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/ Economía y Empresas / ECONOMÍA E IDE0LOGÍA

El ajuste y sus detractores

La economía se enfría y surge oposición al planteo astorista del acomodo gradual

13 de julio de 2015 5:00 hs

Por  Federico Comesaña

Pablo Ferreri, Danilo Astori y Mario Bergara
Pablo Ferreri, Danilo Astori y Mario Bergara Nicolás Garrido

La campaña electoral del año pasado postergó un necesario sinceramiento por parte del gobierno sobre la situación económica y sus perspectivas. Finalmente ese sinceramiento llegó en la forma de pautas para el nuevo Presupuesto más ajustadas y lineamientos para la próxima ronda de Consejos de Salarios más restrictivos. La cautela que prima hoy en las decisiones de empresarios y consumidores empieza a percibirse también en las acciones del gobierno, en particular las del equipo económico, que plantea un acomodo gradual a la nueva situación.

Pero no todos están de acuerdo con esa visión. El Ministerio de Economía enfrenta una dura resistencia por parte de los sectores ideológicamente a la izquierda del astorismo, a quienes les rechina hablar de recortes de la inversión y el enfriamiento del poder de compra en momentos en los cuales la incertidumbre crece y la bonanza se evapora.

Algunos sectores del Frente Amplio y del PIT-CNT hablan de la necesidad de una "política keynesiana" –en esos términos se refirió el secretario ejecutivo de la gremial sindical, Marcelo Abdala, en el programa En la mira de VTV–, de un giro a la izquierda que conjugue un rol más protagónico del Estado como impulsor directo del crecimiento económico con un mayor proteccionismo en la política exterior, que aísle el país de la competencia y fomente el desarrollo industrial a través del mercado interno.

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Atrás parecían haber quedado los tiempos del equipo económico paralelo en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) que, desde un perfil ideológico más alineado al del expresidente José Mujica, oficiaba de contrapunto al neoinstitucionalismo astorista, embanderado con la apertura comercial y la gestión prolija a nivel macroeconómico, que genere confianza y atraiga inversores extranjeros con el fin de potenciar el crecimiento de la actividad y la generación de puestos de trabajo.

Hoy, por fuera de la Torre Ejecutiva, la visión distribucionista de la izquierda más radical e ideologizada sigue ejerciendo presión sobre las políticas de centro-izquierda. El MPP lleva la posta dentro del Frente Amplio, al tiempo que desde afuera de la fuerza política en el gobierno –aunque no del todo– los sindicatos se unen a la consigna desarrollista y reclaman que el Estado reemplace al mercado en momentos en los cuales el sector privado pierde fuerza.

El manejo que hizo el Frente Amplio de la economía y las finanzas públicas tras el estallido de la crisis internacional, en setiembre de 2008, es visto como una referencia dentro del oficialismo desarrollista. Con el actual director de la OPP, Álvaro García, encabezando el equipo económico, el Estado se convirtió en el agente más dinámico de la economía. Mientras que el consumo privado crecía a una tasa de 2,3% en 2009, el gasto público –sin contar inversión– se expandía al 5,2% en términos reales. Mayor era el contraste en materia de inversión, con una caída de 9,8% en el sector privado y un crecimiento de 7,8% en el Estado. Las autoridades seguían así el postulado keynesiano de gastar en tiempos de vacas flacas y evitar que el apagón en el sector privado arrastre a la economía en su conjunto a un deterioro de la actividad.

El último gran momento de incertidumbre que atravesó la economía uruguaya se superpuso de la mejor manera posible, casi como un milagro, al ciclo político. Todos los gobiernos desde la restauración democrática impulsaron el gasto y la inversión en el último año de su gestión, con el objetivo de llenar el ojo –y el bolsillo– del votante con obras y despliegues no vistos en el resto de la administración. El déficit fiscal se dispara en el último año de gobierno en cada gestión y el primer gobierno de Tabaré Vázquez no estuvo exento de esos excesos.

El año crítico para la economía global coincidió con el año en el cual el gobierno más estaba dispuesto a invertir y gastar por motivos proselitistas. Y sobre todo, había recursos para hacerlo. El déficit fiscal equivalía a apenas 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB) al final de 2007 y en los 12 meses finalizados en marzo de 2008 se había generado un superávit de 1% del PIB. En cierta medida, se cumplía el complemento fundamental del postulado keynesiano, menos pregonado por la izquierda y los sindicatos: ahorrar en momentos de bonanza.

Hoy en día el panorama es el opuesto. Por un lado, el ciclo político le jugó una mala pasada al ciclo económico. El incremento de la inversión pública a través de los entes el año pasado, que dejó como saldo un déficit fiscal equivalente a 3,5% a diciembre, no solo obedeció a lo que el ministro Astori dio en llamar "descoordinación" entre las empresas públicas y el Gobierno Central. El comportamiento del gasto público en el último año de la administración Mujica calza a la perfección en la lógica electoralista de los gobiernos que le precedieron. Había que ganar una elección y eso estaba por encima de todo.

En segundo lugar –y en cierta medida, a raíz de esos excesos–, el escenario de incertidumbre y enfriamiento que hay por delante encuentra al gobierno con una situación fiscal deteriorada. El déficit de las cuentas públicas se hallaba en los 12 meses finalizados en mayo en el equivalente a 3,3% del PIB y los lineamientos para el próximo Presupuesto proyectan llevarlo a 2,5% del PIB al final de la gestión.

No es un tema menor. Ante una restricción fiscal de estas características, si el gobierno se dispusiera a empujar la economía mediante inversión y gasto corriente, debería encontrar un mecanismo para financiar ese esfuerzo. Las alternativas son varias, pero hay tres medianamente viables: el uso de las reservas construidas en la última década, el aumento de los impuestos y la contratación de más deuda.

Utilizar las reservas puede sonar muy tentador, pero es engorroso y peligroso. Lo primero, porque el grueso de los US$ 18.000 millones no pertenece al gobierno. Hay US$ 7.500 millones propiedad de los ahorristas bancarios en moneda extranjera, depositados en el Banco Central (BCU) a modo de encaje. Del resto, más de US$ 7.800 millones pertenecen a la autoridad monetaria y hoy en día no existe un mecanismo institucional por el cual pueda transferirse ese monto al Gobierno Central o a los entes para que realicen inversiones y movilicen la actividad económica.

Por otra parte, es también peligroso. Esas reservas no se construyeron con recursos genuinos sino con deuda emitida por el BCU para evitar una sobreapreciación de la moneda. Las autoridades compraron dólares cuando las presiones del tipo de cambio eran a la baja, y luego adquirieron nuevamente esos pesos volcados al mercado a través de la emisión de letras de regulación monetaria. Eso elevó fuertemente la deuda de la autoridad monetaria y dejó, como contrapartida, una montaña de reservas para cuando fuera necesario deshacer el mecanismo. Utilizar esos activos de reserva implica perpetuar una deuda que hoy no molesta, pero que podría llegar a ser un calvario en el nuevo escenario internacional de tasas más altas y prestamistas más reacios a asumir riesgos.

Si el aumento de impuestos está vedado por la promesa electoral de mantener sin cambios la carga impositiva, lo único que quedaría es aumentar los niveles de financiamiento para cubrir el abultado déficit. Ese mecanismo tampoco resulta sencillo, porque el acceso a los mercados se ha vuelto más intrincado y selectivo en los últimos meses. A mayor deuda, las condiciones crediticias del país se debilitan y aumenta su perfil de riesgo. Las principales calificadoras han advertido en sus últimos reportes que el mantenimiento de la nota uruguaya –del tan codiciado grado inversor– está condicionado a la acción del gobierno en materia fiscal. Si Uruguay perdiera el grado inversor, el costo de endeudarse se elevaría significativamente y eso sería difícil de conciliar con la perspectiva de una inminente suba de tasas en Estados Unidos. Si el costo del financiamiento aumenta y los capitales se vuelven escasos y prohibitivos, el mercado en los hechos le estaría poniendo un tope al déficit fiscal y los recortes se darían de forma obligada y abrupta.

La prudencia fiscal en momentos de incertidumbre es la droga diagnosticada por el grueso de los analistas privados y organismos internacionales en un escenario como el de la economía uruguaya, fuertemente restringida desde la perspectiva fiscal, pero medidas como el recorte de la inversión y el enfriamiento del salario real traen a la izquierda el recuerdo de dos décadas atrás, cuando el discurso hoy acotado a los sectores más radicales y distribucionistas era asumido al unísono por el Frente Amplio.

Es así que el equipo económico hoy no solo debe luchar contra las presiones de los sindicatos y el inmediatismo mujiquista, sino además contra la propia historia de su fuerza política, que supo pedir un viraje a la izquierda cuando las perspectivas económicas y las condiciones financieras condenaban el país a la mediocridad de un ajuste fiscal del que hoy no se habla, pero empieza a sentirse.

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