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Dictaminan que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue "un crimen de Estado"

El informe de la Comisión para la verdad y acceso a la justicia estableció la responsabilidad estatal en colusión con el narcotráfico, sobre la muerte y desaparición de los estudiantes

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19 de agosto de 2022 a las 19:31

Las conclusiones preliminares del informe presentado ayer en el Palacio Nacional por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia sobre el caso Ayotzinapa, son que “fue un crimen de Estado”, que no hay indicios para afirmar que los estudiantes estén vivos y que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, incluido el Ejército, pudieron actuar para impedir la “desaparición y asesinato” de los normalistas.

“No hay indicio alguno que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, enfatizó el presidente de esa comisión y subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas.

En el informe, que antes de hacerse público en conferencia de prensa se presentó a los padres y madres de los jóvenes estudiantes, acto en el que estuvieron el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la fiscalía general de la República, Alejandro Gertz y otros funcionarios del gobierno, se remarca que el día de los hechos,  autoridades federales, estatales, locales y el propio Ejército,  conocieron en tiempo real la situación de lo que acontecía, por lo que pudieron actuar para evitar los delitos, perpetrados por la organización criminal Guerreros Unidos.

Según el informe, "todas las autoridades estuvieron informadas de la toma de camiones, de la llegada a la central de autobuses, de los hechos de persecución que fueron objeto (los jóvenes), por lo cual las omisiones en las que incurrieron estas autoridades acreditan un nivel de responsabilidad ya sea por acción u omisión, porque de haber intervenido con la información que disponían se hubiera impedido la desaparición y asesinato de los estudiantes”.

Con la revisión y análisis de todos los elementos de la investigación –entre ellos expedientes, registros telefónicos y de mensajería, testimonios, archivos del Ejército y otras corporaciones, video grabaciones, entras otras— es posible acreditar plenamente "la colusión de autoridades de distintos órdenes de gobierno, como los policías municipales de Iguala, Cocula, HuiztucoTetecuacuilco, con Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”.

Incluso, se comprobó que el soldado Julio César López Patolzin, que también fue desaparecido, estaba infiltrado en la escuela de Ayotzinapa por orden de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)  y pese a ello, los mandos militares de la región “no realizaron acciones para su protección y búsqueda”, lo que pudo impedir no sólo su desaparición, sino la del resto de los jóvenes.

Patolzin estaba infiltrado en la escuela con la misión de realizar informes sobre lo que acontecía en las asambleas y sobre la reaización de acciones, por lo que se sabía perfectamente acerca de los actos preparatorios de la marcha del 2 de octubre de la que participarían los estudiantes.

El soldado infiltrado estaba bajo el mando del teniente Marcos Macías Barbosa y su último informe fue a las diez de la mañana de ese día (26 de septiembre), y cuando desapareció junto a los estudiantes sus mandos no realizaron ninguna acción de búsqueda, que de haberse realizado no sólo hubiera garantizado la vida del soldado sino la de todos los estudiantes, subrayó Encinas en su informe.

Expresó también que la investigación no ha concluido, y que paralelamente la Unidad Especial de Investigación y Litigación de la fiscalía general realiza las indagatorias correspondientes, por lo que ya hay órdenes de aprehensión contra 33 exservidores públicos de los que se presume algún grado de responsabilidad en los hechos.

El subsecretario se reservó los nombres de las personas requeridas por la justicia, aunque aclaró que entre ellos por el momento no se encuentra el expresidente Enrique Peña Nieto. Uno de los que tendrá que hacerse responsable, afirmó, es el teniente Macías Barbosa.

Con respecto a la "Verdad Histórica", el informe que dio el gobierno de Peña Nieto sobre los hechos, Encinas afirmó que "la creación de la Verdad Histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder, desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.

Encinas indicó también que el gobierno federal y la fiscalía se contactaron con los abogados de Tomás Zerón de Lucio –quien en aquel año era el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República y el cerebro de la Verdad Histórica—, hoy prófugo de la justicia en Israel, para ofrecerle un trato de colaboración voluntaria con los beneficios que la ley prevé para estos casos.

En el informe también se confirmó que, tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, “en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición”, lo que echa abajo la hipótesis de que habrían sido incinerados todos en el basurero de Cocula.

Según Encinas, esa noche, el autobús con los estudiantes pasó por 16 puestos federales de control sin problemas, pese a que se habían interceptado comunicaciones sobre el hechos de que en autobús "iba la mercancía", por lo que se supone que -sin conocimiento de los estudiantes- en el autobús había un cargamento de drogas o dinero que fue el motivo por el que fue finalmente detenido por las fuerzas federales y entregados a miembros del cartel Guerreros Unidos quienes los asesinaron e hicieron desaparecer.

Entre las pruebas obtenidas, se tienen los testimonios de 115 personas vinculadas con el caso, tres de ellos perpetradores liberados, cuatro sujetos puestos en libertad por haber sido víctimas tortura, 15 aún presos, 23 sobrevivientes, 11 exfuncionarios y 59 testigos.

El presidente de la comisión agregó también que “lamentablemente, en este proceso han fallecido o han sido ejecutadas 26 personas clave para obtener información. De estas personas, 14 eran integrantes de Guerreros Unidos, tres familiares de miembros de esa organización criminal, dos de (otro grupo delictivo) Gente Nueva, siete testigos o involucrados, entre ellos activistas, funcionarios, políticos y gente que venía proporcionando información, como Mario Salgado Covarrubias, que encabezada Guerreros Unidos y había iniciado colaboración con esta Comisión”.

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