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Diputados intercederán ante el MEF por recursos que eviten el cierre de juzgados de Paz
En 2019 el juzgado de Paz procesó 74 asuntos y emitió nueve sentencias. El de Tarariras tuvo a su cargo 98 casos y llegó a tres resoluciones. En el de Piriápolis, hubo 20 sentencias ese año en un total de 355 casos.
La valoración de que en determinados lugares del país la actividad de ese tipo de sedes viene menguando, con cada vez menos fallos año tras año, fue la base de la decisión de la Suprema Corte de Justicia, luego puesta en suspenso, de eliminar 20 jugados de Paz en todo el país.
Actividad que se prevé tenga una reducción más pronunciada a partir del año que viene, ya que la Rendición de Cuentas incluyó en un artículo el pasaje al Ministerio de Educación y Cultura del Registro Civil en el interior, que hasta el momento venían llevando a cabo los juzgados de Paz. A los efectos, unos 50 funcionarios del Poder Judicial pasarán a desempeñarse en el ministerio.
La reciente decisión de suprimir los 20 juzgados había generado un contundente rechazo a nivel técnico y político, y abrió una instancia de negociación que tuvo su primer capítulo este lunes.
Diputados de todos los partidos de la coalición de gobierno se acercaron a la sede central de la corporación para comenzar a discutir con los ministros una serie de alternativas de fondo que eviten, al menos en parte, los cierres de los juzgados.
El diputado colorado Conrado Rodríguez (Batllistas) dijo a El Observador que el planteo de la Corte es obtener en el mensaje presupuestal $ 14 millones anuales para mantener abiertas esas sedes. Los diputados se comprometieron a trasladar la inquietud al Ministerio de Economía y Finanzas y a sus colegas en el Senado, donde la Rendición de Cuentas comenzará a ser analizada este miércoles.
Las 20 sedes comprendidas están ubicados en los departamentos de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rivera, Rocha, San José, Soriano y Treinta y Tres
Esas sedes, además de los jueces correspondientes, involucran a 38 funcionarios, actuarios y alguaciles.
