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El Ministerio de Defensa llevó a la justicia militar a oficiales que le ganaron una demanda civil
Cuatro oficiales de la Fuerza Aérea Uruguaya fueron acusados ante la justicia militar por haber recurrido a la justicia civil para obtener sus historias laborales, un derecho que les había sido negado por el Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas y por la propia FAU.
Los militares presentaron un habeas data ante la justicia civil y el 23 de mayo el juez Gabriel Ohanian falló a su favor, otorgándole 15 días al Ministerio de Defensa Nacional para cumplir con sus obligaciones legales y entregarles a sus historias laborales completas.
“Es incontrastable el derecho subjetivo que tienen los actores respecto de acceder a esa información, para cotejarla, controlarla y en definitiva, adoptar decisiones en sus vidas particulares como cualquier otro individuo”, establece Ohanian en su sentencia.
Fuentes del Ministerio de Defensa Nacional señalaron que entregarán la información que tengan disponible, pero también apelarán el fallo. Agregaron que el caso se arrastra desde 2018.
El dictamen de Ohanian establece que no es de recibo la excusa dada por el Servicio de Retiros y por la Fuerza Aérea para no entregar los datos pedidos: no haber implementado la historia laboral personal por tener un sistema informático inadecuado.
El juez recuerda que la historia personal laboral es obligatoria por ley desde noviembre de 2018.
Pero lejos de obtener los datos que estaban buscando, tras su victoria judicial los cuatro oficiales lo que recibieron fue una acusación ante la justicia militar.
Las fuentes del Ministerio de Defensa señalaron que eso ocurrió porque al recurrir a un juez cometieron un delito militar.
El caso pone en tela de juicios valores democráticos, según la defensa de los oficiales.
“Esto es grave. Estamos en democracia. Cualquiera puede acceder al Poder Judicial”, dijo a El Observador el abogado Marcelo Ayuto, que representa a los cuatro oficiales denunciantes y denunciados.
El abogado dijo que sus defendidos fueron acusados del delito de “Demanda colectiva”.
Ayuto entiende que sus defendidos no cometieron tal delito, ya que está previsto para “solicitudes en la vía administrativa” y no en la judicial.
“Esto es una represalia por haber presentado una acción de habeas data para obtener sus aportes a la seguridad social. Fueron pasados a la justicia militar por el solo hecho de querer saber sus datos personales, ocultados por el Ministerio de Defensa Nacional”
El abogado señaló que cientos de funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional se presentaron ante la Suprema Corte para reclamar la inconstitucionalidad de la ley de retiro 19.695 y ninguno fue sancionado.
“Claramente esto es una represalia en contra de ellos cuatro”.
