Desdibujada ley de educación

La vigente ley de Educación, presentada hace ocho años por la primera administración Vázquez como panacea para sacar a la enseñanza pública de su abismal atraso, ha confirmado ser todo menos panacea. Tanto quienes la defienden desde el Frente Amplio como quienes señalan sus inconsistencias y fracasos solo coinciden en elogiar la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed). Este organismo informa anualmente el estado de la educación. Sería útil si fuera seguido por las reformas que el sistema necesita. Pero en la práctica es apenas la constatación de deficiencias que no corrigen ni la incompetente ANEP ni el pasivo Ministerio de Educación y Cultura.

La ley disponía que se asignara a cada centro educativo fondos presupuestales no solo para el mantenimiento edilicio, requerimiento que en general se cumple, sino también para sus "actividades académicas y proyectos culturales y sociales de extensión". Este artículo contemplaba en parte la conveniencia de que cada centro pudiera ajustar su funcionamiento y sus programas al entorno social en que opera. Pero este amago de asegurar autonomía quedó en el papel. Otro artículo establecía la unificación de los ciclos básicos de secundaria con UTU. El objetivo jamás despegó, como ocurrió con el posterior intento más amplio del gobierno actual de agregar primaria a la unificación. Esta idea razonable, frenada por ANEP, buscaba evitar el brusco salto de escolares mal preparados a primero de secundaria, fuente de la alta deserción y repetición en el ciclo medio.

Tampoco se concretó el Instituto Universitario de Educación (IUDE), ordenado por la ley para la indispensable formación de buen nivel de "maestros, maestros técnicos, educadores sociales y profesores". En su lugar apareció un proyecto de ley para crear una Universidad de la Educación, que languidece en el Parlamento por desacuerdos entre los legisladores y otros actores. Una frustración adicional fue crear una Comisión Nacional de Educación, con la participación de educadores, estudiantes y hasta sindicatos y empresarios, dispersa multiplicidad sin sentido que condujo a que ese organismo apenas se reuniera tres veces en siete años. Tampoco prosperó la disposición legal de que "en todo centro educativo público" se creara un Consejo de Participación integrado por docentes, estudiantes y padres. Algo parecido funciona exitosamente en los centros privados gratuitos que operan en zonas marginales, pero apenas existen en algunos centro del sector público.

Es claro que las disposiciones se han ahogado tanto en sus errores y complejidad burocrática como en la inacción de las autoridades del sector. Más que mantener una norma que de poco sirve, lo que el país necesita es encarar las reformas de fondo que prometieron enfáticamente los tres gobiernos del Frente Amplio pero que fueron incapaces de implementar. Es una ilusión pensar que la administración Vázquez saque del olvido, en el tiempo que le queda, los planes reformistas que el presidente intentó infructuosamente al comienzo de su segundo mandato y que se frustraron cuando los bloqueó el titular de ANEP, Wilson Netto. Habrá que esperar a un próximo gobierno más efectivo para que Uruguay no siga haciendo papelones en la pruebas internacionales PISA y, más grave aun, siga hipotecando el futuro de la juventud uruguaya.