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Denuncian decreto de presidenta de Bolivia que exime de responsabilidad penal a militares

La norma fue calificada como "grave" por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

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17 de noviembre de 2019 a las 09:37

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este sábado como "grave" un decreto emitido por la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, que autoriza a los militares a controlar el orden público a la vez que les exime de responsabilidades penales.

Además, mientras un enviado de la ONU comenzó a tomar contacto con autoridades del gobierno interino de Áñez y organizaciones sociales para restaurar la paz en el país, la CIDH elevó de cinco a nueve el número de fallecidos tras choques entre campesinos y fuerzas combinadas del ejército y la policía ocurridos el viernes en la localidad rural de Cochabamba, la zona de Bolivia en donde Evo Morales –quien renunció como presidente el pasado domingo y se encuentra desde esta semana bajo asilo político en México– comenzó su carrera política.

Las cifras de los últimos fallecimientos aportadas por la CIDH coinciden con las de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, pero difieren de las del gobierno que mantiene en cinco el número de campesinos leales al exmandatario Evo Morales muertos ese día.

El decreto de la presidenta considerado "grave" por la CIDH es el 4078. Fue aprobado el jueves y divulgado extraoficialmente este sábado, que blinda a los militares que enfrenten en la calle a los manifestantes que se oponen al gobierno de Áñez, a quien denuncian que llegó al poder mediante un golpe de Estado.

"El grave decreto de #Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta", señaló el organismo en su cuenta de Twitter.

El expresidente Morales, asilado en México desde el martes, fue más allá en Twitter: "Es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo".

Pero el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, respondió a periodistas que esta norma "de ninguna manera se transforma en una licencia para matar". "Es un elemento disuasivo porque lo que pretende el gobierno es evitar la confrontación, que existan más muertes", dijo.

Más temprano el sábado, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había lamentado que las más recientes muertes parecieran resultado del "uso innecesario o desproporcionado" de la fuerza policial o militar y advirtió que ello puede llevar a la situación en Bolivia a "salirse de control".

Llamados a la paz 

"Estamos pasando momentos difíciles, pedimos a los movimientos sociales y otras organizaciones que depongan posiciones", reclamó la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, del partido de Morales.

"Convocamos al ahora oficialismo a poder sentarnos para dialogar sobre las bases en las cuales se va a enmarcar esta convocatoria y estas (nuevas) elecciones", dijo Copa.

El ministro Justiniano exhortó también a la calma más temprano. Que los bolivianos "depongamos esa actitud (de confrontación) y que, por el contrario, busquemos cosas que nos unen", dijo.

En algunos barrios de El Alto, bolsón electoral de Morales, los vecinos salieron a las calles para pedir que cese la violencia tras casi un mes de protestas, enfrentamientos y saqueos.

Una concentración "por la paz" en la capital de Bolivia fracasó, sin embargo, por "falta de seguridad", según los organizadores. A unas cuadras del lugar de encuentro en La Paz para esa fallida convocatoria, unos mil campesinos marchaban contra el gobierno provisional y a favor de Morales, quien renunció el domingo pasado tras perder el apoyo de las fuerzas armadas y entre violentas protestas por su cuestionada reelección en las elecciones del 20 de octubre, denunciadas como fraudulentas por la Organización de los Estados Americanos.

Jean Arnault, enviado personal del secretario General de la ONU, Antonio Guterres, para sumarse a una mesa de negociación entre oficialistas y congresistas pro-Morales, tuvo este sábado un primer contacto con Áñez.

Hablaron de "la pacificación", y "la necesidad urgente de un diálogo y conseguir el objetivo anhelado de la celebración de elecciones transparentes", un compromiso asumido por la presidenta interina, dijo a periodistas.

72 horas "duras" 

El ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, deploró en tanto que haya "movilizaciones en todas partes" y reconoció que las "últimas 72 horas han sido duras", pero señaló que la orden que tienen las fuerzas militares y policiales es que "resguarden el pueblo".

Desde la dimisión de Morales, tras casi 14 años en el poder, sus partidarios protestan en las calles convencidos de que su salida se debió a un "golpe de Estado". 

"Reitero mi convocatoria al diálogo de alto nivel con mediadores para pacificar nuestra querida Bolivia y preservar la vida y la democracia", escribió en Twitter Morales, desde México.

La presidenta interina denunció la presencia en Bolivia de "grupos subversivos armados" compuestos por extranjeros y bolivianos.

"El propósito es que haya una transición democrática y pacífica, pero desafortunadamente Evo Morales ha dejado una estructura de violencia que nos está afectando a todos", deploró este sábado en un contacto telefónico con el líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien instó a "liberar" a su país.

En otra demostración de los cambios drásticos entre el gobierno de Áñez y Morales –fuerte aliado de La Habana y la Venezuela de Nicolás Maduro–, el jefe de la oficina boliviana de Interpol informó de la repatriación este sábado de un primer contingente de 226 médicos cubanos, de un total de 725 cooperantes provenientes de la isla.

Fuente: AFP

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