A las 7 de la mañana los operarios municipales llegaron a la playa La Viuda y la maquinaria comenzó a moverse para llevar a cabo las demoliciones. La primera se efectuó a las 7.23 y no duró más que cinco minutos.
Otros se defienden de las acusaciones de la intendencia, que señalan que muchos utilizan estas viviendas para alquilarlas durante la temporada de verano. “En 25años nunca alquilé, ni lucre con mi rancho. Lo sabe todo el pueblo de Punta del Diablo y no por q no haya precisado la plata”, dijo a El Observador Pedro Alemany
Más allá de esto, la jornada transcurre con calma. En el lugar trabajan 40 efectivos policiales y se hallan presentes distintos jerarcas municipales, entre ellos, Antonio Graña, director de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ángel Sosa y Santiago Pezolano, abogado y escribano de la comuna respectivamente. Sobre ellos recaen la mayor parte de los insultos de los propietarios.
Al comienzo de la jornada se habían conglomerado en la zona unas 30 personas, pero cuando el movimiento ya fue mayor el número de ascendió a 60, entre propietarios, vecinos curiosos, prensa y efectivos policiales.
El lunes
La medida prevista para iniciarse este lunes fue pospuesta luego de que el ambiente se tensara ante la negativa de los propietarios que dieron batalla hasta el final.
Llegada la tarde, y luego de realizar el inventario de las primeras viviendas a ser demolidas, los funcionarios de la Intendencia resolvieron suspender por el día las acciones, dado que comenzaba a anochecer y no había suficiente personal policial como para garantizar la completa seguridad de los operarios.
El ambiente se caldeó de tal forma, que incluso el dueño de la empresa de las máquinas topadoras recibió una llamada telefónica en la que se lo amenazó de muerte.
Los propietarios de las viviendas argumentan que la comuna rochense no tiene autorización judicial para tirar abajo los ranchos. “Nos vamos a encerrar todos en nuestra viviendas hasta que haya una orden judicial para nuestras casas y con nuestros propios nombres”, señaló este lunes a El Observador, Pedro Alemany, uno de los vecinos afectados.
Sin embargo, la comuna rochense sostiene que al ser un “lugar público” no necesita orden judicial para llevar acabo la demolición.
El intendente del de Rocha Artigas Barrios, dijo a El Observador que “no se necesita ninguna orden judicial” para empezar los trabajos de demolición, ya que es “una obligación y potestad de la intendencia realizar estas demoliciones”.
Barrios argumentó que también es potestad “mantener los lugares públicos” y que es un proceso que se ha venido haciendo desde hace varios años tras demolerse más de 200 casas. Agregó que no se tratan de casas permanentes, sino solamente de veraneo.
“Es como si alguien construyese en la Playa Malvín o en la Playa Carrasco. No puede construir; primero porque no es de él y segundo porque es público”, agregó.