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Droga incautada en Europa motiva cambios en controles a jet privados y contenedores
La salida de un jet privado con 500 kilos de cocaína del aeropuerto internacional de Carrasco, y la incautación en el puerto de Hamburgo de 4.500 kilos que estaba dentro de un contenedor cargado en Uruguay, provocaron un terremoto político que condujo a la renuncia del director de Aduanas, Enrique Canon, y a que se pusiera bajo la lupa los distintos protocolos de control, en búsqueda de aquellos puntos débiles que pudieron haber sido aprovechados por los narcotraficantes.
Hasta el momento, la investigación penal que está más avanzada es la del jet privado, que el pasado 15 de mayo partió del aeropuerto internacional de Carrasco con un cargamento de cocaína valuado en US$ 200 millones. Por este caso, un policía de Fuerza Aérea y un suboficial mayor de Interpol fueron imputados por un delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de exportación, al tiempo que la exmujer del primero fue acusada de receptación.
Más allá de la causa que lleva adelante la fiscalía, el Ministerio de Defensa abrió su propia investigación administrativa de modo de analizar qué cambios pueden hacerse para mejorar la seguridad de la terminal aérea. El titular de esa cartera, José Bayardi, dijo a El Observador que es “imprescindible” adquirir tecnología que permita dejar grabado en video el contenido de las maletas que pasan por el escáner de control del aeropuerto.
Cuando la investigación se inició, la fiscalía sabía que solo un policía de Fuerza Aérea había pasado por el escáner las casi 40 maletas que llevaban los siete pasajeros checos y croatas que volaron en el avión que transportó la cocaína. Los videos de seguridad de la terminal permitían observar cómo el efectivo miraba la pantalla del escáner, pero no podía asegurarse a ciencia cierta que la droga estuviera dentro de ese equipaje, porque no queda guardado ningún registro de lo que se escanea.
Según dijo a El Observador una fuente de Fuerza Aérea, antes de aquel episodio, ya se había adquirido un escáner con la posibilidad de grabar para ser utilizado en el Aeropuerto de Melilla, pero ahora se buscará uno igual para el aeropuerto de Carrasco. Si esta tecnología hubiera existido antes, a la Fiscalía le hubiera llevado minutos saber que aquel efectivo estaba haciendo la vista gorda al dejar pasar cientos de kilos de cocaína a pesar de que el escáner la detectaba.
Asimismo, la investigación interna del Ministerio de Defensa intenta arrojar luz respecto a si la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Aduanas y Migraciones, fueron informados de la llegada y la salida del vuelo privado, tal cual lo establecen los protocolos. Según había explicado el entonces director de Aduana, los funcionarios de ese organismo revisan las maletas de los pasajeros de vuelos privados que llegan al país, al tiempo que el control de la salida es responsabilidad de los policías de Fuerza Aérea. Asimismo, la policía antidrogas es la encargada de revisar la presencia de estupefacientes.
Sin embargo, una fuente del Ministerio del Interior dijo a El Observador que el personal de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas nunca es informado de la llegada de vuelos privados, y por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre con vuelos regulares de aerolíneas, ellos nunca realizaban tareas de control en esas aeronaves de lujo.
Si el informe del Ministerio de Defensa confirma que aquel 15 de mayo no se advirtió a la policía antidrogas, entonces se estará ante una falla en el cumplimiento del protocolo.
Otro punto clave refiere a la cantidad de policías de fuerza aérea que participan en las tareas de control de los vuelos que salen de la terminal. Una fuente de la investigación dijo que mientras que para los vuelos regulares hay hasta cinco policías en el lugar de revisión del equipaje, para aquellos que salen por la sala VIP rumbo a vuelos privados hay solo uno.
Por eso, a los narcotraficantes le bastó pagarle US$ 30 mil a un funcionario de policía aérea para que no hiciera los controles a los que estaba obligado.
El pasado 8 de agosto el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, dijo en conferencia de prensa que a raíz de este caso, los controles de Aduana en el Aeropuerto se harán de forma permanente, y no solo cuando el personal de policía aérea lo solicite, como ocurre hasta ahora.
Asimismo, se obligará a los vuelos comerciales que tienen a Uruguay por destino a que envíen de forma anticipada la información de sus pasajeros, algo que también será exigido para vuelos privados. Con esta información, la policía antidrogas podrá hacer análisis de riesgo de los pasajeros para detectar posibles mulas.
El puerto
Los investigadores alemanes señalaron que el contenedor que llegó al Puerto de Hamburgo con 4.500 kilos de cocaína tenía los precintos que habían sido colocados en Uruguay intactos, lo que sugiere que la droga fue cargada en territorio uruguayo, y no en Santos, como se había pensado inicialmente.
Bayardi dijo que en el marco de esa investigación se le entregó a la fiscalía un informe de los posibles puntos débiles del puerto de Montevideo. El jerarca prefirió no dar detalles sobre cuáles son esos lugares que pudieron haber sido aprovechados por los narcotraficantes.
De todos modos, según contó una fuente de la Administración Nacional de Puertos, el directorio tomó la decisión de hacer un control más estricto del ingreso y egreso de vehículos al recinto portuario. Actualmente hay cientos de autos de particulares que se mueven dentro del puerto de Montevideo, que son propiedad de los operadores, empleados de las distintas empresas que trabajan en esa terminal.
La propuesta en la que trabaja el directorio de la ANP es la de instalar dentro del Puerto de Montevideo micros eléctricos que permitan que todas las personas que trabajan en el lugar puedan llegar a su espacio de trabajo sin necesidad de hacerlo en su auto particular. Además, según había adelantado Ferreri, el gobierno adquirirá un escáner cuyo costo asciende a US$ 3 millones, el cual se pagará con el Fondo de Decomiso de la Junta Nacional de Droga, y que se nutre del dinero requisado a narcotraficantes. Sin embargo, este escáner, que se sumará al que ya existe, podría no funcionar si no hay un cambio en el sistema de análisis de riesgo de las cargas.
Los contenedores que salen del país pueden pasar por canal verde o canal rojo, dependiendo del nivel de riesgo de que contengan bienes ilegales en su interior. Los primeros, que representan el 95% de las cargas según el sindicato aduanero, no tienen ningún tipo de control, mientras que los segundos sí son inspeccionados.
Los 4.500 kilos de cocaína salieron de Uruguay sin controles, puesto que el contenedor que los transportó fue catalogado en el “canal verde”. La empresa detrás de la exportación ya tenía antecedentes vendiendo soja para el exterior, por lo que el sistema de análisis de riesgo no detectó nada extraño como para sugerir que se revise la carga.
Ferreri había anunciado que se invertirían US$ 1,5 millones en la instalación de la base de operaciones de Inteligencia de Prefectura, la cual quedará emplazada en la Dirección Nacional de Aduanas a fin de “mejorar los controles sobre análisis de riesgo”.
