Entre otros argumentos, sostiene que los hechos juzgados ocurrieron durante la vigencia de un estado de excepción en el que las garantías constitucionales estaban suspendidas, por lo cual no cabría la tipificación de un delito de privación de libertad, como reclama la fiscalía.

El domingo, en el programa televisivo Séptimo Día, se divulgó un audio en el cual el mayor Caubarrere, uno de los acusados, anticipaba a sus amistades que era inminente que fuera enviado a la cárcel tras la audiencia finalmente suspendida.

“Queridos amigos, buenos días. Era para comunicarles que las noticias que tengo son bastante fuleras”, comenzaba diciendo el militar retirado. “El panorama en un 99% es que el miércoles que viene, cuando salga del juzgado, voy a (la cárcel de) Domingo Arena. Es muy poquito lo que nos queda por hacer. La fiscalía y la defensa ya hicieron todo lo que tenían para hacer. Ahora me voy a defender yo, voy a caer defendiéndome, le voy a caer al fiscal… y de ahí creo que salgo para Domingo Arena, casi seguro. Por lo menos Armando Méndez y yo. Grignoli, como cambió de abogado, tira una semana o dos más, pero va a ir también preso (…) Es inconcebible, es por el Florida, hace 49 años de esto, pero la guerra siguió. Y como hablábamos con mis hijos, yo soy un soldado. Un soldado puede estar muerto, herido o prisionero de guerra, en combate. Y bueno, a mí me tocó ser prisionero de guerra. Y como siempre dije, prefiero perder la libertad que la dignidad”.

Director de Aduanas

En el predio –hoy demolido- donde funcionó el batallón Florida, en el Buceo, estuvieron recluidos decenas de integrantes del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN-T).

El dictamen del fiscal Perciballe sostiene que “allí, en forma rutinaria se realizaban diversos apremios físicos y psicológicos para extraerle información al detenido".

Agrega que "el encargado de los interrogatorios o el responsable de estos, era el oficial S2 de Inteligencia y quien a la postre realizaba u ordenaba la tortura. Para ello, era acompañado por tres o cuatro interrogadores que concomitantemente procedían a realizar los tormentos".

Tras la dictadura, Armando Méndez tuvo actuación política y se desempeñó como director de Aduanas durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995). 

Caubarrere, por su parte, tiene el antecedente de haber sido procesado por “homicidio culposo” por la propia dictadura militar, a raíz de la muerte por torturas en 1984 del médico Vladimir Roslik en la unidad militar donde era segundo jefe.

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