El 70% de quienes no se revinculan al sistema educativo tienen entre 15 y 17 años. Muchos de ellos “no quieren o no pueden estar”, por lo que hay que introducir cambios en lo que se les ofrece, advierte ANEP
Pablo Caggiani, presidente de la ANEP
Dante Fernandez / FocoUyPor Paula Barquet
“Me quiero morir”, suelta Pablo Caggiani, el presidente de la ANEP, tras terminar la presentación de las cifras de revinculación estudiantil. La frase escapa de la boca del jerarca casi como una confesión fuera de micrófonos, pero de la que no pretende renegar.
En realidad, las principales noticias que surgen de los datos son positivas: un 42% de los adolescentes contactados volvió a los centros educativos, cifra que en esencia se mantiene respecto al año pasado, pero que representa una clara consolidación del avance respecto a años anteriores, cuando el porcentaje apenas llegaba al 5%.
Está claro que Caggiani no se quiere “morir” por los 2.844 revinculados en lo que va de este año, un número que se considera que atiende el mandato del presidente Yamandú Orsi al inicio de este gobierno (“¿qué van a hacer con esto? , hay que irlos a buscar”, palabras más, palabras menos). El desvelo del jerarca responde a que, entre los no vinculados, el 70% tienen entre 15 y 17 años, y sus motivos para no estudiar suelen radicar en una elección por ir a trabajar.
“El problema central es que cuando te encontrás con un gurí de 16, 17 años, tiene derecho al trabajo. Y también tiene derecho a la educación. Ahí es donde digo que me interpela mucho porque pienso cuál es la política educativa que vos le ofertás a ese chiquilín para que pueda hacer las dos cosas”, comentó Caggiani en diálogo con El Observador.
El operativo “Volver a los sueños” apuntó a revincular a 6.812 niños y adolescentes no matriculados a la enseñanza que estaban camino a perder sus asignaciones familiares. Con 3.968 de ese total, las autoridades no lograron su cometido. Según detalló Jimena Pardo, presidenta del BPS, la cifra representa el 1,6% del total de las 406 mil asignaciones en las que el Estado debe controlar la asistencia a clase (las correspondientes a los niños mayores de 5 años).
Como siempre, en términos porcentuales parece un número bajo, pero se trata de casi cuatro mil niños y adolescentes que deberían estar estudiando y no lo están.
“Los que no se revinculan no son personas que no quieran”, advirtió Pardo. “Son adolescentes que precisan políticas vinculadas”, sostuvo durante la presentación. Y ahí se deberían abordar aspectos que también inciden, como “quién se queda con los hermanos” o “de qué vive ese hogar”.
“Hay cosas que hay que cambiar para atraer a los gurises que no es que no quieran estar, sino que no pueden estar en lo que estamos ofertando”, expresó Caggiani a El Observador, y ahondó en lo que podría definirse como una “puja de derechos”.
“Lo ideal para mí sería que (el adolescente) no tuviera que trabajar, pero el derecho al trabajo lo tiene. Entonces, ¿de qué manera formulamos una política educativa, a pesar de que está eligiendo trabajar? Puede estar teniendo o no esa opción”, remarcó.
En el último tiempo, las autoridades de la educación y los actores del mundo empresarial parecen haber llegado al consenso de que la enseñanza debe virar de manera más formal y masiva a lo que se ha dado por llamar formación dual: la integración de experiencias laborales a los programas curriculares, y la obtención de créditos por esas prácticas tutoreadas. Si bien en Uruguay hay algunas experiencias, todavía son puntuales.
“Es una de las alternativas”, respondió Caggiani ante la pregunta sobre esta opción, pero también advirtió que no sería suficiente.
“En este proceso de revinculación, cuando vemos los formularios de contacto, hay situaciones que no resolvemos con dual. Gurises del interior que trabajan en las chacras, por ejemplo, y que si van al nocturno no tienen ómnibus para estar temprano a la hora que deben estar trabajando. Ante la disyuntiva, eligen trabajar. Y ahí hay una vacancia de la política”, aseguró el presidente de la ANEP.
En esa franja etaria en la que se concentra el 70% de los no revinculados, también aparece la amenaza narco: el mercado de venta de drogas se presenta como una opción atractiva sobre todo para adolescentes de contextos vulnerables, que posiblemente encuentren más gratificante “ganar” su plata allí que ir al liceo.
Sin embargo, Caggiani consideró que se trata de una “frontera porosa”, ya que muchos de los adolescentes que han sido captados por el narco aún están vinculados a centros educativos. La regularidad de su asistencia y su rendimiento son tema aparte.
Para Pardo, el segundo año de este operativo permite concluir que “la política pública de salir a buscarlos funciona”.
El Mides, otro de los actores involucrados en esta estrategia, destacó que se incorporaron una serie de mejoras respecto a 2025: se empezó con la búsqueda un mes antes, se logró una mayor cooperación de datos entre organismos, y se puso el foco en encontrar las causas más complejas de la desvinculación. Allí se puede hablar desde salud mental hasta discapacidad, pasando por embarazo adolescente y otras situaciones.
No conforme con los resultados, Caggiani anunció este miércoles que se implementará un dispositivo para salir en duplas a buscar a los adolescentes desvinculados que fueron identificados durante el operativo, pero que no retornaron al sistema. Con ellos sigue el proceso de revinculación, y aunque se sabe que no es inmediato (y ya pasó la mitad del año), nunca será demasiado tarde. En palabras de Caggiani: “Pueden volver cuando quieran”.
