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Delitos sexuales representan el 40% de los cometidos por mayores de 65 años, informó Petit
La comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores recibió este martes dos escritos con visiones completamente contrapuestas sobre la conveniencia o no de votar el proyecto de ley propuesto por Cabildo Abierto para otorgar prisión domiciliaria preceptiva a todos los condenados mayores de 65 años.
Por un lado, la organización “Familiares de Prisioneros Políticos”, vinculada directamente a los encarcelados por delitos vinculados al terrorismo de Estado, entregó al Parlamento un documento en el que reclaman dar andamiento al “proyecto de Humanización de Cárceles” e insisten en que entre los beneficiarios hay “ciudadanos que no deberían ser juzgados”, al tratarse de “hechos ocurridos hace 50 años”.
Del lado contrario, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, recomendó directamente rechazar la iniciativa, en tanto padece una serie de "incongruencias" y "demasiadas deficiencias técnicas y sustantivas". Más allá de la polémica por el beneficio que supondría para los condenados por lesa humanidad, Petit abordó otro tipo de efectos "inquietantes" que se darían en caso de aprobar el proyecto.
Delitos sexuales: el 40% entre mayores de 65 años
"Fue contundente", dijo a El Observador el senador colorado Pablo Lanz (Ciudadanos) apenas terminó la comisión. Se refería así a los argumentos brindados por Juan Miguel Petit y explayados en un informe entregado a los legisladores.
En el escrito, al que accedió El Observador, el comisionado recordó que tres artículos del Código del Proceso Penal (228, 304 y 305), ya prevén el beneficio de la prisión domiciliaria en casos de salud física o mental, previa intervención judicial.
Petit cuestiona que Cabildo Abierto pretenda establecer un sistema “automático” y preceptivo para todo grupo etario, sin intervención alguna de jueces o fiscales competentes, lo que implicaría una “ruptura de la arquitectura” del código procesal, anulando el rol de los magistrados y también de las víctimas al desconocer la individualización de la pena.
En particular, Petit dijo que la aplicación automática de la prisión domiciliaria en estos casos daría lugar a resultados “extraños e inquietantes”: por ejemplo, que personas sin ninguna afectación a su salud o a sus capacidades, autoras de delitos graves y con alto riesgo de reincidencia, podrían volver a sus domicilios que, quizás, sean el mismo espacio donde cometieron los delitos por los que están condenados.
Es el caso, por ejemplo, de los delitos sexuales. Según las cifras del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) aportadas por el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, esos delitos representan el 40% de los crímenes cometidos por mayores de 65 años.
El proyecto de Cabildo Abierto prevé una serie de excepciones para el beneficio de prisión domiciliaria. Entre ellos, se exceptúa a los condenados por violación, "salvo los casos en que haya transcurrido desde los hechos, un plazo equivalente a los dos tercios de la pena máxima establecida para este delito, en los que regirá el régimen de prisión domiciliaria".
Las excepciones también abarcan, en las mismas condiciones, las condenas por homicidio agravado, así como los delitos de lesa humanidad que se cometieran una vez aprobada la ley (y no antes).
El informe de Petit cuestiona además la apelación de los liderados por Cabildo Abierto a la “superpoblación carcelaria” y los “efectos del covid-19” en las cárceles para fundamentar su proyecto. “El covid hoy no es una amenaza en las cárceles, y la población mayor de 65 años es de 180 internos entre más de 14.000, por lo que poco sería su efecto”, concluyó Petit.
Petit citó en su estudio el artículo 3 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, que establece que la edad avanzada no puede constituir impedimento para la persecución penal o la pena de prisión.
En defensa de la “humanización”
La defensa del proyecto quedó en cambio a cargo de la organización “Familiares de Prisioneros Políticos”. Sus tres delegados, Ruth Ballestrino, Victoria Ubillos y Diego Flores, concurrieron a la comisión portando un lazo amarillo. Un símbolo vinculado en muchos países, justamente, a la lucha en favor de los presos políticos.
Según la organización, esa definición se ajusta a sus familiares a raíz de la naturaleza y la forma en que se llevaron a cabo los procesos en su contra, al contravenir expresamente “la voluntad manifiesta por el pueblo” en dos oportunidades, en alusión a la ley de Caducidad.
“Estableciendo así una singular persecución política que ha violentado el sistema jurídico de la República, acomodando los términos para los plazos constitucionalmente previstos para prescripción de los delitos comunes por los que se los acusa”, dice el texto que entregaron a la comisión.
En el escrito, al que accedió El Observador, el grupo señala que juzgar a ciudadanos por “hechos ocurridos hace 50 años” viola el artículo 10 de la Constitución y el instituto de la prescripción, previsto en el Código Penal. Al respecto, el grupo pide hacer valer que la ley que en 2011 anuló los efectos de la ley de Caducidad, declarada “inconstitucional” por la Suprema Corte de Justicia, no prevé la aplicación de medidas alternativas a la prisión ni el régimen de libertades, conculcándose así los principios constitucionales de libertad e igualdad. “La mayoría está privada de libertad sin sentencia de condena, lo que irrespeta el principio de inocencia, a lo que se adiciona que se incumplen los requisitos para la privación de libertad preventiva, lo que implica someter a estos ciudadanos a cumplir un adelanto de pena”, se expresa.
En ese sentido, la organización reclama a los legisladores “subsanar la situación de indefensión en que se encuentran” sus familiares” y aprobar el proyecto, para así “mitigar el padecimiento que han sufrido”.
“No se trata de liberarlos, como entendemos debiera ser, sino de atender a situaciones humanas de procesos indebidos que ahora comienzan a ser cuestionados, ya no solo por los familiares sino por un creciente grupo de la población, que descrubre que con estos procedimientos se ha quebrado el espíritu de amnistía con el cual se puso de pie la República y recuperamos la democracia”, se afirma.
El documento hace referencia a que el promedio de edad de los detenidos por estas causas ronda los 71 años. La mayoría relacionados con “delitos comunes" y “no vinculados a la desaparición de personas”.
Tal como adelantó El Observador uno de los referentes, Diego Flores, anunció este martes que el grupo está preparando una serie de demandas contra el Estado. Los casos se presentarán ante la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
Bustillo: siguiente comparecencia
El canciller Francisco Bustillo deberá comparecer la próxima semana en el Parlamento para fijar la postura del gobierno ante la advertencia que cinco relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitieron sobre el proyecto de Cabildo Abierto que promueve la prisión domiciliaria preceptiva para los condenados mayores de 65 años.
La del ministro será la última instancia antes que la Comisión de Constitución y Legislación determine si aprueba o rechaza esa iniciativa, en el centro de la polémica por beneficiardirectamente a un grupo de personas culpables de delitos de lesa humanidad presos en la Cárcel de Domingo Arena.
El pronunciamiento de la ONU, que generó en los últimos días un fuerte intercambio con los liderados por Guido Manini Ríos, expresaba la “profunda preocupación” de sus especialistas por un proyecto “contrario al derecho internacional”, que constituiría un “privilegio análogo a una amnistía general”.
La visión de Bustillo será un insumo fundamental para que la coalición de gobierno defina qué pasará con el proyecto, luego que la mayoría de los informes recibidos por la comisión fueran críticos con la idea.
