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Dueño de Fripur fue procesado por fraude y permanece prófugo

Dijo que se entrega el lunes; juez lo procesó sin que se presentara

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21 de diciembre de 2019 a las 05:01

El dueño de Fripur, Alberto Fernández, fue procesado con prisión por ofrecer garantías al Banco República (BROU) y al BPS por US$ 10,3 millones sin tener luego la mercancía para ejecutarla. Sin embargo, hasta el momento, el imputado no fue detenido porque cuando la policía lo fue a buscar a la casa, no lo encontraron. Fuentes allegadas al empresario, por su parte, dijeron que el imputado, que tiene dictado el cierre de fronteras, se presentará en el juzgado este lunes a primera hora. 

Según la defensa, cuando se enteraron del procesamiento quisieron presentarse ante el juez pero el juzgado ya estaba cerrado. En horario de verano funciona hasta las 13 horas.

El juez Nelson dos Santos dictó el procesamiento este viernes, cuando estaba prevista una audiencia ratificatoria en la cual el imputado iba a tener que confirmar sus declaraciones en presencia de un abogado. Sin embargo, puesto que volvió a faltar a la cita alegando motivos de salud, el magistrado interpretó que no era obligatoria esa instancia, y lo procesó por los delitos previstos en la ley de prendas en el grado de muy especialmente agravado “por el monto del perjuicio económico” en reiteración real, señaló el juez.

La decisión del juez de procesarlo sin que se presentara a ejercer la defensa motivó que el abogado Alberto Sanes renunciara a la defensa y cuestionara al juez en un escrito que presentó. Asumió en su lugar el abogado Andrés Ojeda.

La norma invocada por el juez para dictar el procesamiento establece en su artículo 9 que “el dador que de cualquier manera ocultare los bienes prendados o los trasladare con el fin de eludir la ejecución de los mismos será castigado con pena de tres meses a cuatro años de penitenciaría”. En este caso, la fiscal del caso, Gabriela Fossati, consideró que los bienes fueron vendidos sin consentimiento de los acreedores y que por eso se configura el delito. Lo mismo entendió el magistrado.

El juez Dos Santos dijo en su sentencia que en “calidad de vicepresidente del directorio de Fripur SA”, Fernández tenía una activa participación “en la gestión de la empresa y consiguientemente tenía bajo su control la totalidad de la mercadería”. El presidente era su hermano Máximo, quien falleció.

Según consignó el juez en su fallo, Fernández declaró “que era vendedor, que solamente firmaba lo que se le indicaba, siendo su hermano, sobrina y su familia quienes tomaban las decisiones empresariales”, anotó Dos Santos. “Si bien admitió su calidad de vicepresidente del Directorio, expresó desconocer sobre las prendas en ejecución así como el destino del dinero obtenido en los préstamos respectivos”, agregó el juez.

En el escrito que el defensor Sanes presentó ante el juez antes de renunciar afirmó que “es imposible que se pudieran cometer los propios delitos que se le imputan, aunque así se quisiera”. 

Añadió que al integrar una sociedad anónima las decisiones las toma el directorio en forma escrita y por actas. Y señaló que no puede imputársele a los integrantes de ese directorio el acto por el hecho de integrarlo.

Sanes dijo que la figura legal prevé que solo el dueño al disponer de la totalidad de la cosa prendada sin pagar la totalidad de la deuda al acreedor o sin su consentimiento puede incurrir en el delito. “Disponer de parte de la cosa prendada, no está incluida en la figura penal”, afirmó. Además, planteó que en este caso al estar en concurso el síndico interventor es agente partícipe del acto, y hay que tenerlo en cuenta para determinar si existió delito.

La investigación judicial empezó en 2016, luego de que el BROU presentara la denuncia penal contra Fernández, así como contra otras dos mujeres que firmaron las garantías y que por el momento no han sido procesadas.

En los documentos adjuntados por la fiscal del caso se señala que el empresario ofreció como garantía una cantidad de pescados valuada US$ 7,3 millones, y una segunda garantía por US$ 3 millones por la misma mercadería. En total, eran 1.383 toneladas de pescado.

Al no cumplir con sus obligaciones, el BROU empezó un juicio de ejecución prendaria e hipotecaria y, cuando las autoridades fueron a buscar la garantía, se encontraron con que la mercadería no estaba. Si bien es un delito excarcelable, Fossati había pedido procesarlo con prisión porque consideró una agravante el monto del perjuicio causado al acreedor.  

El abogado de Fernández señaló en su escrito que “el realizar el acto material de captura de pescado y el de reintegrar en el lugar de depósito designado el pescado capturado (...) lleva un lapso de tiempo muchas veces incierto y es por eso que se hace vital saber en qué momento se produjo la disposición y no tanto en qué momento se constata el faltante. Por lo tanto, señaló que sólo se consumaría el delito cuando el propietario recibe el dinero y el mismo no se vuelca a los actos referidos y el stock disminuye afectando al garantía del acreedor”.

Por otro lado, en junio la Justicia Civil determinó que Alberto Fernández compró una mansión a través de la sociedad Metaxa para evitar que fuera rematada por el BROU. La jueza civil Estela Jubette dispuso que la casa sea ejecutada para pagar parte de la deuda del banco.
Fripur, que cerró en agosto de 2015 y dejó a 900 personas sin trabajo, fue investigada en el Parlamento por la cercanía de su dueño con dirigentes del Frente Amplio.

Fernández dijo en Diputados que aportó US$ 15 mil para la ceremonia de asunción de José Mujica, pagó la confección de su banda presidencial y prestó su avión privado tanto a Mujica como a Tabaré Vázquez.

Sin comparecer

El juez Dos Santos entendió que “no era preceptiva” la presencia del imputado porque Fernández había declarado durante el proceso. Además, el magistrado afirmó que la audiencia se había postergado en “reiteradas oportunidades” por “distintos artilugios” del ahora procesado. En su sentencia, el juez determinó que el imputado “no ha justificado en legal forma la incomparecencia a la audiencia”. Consultado Dos Santos acerca del estado de salud del empresario –quien alegó tener problemas psiquiátricos–, respondió que un informe reciente indica que no presentaba problemas para cumplir con la pena.

 

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