Por Maximiliano MontauttiLos nombres de algunos intendentes son mencionados en denuncias que se apilan en despachos judiciales. Una decena de jerarcas y exjerarcas departamentales de todos los partidos enfrentan causas penales luego de ser acusados de haber cometido irregularidades. Mientras las investigaciones avanzan lentamente y los indagados preparan sus defensas, continúan con su actividad política.
El último caso es una denuncia penal del intendente frenteamplista de Salto
Andrés Lima contra su antecesor, el colorado Germán Coutinho.
En el escrito presentado días atrás ante la justicia penal se indica que luego de haber constatado una serie "muy importante de irregularidades" se decidió contratar a la consultora Deloitte para que efectuara una auditoría y analizara el comportamiento de varias áreas. Ellas fueron: proyectos especiales, inversión y desarrollo, fideicomisos, licitaciones, compras directas de materiales y suministros, proyectos de desarrollo social y prensa, comunicaciones y contaduría.
La denuncia —elaborada por el asesor jurídico de la comuna, Federico Álvarez Petraglia—expresa que al recibir el informe de Deloitte "mayúscula fue la sorpresa, pues constataba una multiplicidad de irregularidades, producto de las cuales hoy le resulta imposible a la Intendencia de Salto determinar el destino final de una cifra varias veces millonaria en pesos, la que supuestamente tendría que traducirse en obras cuya existencia no ha podido ser constatada".
Por ese motivo, indica que los integrantes de la anterior administración, principalmente sus máximos jerarcas, el actual senador colorado Coutinho y la diputada del mismo partido Cecilia Eguiluz, deberán dar explicaciones. Se añadió que existía un "modus operandi de la anterior administración departamental, que sistemáticamente recurría a mecanismos reñidos con la legalidad vigente, lo que terminó generando un millonario perjuicio para las áreas públicas".
Y fue más allá al plantear que un "conjunto de funcionarios públicos previo acuerdo y distribuyéndose distintas funciones, montaron una organización que pudo consumar el perjuicio que se denuncia, el cual oportunamente se deberá evaluar, pero que en ningún caso es menor a los 1.000 millones pesos", equivalente a algo más de US$ 35 millones.
Política, obras y ganado
La intendenta de Lavalleja,
Adriana Peña también enfrenta una denuncia penal que fue presentada en diciembre pasado. El edil frenteamplista Mauro Álvarez, basó el escrito en observaciones que el Tribunal de Cuentas (TCR) le realizó a la gestión departamental.
El informe mencionó ilegalidades, inconstitucionalidades, incumplimiento a normas establecidas en el Tocaf y algunas otras acciones que tendrían apariencia delictiva. El edil sostuvo que la intendenta ordena gastos sin autorización. Además, dijo que la comuna realizó licitaciones fraccionadas desconociendo procedimientos establecidos para esas operaciones.
Días después Peña retrucó, dijo que la denuncia tenía intencionalidad política y negó haber cometido cualquier tipo de ilícito. "Estas manos están limpitas", afirmó la jerarca a Radio Uruguay.
A principios de este mes, un empresario de Soriano denunció penalmente al intendente Agustín Bascou, pero en este caso por negocios particulares. Según informó La República la denuncia también incluye a la esposa del jerarca comunal nacionalista. El empresario se dedica a los negocios rurales y afirma que le vendió a Bascou 119 terneros por US$ 50 mil. Llegado la fecha estipulada para pagar el ganado el intendente libró dos cheques firmados por su esposa. Pero los documentos fueron rechazados por falta de fondos. Luego de trascendida la noticia, el jerarca dijo desconocer la demanda penal.
En septiembre del año pasado, el intendente de Río Negro, Óscar Terzaghi (FA), presentó ante la justicia penal el resultado de una auditoría donde se mostraban una serie de irregularidades por un monto de US$ 6 millones durante la gestión del anterior jerarca, el nacionalista Omar Lafluf. El estudio se efectuó entre enero y abril del año pasado y dos meses después se hizo público. A principios de este mes, se efectuó la primera audiencia y allí se presentaron Lafluf y Jorge Gallo, quien ocupó el cargo de intendente hasta el final del período luego que Lafluf se alejara del cargo para hacer campaña política.
Durante 2016 las auditorías y denuncias también llegaron a Paysandú. El intendente frenteamplista Guillermo Caraballo apuntó a su antecesor, el blanco Bertil Bentos. Luego de un estudio externo, la intendencia sanducera presentó una denuncia penal planteando que la anterior administración pagó obras que nunca se realizaron.
Otro intendente citado por la Justicia, y que deberá declarar esta semana es el de Rocha Aníbal Pereyra (MPP, Frente Amplio). Fue denunciado por el delito de desacato por un grupo de vecinos de La Pedrera que sostiene que incumplió el acuerdo –homologado ante la Justicia– que firmaron por el cual la comuna se comprometía a clausurar cualquier local que incumpliera la normativa y emitiera ruido por encima de los decibeles permitidos. La Fiscalía convocó a todas las partes y pidió citar como indagado al intendente Pereyra para este viernes 3 de marzo.
Además, hay denuncias más viejas que continúan pendientes, otras que fueron archivadas (ver nota aparte), e incluso hubo casos de intendentes procesados y absueltos posteriormente.
Ese fue el caso del socialista Gerardo Amaral, exintendente de Treinta y Tres entre 2005 y 2015 debió afrontar un procesamiento sin prisión por el delito de conjunción del interés personal y público. Luego, un Tribunal de Apelaciones lo revocó.
En julio de 2016, un tribunal de apelaciones revocó el procesamiento del intendente Lima, quien había sido procesado en mayo por difamación. La edila Dayana Añasco lo había denunciado luego de que Lima la implicara públicamente, junto a otros dos ediles, en una maniobra de adulteración de tres boletas por cenas y almuerzos en Rivera, a donde habían viajado a participar a una actividad oficial. El tribunal concluyó que no hubo intención de dañar el honor de la edila.
Otras denuncias
MALDONADO - Antía: cuatro denuncias
El nacionalista Enrique Antía, intendente de Maldonado, investigó las dos gestiones de su antecesor, Óscar de los Santos (Frente Amplio), que gobernó entre 2005 y 2015. Para ello contrató a la empresa Phoenix Consultores y en base a los resultados presentó cuatro denuncias ante la Justicia penal. Al momento de presentarse ante los juzgados, los denunciantes estimaron que, como mínimo, se trataba de abusos de funciones, pero consideraron que también podría haber fraude, según informó Búsqueda. Las irregularidades encontradas fueron desviación de fondos en la construcción de obras públicas, pagos no autorizados a funcionarios, contrataciones millonarias por afinidad política, falta de controles y terrenos cedidos a sindicatos. Además, la auditoría efectuada por Phoenix mostró que la anterior administración comandada por De Los Santos había tenido un déficit de aproximadamente US$ 93 millones.
CERRO LARGO - Botana: compra de maquinaria
El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana enfrenta tres denuncias en el juzgado. El abogado penalista Gustavo Salle Lorier, principal promotor de acusaciones judiciales contra políticos de diferentes partidos, presentó una denuncia por presuntas irregularidades en la compra de maquinaria para la intendencia en Estados Unidos. Las dos restantes acciones en su contra las impulsó su suplente durante el período pasado, Pedro Saravia. Allí, la disputa es entre dirigentes blancos ya que Saravia responde a Luis Lacalle Pou. Ante esa situación interna, Botana propuso sancionar a correligionarios que presenten denuncias infundadas, que tengan fines electorales. El intendente fue acusado por supuestos desvíos de fondos que estaban destinados para la construcción de viviendas en el departamento.
SALTO - Lima: demandas cruzadas
Mientras el intendente de Salto, Andrés Lima, anunciaba en setiembre pasado la denuncia que ahora concretó contra su antecesor, Germán Coutinho, la entonces secretaria general de la Intendencia de Salto, y hoy diputada Cecilia Eguiluz, denunció penalmente a Lima. Eguiluz mencionó irregularidades en seis operaciones en las que la administración Lima habría fraccionado y dirreccionado obras y compras por mas de $ 80 millones. Según afirmó la diputada cuando presentó la denuncia, en los seis casos se otorgó en forma presuntamente irregular por mas de un millón de dólares por encima de los precios que fueron presentados por las empresas que descartó la intendencia. A juicio de la denunciante, se fraccionaba el gasto para evadir el control del Tribunal de Cuentas.
FLORIDA - Rodríguez: negligencia sin dolo
El diputado del MPP Carlos Rodríguez presentó en 2014 una denuncia penal por irregularidades en el empadronamiento de vehículos en Florida. No lo hizo directamente contra el intendente Carlos Enciso (Partido Nacional), sino que, según aclaró, presentó la documentación ante la Justicia para que se investigara. El legislador señaló que pidió información, pero que Enciso se la negó. Además, indicó que llamaba la atención que eran siempre vehículos de las mismas automotoras y los trámites los realizaban tres o cuatro gestores. El sumario que hizo la Intendencia determinó que "hubo negligencia e imprudencia, pero no dolo" y sanciones para cuatro municipales, entre ellos el director de Tránsito, que fue cesado.
FLORES - Castaindebagt: siete denuncias
El nacionalista Armando Castaindebagt fue el intendente de Flores entre 2005 y 2015. Fue denunciado junto a otros exjerarcas de la comuna el año pasado por fraude y declaró en la Justicia. Las denuncias apuntan a supuestos ilícitos en adjudicación de licitaciones y en exoneraciones y bonificaciones. Sin embargo, Castaindebagt sostiene que todo tiene un trasfondo político dentro de su partido. "Esta es la séptima denuncia que me hace Carlos Mazzulo", dijo a la prensa Castaingdebat el año pasado refiriéndose a una de las demandas que le efectuó su antecesor en la intendencia, también dirigente del Partido Nacional. "Lo que sucede en Flores es imposible entenderlo sin el contexto político de Flores", añadió en su momento. Actualmente, el exintendente es diputado y suplente de Luis Lacalle Pou en el Senado. Afirmó que está dispuesto a renunciar a sus fueros para ser juzgado y esclarecer la situación penal.
