La forma ignominiosa en que dos prominentes dirigentes opositores fueron sacados de sus casas con destino desconocido fue el primer acto del “diálogo y paz” que Nicolás Maduro proclamó que será la tarea del Parlamento ilícito que –bajo forma de Asamblea Constituyente– se instala hoy, nombrado por el dictador venezolano en arbitrario reemplazo de la legislatura electa por los votantes en 2015. Leopoldo López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, estaban bajo arresto domiciliario luego de haber sido condenados por oponerse al quiebre institucional chavista.
Pero en la madrugada de ayer agentes del servicio de inteligencia irrumpieron en sus domicilios y se los llevaron, en el caso de Ledezma en piyama y a los golpes, pese a una reciente intervención quirúrgica.
Ocurrió a pocas horas de la instalación de la llamada Asamblea Constituyente, que es en realidad un cuerpo parlamentario designado a dedo por Maduro para que lo eternice en el poder y que desaloja físicamente a la legítima Asamblea Nacional. Su medio millar de delegados se instala en la sede de la Asamblea Nacional con funciones que exceden la de un cuerpo constituyente.
No solo definirá cambios en la Constitución sino que empezará de inmediato a dictar leyes y a aprobar los desmanes de Maduro, como el sumario retorno de López y Ledezma a la cárcel. Es solo el comienzo de una profundizada era de represión. Mientras se burlaba de los venezolanos prometiéndoles que la Constituyente será un instrumento de diálogo y de paz, ya adelantó que mandará a la cárcel a legisladores y otros dirigentes opositores, así como a responsables de medios de comunicación.
A esta altura de los acontecimientos, cuando las evidencias son abrumadoras para todos excepto para el gobierno uruguayo y algún otro país de la región, es superfluo debatir sobre dictadura o golpe de Estado en Venezuela. Lo que se impone es que la comunidad democrática internacional adopte medidas efectivas contra el régimen chavista. Los gobiernos más serios de la región las estudian actualmente, curso ineludible del que la administración Vázquez se ha aislado con su complaciente comunicado del lunes. Ha trascendido que la declaración gubernamental fue consecuencia de opiniones dispares en el Consejo de Ministros, donde el realismo de reconocer la situación venezolana chocó con la posición ideológica de los defensores de Maduro.
El resultado ha sido dejar a Uruguay fuera de la comunidad regional, al extremo de que una iniciativa de Perú sobre la crisis convocó a Argentina, Brasil y Paraguay pero excluyó a nuestro país, pese a que Uruguay es el cuarto miembro fundador del Mercosur. En este organismo, además de los gobiernos de otros países de la región, de Europa y Estados Unidos, se centran ahora las medidas contra el régimen chavista, dada la inoperancia de la Unasur y las discrepancias dentro de la Organización de Estados Americanos.
El canciller argentino Jorge Faurie adelantó que se está cerca de aplicar la cláusula diplomática para excluir políticamente a la dictadura caraqueña, aunque reconoció que a Maduro parece no importarle quedar fuera del Mercosur. Pero al menos esa iniciativa le da al gobierno uruguayo la oportunidad de votar con los demás países, enmendando su error de marginarse de la condena al chavismo.
