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Los abogados reclaman que el sistema "no es garantista", porque "todo se ha acomodado para la Fiscalía"

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Defensores de oficio denuncian ante SCJ incremento de uso "desmedido y frecuente" de fuerza policial tras la LUC

El abogado del sindicato policial, Andrés Ojeda, dijo que no le consta que existan denuncias concretas que hayan derivado en sanciones a oficiales

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22 de julio de 2021 a las 16:06

La Asociación de Defensores de Oficio presentó el lunes 12 una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que cuestiona como "desmedido" y "frecuente" el uso de la fuerza policial en las detenciones del último año y pide que la situación se ponga en conocimiento de las autoridades “a fin de enmendar las irregularidades”.

Desde golpes a mano abierta en el oído, que derivaron en una perforación del tímpano, golpes a una persona con una cirugía neurológica, bolsas en la cabeza, una inspección domiciliaria que terminó con el arresto del dueño de una casa y fue esposado en ropa interior en la vía pública, otra que llevó a los oficiales a tomar a una niña de 14 años del cuello y también un operativo que dejó a un detenido con ocho puntos como consecuencia de una golpiza, los defensores señalan un aumento “preocupante” de los abusos policiales que "se hace más evidente en el interior del país", informó Búsqueda.

De acuerdo a la asociación, los policías "generalmente" utilizan "mecanismos que no dejan marcas visibles" tras las agresiones, como poner "una cuadernola de por medio" para evitar que queden registros, por lo que, ante la "falta de pruebas" y el "poco interés en la Fiscalía de investigar estos excesos", sumado a "posibles represalias", los damnificados tienden a no reportar los abusos.

“Nos enfrentamos a la encrucijada de que los detenidos no quieren formular denuncia por las posibles represalias de las que podrían ser víctimas a consecuencias de ello”, precisaron. "Es imposible volver atrás en los pasos del procedimiento y naturalmente se descree de la palabra de los imputados. Son contados los casos donde la policía lleva o llega a exhibir sus cámaras GoPro para verificar o no la veracidad de los dichos de los detenidos, siendo este casi el único medio de prueba para demostrar tales irregularidades”, añadieron y remarcaron la necesidad de obligar a los oficiales a portar estas cámaras de video.

Estos hechos se agravaron luego de que se aprobara la ley de urgente consideración (LUC), en julio de 2020, sostienen los abogados. “Claramente, hay una relación entre el aumento de los abusos y la entrada en vigor de la ley”, aseguró a Búsqueda Joaquín Gamba, presidente de la Asociación de Defensores de Oficio.

A su vez, en palabras de la vicepresidenta del gremio, Victoria Muraña, el aumento de las detenciones que presumen las autoridades del gobierno no indica necesariamente que el sistema funcione con “éxito”, sino que apuntan a la cárcel como única salida. De ese modo, crecen los números y mejoran las estadísticas, sostuvo.

Según la Asociación de Defensores de Oficio, la policía, amparada en las nuevas garantías que le dio la LUC, actúa en ocasiones sin orden judicial realizando allanamientos que se “disfrazan” de inspecciones “voluntarias”. En el reporte, obtenido de un relevamiento de todos los defensores del país que prestan asistencia gratuita a personas de bajos recursos, los expertos agregan que los imputados firman "(con base en el abuso del miedo y desconocimiento de los moradores) formularios de inspección ocular voluntaria” sin que se les lean sus derechos.

“Es algo básico en un Estado de derecho informarles que tienen derecho a no declarar, a no inculparse, a tener un abogado”, dijo Gamba. “Los coaccionan para que declaren, les hablan de las penas que pueden recaerles si no admiten, para que firmen un acuerdo”, explicó.

El documento agrega que "muchos" de los afectados "han manifestado que el personal policial llega gritando 'allanamiento'", cuando en realidad era "una inspección cuyo 'consentimiento' se ha llegado a firmar recién en la seccional policial una vez detenidos”. Ese análisis concluye que los oficiales, en ocasiones, intervienen en casas sin mostrar la orden de allanamiento, provocan daños materiales y apuntan "con armas de fuego a los habitantes”.

En consecuencia, en palabras de Gamboa, los defensores manifiestan que el sistema "no es garantista" porque "todo se ha acomodado para la Fiscalía". "No pretendemos más que hacer respetar la normativa internacional y nacional que ampara a las personas”, sentenciaron los abogados.

La situación fue denunciada en un informe enviado esta semana a la Cámara de Diputados. Además de cuestionamientos a la "negación de defensa técnica de las personas carentes de recursos, al no contar la Defensa Pública con los medios para llevar a cabo efectivamente esta función", los abogados reclaman que “el sistema político en los últimos años" haya hecho "caso omiso a los permanentes reclamos de la Asociación de los Defensores Públicos”.

El pedido llama a la Suprema Corte a dar a conocer la situación ante el Ministerio del Interior y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) para que, en conjunto, avancen “a fin de enmendar las irregularidades”.

Sin "denuncias concretas"

El abogado del sindicato policial, Andrés Ojeda, dijo este jueves a Subrayado que desde el gremio recibieron el informe con "mucho respeto", pero precisó que, personalmente, no le consta que existan "denuncias concretas" que hayan derivado en "sanciones" a policías.

"Entiendo que más que una denuncia es la comunicación de una corte de una preocupación o una percepción que tienen de algo que ocurre y les preocupa y me parece sano. (...) Desde el sindicato policial estamos abiertos a reunirnos y conversar en todo lo que sea necesario para tratar de atacar las preocupaciones genuinas que tienen una asociación de trabajadores como son los defensores de oficio", expresó.

Al ser consultado sobre los allanamientos sin órdenes judiciales, el abogado añadió: "Si hay denuncias de esa gravedad, (lo mejor es) que se canalicen por los lugares que corresponden y tengan las sanciones correspondientes. A mí no me consta ni que existan ni que no existan esos casos. Por lo que vi del informe publicado, no hay denuncias concretas ni que hayan tenidos sanciones penales o administrativas para policías. Yo lo tomo como la expresión de una percepción que es razonable, legítima y atendible".

Y remató: "Para poder atacar situaciones concretas hay que conocerlas. No es una crítica a los defensores, pero quizás el camino sea hablar con el ministerio. Desde ya me pongo a la orden para allanar ese camino".

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