La Junta Departamental remitió a la Intendencia de Montevideo (IMM) una minuta para que se estudie la posibilidad de exonerar tributos a los salones de fiestas y afines de forma temporal. El escrito fue apoyado por todos los partidos del cuerpo, y ahora corresponde al ejecutivo departamental expedirse, puesto que en materia de tributos la comuna es la que debe formular los proyectos de decreto, que luego son evaluados por los ediles.
La petición del legislativo capitalino prevé que los beneficiarios serían aquellas personas vinculadas al sector que desde la declaración de emergencia sanitaria el 13 de marzo no hayan generado deuda con la IMM. El texto sugiere que se exonere de impuestos y de la tasa general -aplicada sobre las zonas en que se presenten servicios de alumbrado y salubridad.
La presidenta de la Junta Departamental, Adriana Barros, explicó a El Observador que la minuta surge luego de instancias de diálogo con representantes de la Asociación de Salones de Fiesta del Uruguay (ASFU). La dirigente de la Vertiente Artiguista estimó que la medida corresponderá al ejecutivo que asumirá a fines de noviembre, encabezado por Carolina Cosse.
Daniel Serrato, empresario del sector y exdirectivo de la ASFU, contó que hubo gestiones por este tema con el prosecretario de la IMM, Juan Canessa, y la intendenta electa Cosse. Serrato valoró la respuesta de la ingeniera electricista como "muy positiva" ante los planteos de la asociación.
Los salones de fiesta y afines deben pagar tasa bromatológica en caso de que manipulen alimentos, el Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas (SIME), contribución inmobiliaria e impuesto de puerta. No obstante, Serrato consideró que "lo más fuerte es cuando tenés que hacer la habilitación del local", donde se exige el visto bueno de Bomberos, la instalación de alarmas contra incendios, entre otros. El trámite debe renovarse cada cinco años.
El empresario estimó que hay alrededor de 800 salones de fiesta en el país, la mitad de los cuales estaría radicada en Montevideo. El sector de fiestas y eventos está negociando en estos momentos el protocolo para la vuelta a la actividad con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Una de las medidas exigidas consiste en la distancia interpersonal de siete metros en la pista de baile, lo que los organizadores consideran "inviable" e "inaplicable".
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