Tras modificar su gabinete en un intento por retomar las riendas de un gobierno salpicado por escándalos de corrupción, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, enfrenta la presión de los estudiantes que este jueves marcharon en reclamo de una mayor injerencia en la reforma educativa, en protestas que dejaron dos estudiantes muertos.
Los estudiantes, de 18 y 24 años, murieron tras recibir disparos por parte de otro joven de 22 años que vivía en una casa en la que un grupo de manifestantes intentaba rayar y colgar panfletos cuando finalizaba la manifestación en Valparaíso. El autor de los disparos fue detenido, confirmó la policía.
“Condenamos todo tipo de violencia y lamentamos el deceso de estos dos jóvenes”, dijo el ministro del Interior, Jorge Burgos, en una declaración en el palacio de gobierno, y calificó al incidente como un “hecho delictual”.
Miles y miles de estudiantes se congregaron en Valparaíso, Santiago y otras ciudades del país para exigir a Bachelet una mayor participación en la reforma educativa. "No nos están considerando para hacer la reforma, queremos ser escuchados. Estamos muy desilusionados, siempre es igual y las reformas se trancan antes de lograr algo bueno de verdad”, dijo a la AFP María José, una estudiante de 17 años que marchaba junto a su novio por la céntrica avenida Alameda, en Santiago.
Los estudiantes buscan apurar el tranco de la ambiciosa reforma educativa, cuya promesa le valió la reelección a Bachelet.
Los profesores reclaman, por su parte, mayores beneficios en la ley docente que Bachelet acaba de enviar al Congreso y que establece un aumento salarial de 28% para los docentes nuevos que se acojan a este régimen, que incluye evaluaciones constantes al desempeño, cuestión que el gremio de maestros rechaza.
En enero, fue aprobada la primera parte de la reforma educativa, poniendo fin a la selección de estudiantes y la obtención de ganancias en las escuelas con aportes del Estado.
Sin embargo, no está claro cómo Bachelet responderá a su promesa de establecer la gratuidad en la educación universitaria para el 70 % más pobre de la población a partir de 2016.
La nueva normativa debería estar aprobada en los próximos meses, para su aplicación a partir de marzo de 2016.