Días sándwich, juventud y otras curiosidades que aumentan las chances de que los funcionarios públicos se certifiquen por enfermedad

La investigadora Gimena Machado confirmó, en su tesis de maestría en Economía de la Universidad de la República, que las funcionarias públicas mujeres, los trabajadores de la Administración Central más jóvenes (menores de 34 años), y los que tienen cargos de jefatura (no de confianza política) tienen más chances de certificarse por enfermedad. Una característica que también aumenta en torno a las vacaciones de primavera o invierno de los hijos, o en aquellos días que quedan “pegados” entre un feriado y un fin de semana.

Nada hace pensar que los trabajadores de la Administración Central tengan una salud más frágil que el resto de los mortales. Sin embargo, ante un régimen de licencias por enfermedad para los públicos que de por sí es “altamente generoso” en comparación a los empleados del sector privado, la certificación por alguna dolencia está tan extendida en el Estado que seis de cada diez la solicitó en el último lustro. Y no solo eso, el promedio de días tomados supera los 30 al año, cuando entre los países de la OCDE la varianza está entre los 4 y 29 días como máximo.

Ante tamaña cifra, y ante la posibilidad de que esté habiendo un uso abusivo de los certificados, el Poder Ejecutivo instrumentó desde julio un nuevo régimen en que los públicos tienen nueve días de licencias por enfermedad paga al año y a partir del décimo día cobran el 75% del salario. Eso los sigue posicionado sobre el régimen privado, quien tiene tres días (no necesariamente subvencionados) y al cuarto día cobra el 70%.

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) interpuso un recurso administrativo para revocar los cambios, trámite que todavía está en el plazo de 150 días con que cuenta el Ejecutivo para responder.

Pero más allá de regímenes, Machado hipotetizó en su tesis que las “características propias de los organismos, tales como la efectividad en la fiscalización y la cultura del ausentismo” pesan a la hora de entender por qué algunos funcionarios públicos se toman más licencia por enfermedad que otros; siempre descartando las razones de sanitarias.

De hecho, “cuando la certificación se encuentra a cargo del médico del trabajador la propensión de tomar una licencia de corta duración disminuye un 18,7%”. Lo contrario pasa cuando ese certificado lo emite el propio organismo o se da de otra forma por fuera del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Como muestra el siguiente gráfico, el Ministerio de Industria, Energía y Minería es con creces el inciso en el que está más extendida la certificación médica de los funcionarios civiles de la administración central. Eso pasaba antes de la pandemia, y también durante la emergencia sanitaria en que se redujeron las licencias porque los trabajadores tuvieron la chance de trabajar a distancia.

El mito dice que los varones “se quejan más” ante el mínimo dolor y no van a trabajar. Pero la evidencia muestra que las trabajadoras mujeres presentan un 14,8% más de probabilidad de haber tomado al menos una licencia por enfermedad entre los años 2018 y 2021. Y detrás de esa cifra, explicó Machado, puede esconderse la brecha de género.

Sucede que la probabilidad de que las mujeres se certifiquen más que los varones es más alta en licencias cortas, de menos de tres días, pero va bajando acorde las licencias son más largas (y la diferencia es casi imperceptible entre quienes se toman más de un mes entero).

A su vez, “los trabajadores tienen mayor probabilidad de utilizar el subsidio cuando los niños se encuentran en vacaciones escolares, en especial si se considera a trabajadoras mujeres”, dice la tesis de maestría.

En esa misma línea, la literatura científica internacional demuestra que “esto puede estar relacionado a la mayor participación de las mujeres en las tareas del hogar y cuidados de los hijos, sumado a la tendencia de las mujeres a ser el ingreso secundario del hogar, lo que genera que los costos asociados a ausentarse por tareas de cuidado sean menores que los de sus parejas”. Es decir: la mayor probabilidad de certificación de las mujeres podría ser el resultado de las falencias de otras políticas públicas (como el régimen de cuidados o la corresponsabilidad de la crianza).

Más variables

Los jóvenes se certifican más que los más veteranos, sobre todo cuando se trata de licencias de corta duración. Con cada año que suma la persona, la probabilidad de certificación es menor hasta que, a partir de los 34 años, la relación se invierte y pasa a haber menos chances de certificarse.

Eso puede estar vinculado con la fidelidad con el trabajo, con los puestos o con las licencias acumuladas por la edad. Pero, como matiz, la economista demostró que los más adultos, cuando se toman licencia por enfermedad, lo suelen hacer por más días (lo que podría ser un indicador de que los problemas de salud, sobre todo los más graves, crecen con la edad).

Una curiosidad en ese sentido es que aquellos que tienen cargos más estables, que son jefes por carrera (no por confianza política), se suelen certificar más, “tal vez como una muestra de derecho de piso”, explicó Machado. Eso sí: por lo general son licencias cortas, parecidas a la de jóvenes.

Por el contrario, los trabajadores con menor estabilidad laboral (contratados y provisoriatos) se certifican con menor intensidad que los presupuestados.

Con estos números y variables sobre la mesa, concluye Machado, “podría pensarse que existe una sobreutilización de las licencias médicas con el fin de cubrir las tareas de cuidado” y que “el uso abusivo de las certificaciones no es necesariamente ilegitimo (sino que a veces se explica) por fallas en el diseño de protección social o carencias de otras políticas los trabajadores recurren al subsidio por enfermedad”.