Dos ex policías fueron procesados por secuestro de Uruguaya en dictadura

La medida, adoptada por el juez federal Daniel Rafecas, recayó sobre el ex comisario inspector Rolando Nerone y el ex subcomisario de la Policía Federal Argentina Oscar Gutiérrez, ambos imputados por el "delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas", informó el Centro de Información Judicial.
Asimismo, el magistrado dispuso trabar embargo sobre los bienes de los acusados hasta cubrir la suma de 195.000 dólares cada uno.

Durante la última dictadura argentina (1976-1983), "Automotores Orletti" funcionó como una cárcel clandestina para víctimas del Plan Cóndor, como se denominó a la represión coordinada por las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay en la década de 1970.

En su fallo, Rafecas dijo que pudo acreditar la intervención de los dos ex policías en un operativo llevado a cabo el 26 de septiembre de 1976 en la localidad bonaerense de San Martín, que culminó con la detención de la uruguaya Victoria Grisonas, quien fue trasladada a "Automotores Orletti" y se encuentra desaparecida.

Grisonas era esposa del uruguayo Roger Julien, dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), quien murió en el violento operativo. La mujer y sus dos hijos, Anatole, de 3 años, y Victoria, de 1 año, fueron secuestrados y llevados a Orletti.

Según el testimonio del niño, su madre habría recibido un disparo no mortal al momento de intentar escapar con sus hijos.

Los dos niños fueron hallados en una plaza de la ciudad chilena de Valparaíso a finales de 1977 y dados en adopción a una familia chilena que desconocía lo ocurrido con sus padres biológicos.

En 1979 el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en el Cono Sur, dependiente del Arzobispado de San Pablo, Brasil, los localizó en Chile, lo que permitió restituirles la identidad.

En Uruguay los hermanos, representados por el abogado Pablo Chargoñia, presentaron una denuncia en abril de 2008 y llevan adelante una causa por la que el juez penal Alejandro Guido indaga, entre otros, al ex dictador Gregorio Álvarez, al ex canciller Juan Carlos Blanco

El escrito judicial da cuenta de que presumiblemente el matrimonio Julien-Grisonas fue trasladado en forma clandestina a Uruguay en el segundo vuelo. Este vuelo transportó a una veintena de militantes del Partido por la Victoria del Pueblo desde Argentina para fusilarlos, como admitió el ex secretario de Presidencia, Gonzalo Fernández.

La denuncia penal procura determinar las responsabilidades de militares y civiles de quienes integraban la OCOA (Órgano Coordinador de Operaciones Antisubersivas)